AFP, EFE
El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, de 79 años, fue arrestado ayer martes y enviado en avión a La Haya por una orden de la Corte Penal Internacional (CPI), que le acusa de crímenes contra la humanidad por su mortífera guerra contra el narcotráfico.
Se estima que esa campaña durante su mandato (2016-2022) se cobró la vida de decenas de miles de personas, en su mayoría hombres pobres, a menudo sin pruebas de su vínculo con el narcotráfico. La CPI abrió una investigación sobre esta campaña que inició en 2016. Duterte se enfrenta a un cargo por “crimen contra la humanidad por asesinato”.
La CPI consideró que hay “motivos razonables” para creer que Duterte lideró un escuadrón de la muerte y utilizó su poder presidencial para llevar a cabo asesinatos extrajudiciales en nombre de su guerra contra las drogas.
“¿Cuál es el crimen?”
El expresidente exigió conocer el fundamento de su arresto, en un video publicado en la cuenta de Instagram de su hija menor, Verónica. “¿Cuál es la ley y cuál el crimen que cometí? Muéstrenme el fundamento legal por el cual estoy aquí”, declaró en el video. “Me trajeron aquí no por mi voluntad, sino por la de otro (...) Tienen que responder por la privación de libertad”, agregó.
No se reveló el lugar donde se grabó el video, aunque su partido divulgó una foto que indica que estaba detenido en la Base Aérea Villamor, contigua al aeropuerto de Manila.
Por su parte la vicepresidenta filipina e hija del expresidente, Sara Duterte, confirmó que el plan era trasladarlo rápidamente: “Mientras escribo esto, está siendo llevado a la fuerza a La Haya esta noche. Esto no es justicia, esto es opresión y persecución”, dijo en un comunicado.
Duterte fue detenido en el aeropuerto de la capital tras un breve viaje a Hong Kong.
Hablando el domingo a miles de trabajadores filipinos en Hong Kong, el expresidente condenó el proceso en su contra y calificó a los investigadores de la CPI como “hijos de puta”, aunque dijo que “aceptaría” la detención.
Filipinas abandonó la CPI en 2019 por orden de Duterte, pero el tribunal mantuvo la jurisdicción sobre el caso de las matanzas, así como otro caso de asesinatos en la ciudad de Davao cuando Duterte era el alcalde, tres años antes de ser presidente.
La CPI inició una investigación por las ejecuciones extrajudiciales y en 2021 vinculó a las autoridades y fuerzas de seguridad con los crímenes cometidos.
Duterte recibió un velado apoyo de China, que, a través de un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, exhortó a la CPI a “ejercer su poder con prudencia en conformidad la ley y a evitar la politización y el doble rasero”.
Duterte tiene gran popularidad entre muchos filipinos que apoyaron su forma drástica de combatir el crimen, y sigue teniendo influencia política.
Actualmente aspiraba a volver a ser alcalde de Davao, su bastión, en los comicios de mayo.
Guerra a las drogas
Armado con una imagen de justiciero implacable y malhablado, Duterte llegó al poder en 2016 con la promesa de limpiar de drogas las calles de Filipinas sin importar el coste.
El resultado: 6.000 muertos en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales hasta que finalizó su mandato en 2022, según cifras de la Policía, unas estimaciones que ONG locales elevan a más de 30.000 fallecidos.
Durante su gobierno, Duterte instruyó a los policías disparar a matar a los sospechosos de narcotráfico si sus vidas corrían riesgo, e insistió en que la política de mano dura salvaba a las familias e impedía que Filipinas se convirtiera en un “narcoestado”.
En octubre, durante una investigación del Senado sobre la guerra contra las drogas, Duterte dijo que no daría “disculpas o pretextos” por sus acciones.
Marcos vs. Duterte
El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., señaló que la partida de Duterte a La Haya permitirá “que el expresidente se enfrente a cargos por crímenes contra la humanidad en relación con su sangrienta guerra contra las drogas”.
