SANTIAGO

El juicio político al presidente Sebastián Piñera sacude el tramo final de la campaña para las elecciones del domingo 21 en Chile. La Cámara de Diputados votó en la madrugada de este martes darle trámite al proceso, y lo pasó al Senado, donde el gobierno apuesta que naufrague.

La oposición presentó la moción de juicio político a partir la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sobre los Papeles de Pandora, que reveló que el grupo empresarial de la familia de Piñera vendió un polémico proyecto minero en una operación realizada a través de las Islas Vírgenes Británicas.

La operación se tenía que hacer en tres cuotas, y contenía una polémica cláusula que supeditaba el último pago a “que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera”, según la denuncia.

Piñera ha sostenido haberse desvinculado de sus negocios a través de fideicomisos ciegos en 2009, ante de asumir su primera gobierno, y ha defendido que lo revelado en los Papeles de Pandora ya fue investigado y sobreseído en 2017.

Sin embargo, por 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el juicio político y pasó el asunto al Senado.

La sesión se extendió durante prácticamente 22 horas sin grandes pausas, en parte por la intervención de un diputado opositor que alargó su discurso con el objetivo de que pudiera participar en la votación otros dos diputados. “Estamos viviendo un momento histórico y ha sido posible con la unidad de la oposición”, dijo el diputado socialista Jaime Naranjo, quien realizó un discurso maratónico de 15 horas.

La táctica dilatoria buscaba dar tiempo a que se sumara el diputado Giorgio Jackson, que estaba en cuarentena hasta la medianoche por haber sido contacto estrecho del candidato presidencial de izquierda Gabriel Boric, quien dio positivo a COVID-19.

Naranjo adelantó la estrategia a su llegada al hemiciclo poco antes de las 10 hora del martes: “Voy a tomarme todo el tiempo necesario para leer desde la página 1 hasta la última y que así nadie diga que no conocía los antecedentes”.

Sentado estoicamente en su escaño y arropado por opositores que iban y venían, Naranjo leyó las 1.300 páginas que llevaba preparadas, entre las que había sentencias de tribunales ambientales, fragmentos de leyes, investigaciones jurídicas y artículos de prensa.

Salió solo dos veces al baño, se tomó la presión arterial, se cambió varias veces la mascarilla y se mantuvo todo el día a base de agua, jugo y unas pasas: “Tengo energía y fuerza (...) Es un ayuno por la justicia de este país. En la dictadura militar aprendí a estar largas horas sin comer”, dijo.

Con vítores periódicos de sus colegas y carteles de apoyo en los que se podía leer “¡Aguante diputado Naranjo”, el parlamentario dilató así la votación para permitir que Jackson, del izquierdista Frente Amplio, finalizara su cuarentena y que el democristiano Jorge Sabag recorriese los 500 kilómetros para llegar desde la sureña Chillán al Congreso, en Valparaíso.

El gobierno espera que el juicio político no se apruebe en el Senado, que todavía debe concretar la fecha de la sesión, y donde se necesita un quorum de dos tercios, lo que equivale a 29 senadores; la oposición tiene 24.

“Estamos tristes por lo que hemos visto, un ‘show’ político y mediático muy doloroso para la democracia, más que para el Gobierno. Doloroso para Chile, para su futuro”, señaló Juan José Ossa, ministro secretario general de la Presidencia.

Piñera continuará cumpliendo todas sus funciones, pero sólo podrá salir del país con la aprobación de la Cámara de los Diputados hasta que finalice el proceso.

“Hemos dado un paso importante y ha quedado en evidencia la falta de legitimidad del presidente”, afirmó la diputada comunista Carol Kariola.

Para Jaime Abedrapo, jefe de la escuela de Gobierno de la Universidad de San Sebastián, la eventual destitución del mandatario representaría el “desplome absoluto de la institucionalidad” en Chile. “Vendría a remarcar el fin de un ciclo con el que se están haciendo esfuerzos importantes por transformar la morfología del poder en Chile”, señaló.

Se trata del segundo intento de destituir a Piñera tras la tentativa de noviembre de 2019 por presuntas violaciones a los derechos humanos en medio de las masivas protestas contra la desigualdad, las más graves desde el fin de la dictadura.

El juicio político corre a la par de una investigación en el Ministerio Público por posibles delitos tributarios y de cohecho en la misma operación.

Desde el retorno a la democracia en 1990, ningún presidente ha sido destituido en Chile.

El juicio político encuentra a Piñera con una popularidad por debajo del 20%, y en la recta final de la campaña electoral. Su mandato termina en marzo de 2022.

Para las elecciones del domingo 21, los dos candidatos favoritos a pasar al balotaje encarnan dos polos opuestos del espectro político: el diputado y ex líder estudiantil de izquierda Gabriel Boric y el ultraderechista José Antonio Kast.

“Esta noche será recordada como una de las más infames de la historia de nuestro Congreso. Maniobras políticas, engaños y falso heroísmo para justificar un acto político electoral sin fundamento”, sostuvo Kast, sobre la resolución de la Cámara de Diputados de votar a favor del juicio político.

Sebastián Sichel, el candidato del oficialismo, agregó a través de Twitter que “este es un día negro para la democracia y una señal más, y quizás la peor, de la degradación de la política chilena”.

“Los demócratas debemos enfrentar este tipo de situaciones con firmeza y claridad: lo que ocurrió anoche es deplorable en la forma y en el fondo”, agregó Sichel, con muy pocas posibilidades de pasar al balotaje del 19 de diciembre.

La investigación de los medios locales CIPER y LaBot, incluidos en los Papeles de Pandora, reveló que los hijos del mandatario vendieron Dominga en 2010 al empresario Carlos Alberto Delano -íntimo amigo de Piñera- por 152 millones de dólares.

La transacción, que en su mayoría se realizó en Islas Vírgenes, tuvo lugar durante el primer gobierno de Piñera (2010-2014).

Jorge Gálvez, abogado del presidente, negó que Piñera “haya intervenido en la decisión de venta del proyecto” y también descartó que haya favorecido a Dominga al no concretar ninguna acción de protección ambiental.