Los italianos se pronunciaron este domingo en referéndum y lo harán también hoy lunes, para decidir si facilitan la obtención de la nacionalidad y refuerzan los derechos laborales, dos medidas a las que se opone el gobierno de Giorgia Meloni.
Un residente no europeo que no tenga ningún vínculo de matrimonio ni de sangre con Italia debe vivir diez años en el país para poder pedir la nacionalidad.
Con esta votación, impulsada por varios partidos y oenegés, se quiere reducir ese plazo a cinco años, el mismo que rige en otros países como Alemania y Francia.
Los partidarios del sí afirman que hasta 2,5 millones de personas se podrían beneficiar de la reforma, apoyada por la principal fuerza de la oposición, el Partido Demócrata (PD, centroizquierda).
Pero Meloni, líder del partido Hermanos de Italia (extrema derecha) dijo que está “absolutamente en contra” y las formaciones de su coalición pidieron a los ciudadanos que no acudan a las urnas, pues para que el resultado sea válido hace falta que más del 50% de los electores participen.
A mediados de día, la participación apenas alcanzaba el 7,41%, según el Ministerio del Interior.
Meloni consideró que la actual ley es “excelente” y que Italia es ya “una de las naciones europeas con mayor número de naturalizaciones”.
Según Eurostat, Italia otorgó la nacionalidad a 213.500 personas en 2023, lo que la sitúa en el quinto puesto en la UE.
En marzo, el gobierno ya restringió las condiciones de naturalización por derecho de sangre, al limitarla a dos generaciones, algo que afectó a los descendientes de emigrantes en América Latina, y en particular a miles en Argentina.
A partir de ahora, se requiere tener al menos uno de los progenitores o de los abuelos nacido en Italia para solicitar la nacionalidad, cuando antes era suficiente un tatarabuelo.
Este referendo no atañe a la ley migratoria que estipula que los niños nacidos en Italia de padres extranjeros deben esperar hasta cumplir los 18 años para pedir la nacionalidad.
Giovanni Puccini, de 18 años, votó ayer por primera vez. “Hay que votar porque mucha gente ha luchado e incluso ha muerto por este derecho”, declaró en un colegio electoral de Roma. Su amigo, Pierre Donadio, de 21 años, afirmó estar convencido de que hay que flexibilizar las leyes de naturalización para “evitar que el país se encierre demasiado en sí mismo”.
El rapero Ghali, nacido en Milán de padres tunecinos y muy popular en el país, instó a sus seguidores a votar. “Algunas personas nacieron aquí, viven aquí desde hace años, (...) se sienten italianos en todos los sentidos, pero no son reconocidos como ciudadanos”, se quejó en Instagram.
Leyes laborales
También se vota para abolir cuatro leyes de liberalización del mercado de trabajo, una iniciativa impulsada por el principal sindicato del país, CGIL.
Esa organización sindical busca restablecer varias medidas de protección contra contratos precarios, despidos y accidentes de trabajo que fueron eliminadas.
“Queremos revertir una cultura que ha hecho prevalecer los intereses de las empresas sobre los intereses de los trabajadores”, explicó Maurizio Landini, secretario general del sindicato CGIL.
El Partido Demócrata apoya el cambio, aunque mientras estuvo en el poder adoptó algunas de las medidas que se suprimirían, si la iniciativa saliera adelante. El PD busca recuperar parte del voto obrero. Los sondeos lo sitúan actualmente en un 23% en intención de voto, muy por detrás de Meloni (30%).
Lo ya aprobado
Tras la aprobación a fines del pasado marzo de un decreto-ley en el Consejo de Ministros, solo las personas que tengan al menos un padre, madre, abuelo o abuela nacido en Italia -y que nacieron y viven en el extranjero- podrán optar a la nacionalidad italiana. Anteriormente, no existía ese límite generacional: cada interesado en obtener la nacionalidad solo debía demostrar un vínculo con alguien nacido en Italia después de 1861 (cuando el reino de Italia fue creado).
La medida afecta principalmente a argentinos, uruguayos, brasileños y venezolanos, cuyos países recibieron decenas de miles de inmigrantes italianos entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX. La decisión, según el gobierno italiano, tiene como objetivo establecer límites más precisos y “evitar abusos” como los negocios en torno a la obtención del pasaporte.
“La ciudadanía debe ser algo serio”, señaló Antonio Tajani, ministro de Relaciones Exteriores de Italia.
Actualmente, Italia tiene más de 60.000 casos pendientes de reconocimiento de la ciudadanía.
Reunión con el consejo europeo
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, recibió la semana pasada en Roma al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, con quién abordó los conflictos de Ucrania y Oriente Medio, además de asuntos de peso en Europa como defensa o migración y las próximas cumbres del G7, la OTAN y el Consejo Europeo.
La reunión entre Meloni y Costa “se centró en la preparación de las cumbres internacionales previstas para las próximas semanas y, en particular, el Consejo Europeo de junio”, aseguró la oficina de la mandataria italiana.
También abordaron “los principales temas de la agenda internacional, partiendo de Ucrania y Oriente Medio”, añadió en un comunicado.
Sobre Europa, se centraron en temas como “la seguridad y defensa, la competitividad, las relaciones transatlánticas y la migración”. Por su parte, Costa aseguró en su cuenta de X que habló con Meloni “de la preparación del Consejo Europeo de junio, así como de las cumbres del G7 y la OTAN”. También apeló a “garantizar un gasto más eficiente y un enfoque colectivo en materia de seguridad”, todo ello “para reforzar la preparación común de Europa para la defensa”.
Agencia EFE, AFP