Marcos Jr. llegó al poder en 2022 tras forjar una exitosa alianza con Sara Duterte, pero el idilio no tardó en transformarse en una pelea pública que desembocó en amenazas de muerte de la vicepresidenta contra el mandatario.
El propio exmandatario ha insultado en numerosas ocasiones al actual presidente, a quien llegó a calificar de “drogadicto”, evidenciando el cisma entre las dos familias.
Sara Duterte, que se enfrenta ahora a un proceso de destitución acusada de utilizar fondos de manera indebida, denunció que el arresto de su padre estuvo motivado políticamente ante la fuerza de sus partidarios de cara a las elecciones a medio mandato del próximo 12 de mayo.
Marcos Jr. negó hoy que la detención se tratase de una persecución política, aduciendo que se limitó a prestar ayuda a Interpol.
Julius Cesar Imperial Trajano, experto de la Escuela Rajaratnam de Estudios Internacionales, consideró que la “familia Duterte cometió un grave error al oponerse a Marcos Jr.” y declaró a EFE que la detención “es claramente producto de los intereses políticos opuestos de las dinastías políticas dominantes”.
Marcos Jr. justifica su “ayuda” en el arresto
El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., dijo que contribuyó a detener al exmandatario Rodrigo Duterte porque “Interpol pidió ayuda”, y no por una “persecución política”.
“Duterte fue detenido siguiendo nuestros compromisos con Interpol”, dijo Marcos Jr. después de que el organismo internacional “pidiese ayuda” y porque “esto es lo que la comunidad internacional espera de nosotros”.
Filipinas no es parte de la CPI desde que Duterte retiró al país en 2019 para evitar ser implicado en una investigación sobre su sangrienta guerra contra las drogas.
Sara Duterte, la vicepresidenta de Filipinas e hija del expresidente, afirmó que su padre fue “trasladado por la fuerza” a La Haya y denunció a los medios de comunicación que el arresto estuvo motivado políticamente ante la fuerza de sus partidarios de cara a las elecciones a medio mandato del próximo 12 de mayo.
Marcos Jr., sin embargo, rechazó haber prestado ayuda a Interpol por motivos electorales. “No sé cómo puede ser una persecución política de mi parte, porque (el caso en la CPI) comenzó incluso antes de que yo entrara en escena” al ganar los comicios de 2022.
A la caza de los crímenes más graves
La detención ayer del expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, en aplicación de una orden de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes contra la humanidad marca un éxito para este tribunal, que ha luchado durante casi 23 años contra la falta de reconocimiento y de poder coercitivo. Apoyada por 125 Estados miembros que ratificaron el Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI, la organización con sede en La Haya, Países Bajos, tiene como misión procesar a los responsables de los crímenes más graves cometidos en el mundo, cuando los países no tienen la voluntad o la capacidad de hacerlo por sí mismos.
Aunque las condenas son raras en la CPI el simple hecho de procesar a los presuntos autores de atrocidades envía el mensaje contra la impunidad.
Desde su creación en 2002 la CPI inició 32 procedimientos por alegaciones de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y atentados contra la administración de la justicia. Aproximadamente 40% de estos procedimientos aún están en curso, principalmente porque los sospechosos siguen en libertad. Pero sin fuerzas de policía propias la CPI tiene pocas posibilidades de detenerlos rápidamente.
De las 60 órdenes de arresto emitidas desde 2002 solo 21 se habían ejecutado antes de la detención de Duterte.
La CPI depende de los Estados para capturar a los sospechosos. Sin embargo los países rara vez están motivados para cooperar, ya que el tribunal “no tiene nada que ofrecer a cambio, salvo ver que se haga justicia”, lamenta Pascal Turlan, exasesor de la CPI.
La lista de personas objeto de una orden de arresto de la CPI incluye al presidente ruso Vladimir Putin, por presuntos crímenes de guerra en Ucrania, al líder rebelde ugandés Joseph Kony y al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, por supuestos crímenes de guerra y contra la humanidad. La orden de arresto emitida contra el líder de la rama armada de Hamás, Mohamed Deif, fue anulada a finales de febrero después de confirmarse su mu
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