ARGENTINA

Jueza argentina ordenó captura internacional del exasesor de Macri que pidió asilo en Uruguay

"Están dadas las condiciones para decretar su rebeldía y ordenar su inmediata captura nacional e internacional", dispuso la jueza María Servini respecto a Fabián Rodríguez Simón.

Fabián Rodríguez Simón. Foto: Wikimedia Commons.
Fabián Rodríguez Simón. Foto: Wikimedia Commons.

La jueza federal argentina María Servini declaró rebelde al exasesor de Mauricio Macri Fabián Rodríguez Simón, quien pidió asilo político en Uruguay por considerarse un “perseguido político”. La magistrada ordenó además su captura internacional.

“Entiendo que están dadas las condiciones para decretar su rebeldía y ordenar su inmediata captura nacional e internacional. Eventual y oportunamente se solicitará la correspondiente cooperación judicial internacional”, consideró Servini en un fallo al que accedió LA NACION.

La jueza dispuso además la inhibición general de bienes de Rodríguez Simón, parlamentario del Mercosur y amigo del expresidente Macri.

En cuanto a la presentación que hizo el acusado ante el juzgado, en la que comunicó su decisión de pedir asilo político a Uruguay, Servini escribió: “Su planteo es absolutamente improcedente, y parecería ser un atajo para obstruir el curso de la investigación en un caso en el que, luego de más de dos años de trámite, no se le ha impuesto ninguna medida cautelar personal ni real que pudiera dar un viso de verosimilitud al temor que el imputado pretende sostener y, mucho menos, a lo que denomina ‘persecución política”.

La jueza escribió, además, que librará un exhorto internacional a las autoridades que correspondan de la República Oriental del Uruguay “a efectos de solicitarles que, de manera muy urgente, arbitren los medios para que se proceda a la localización de Fabián Jorge Rodríguez Simón”. Pidió también que se le prohíba la “salida de ese país”.

Rodríguez Simón está citado a declarar el 17 de junio, acusado de haber integrado una presunta asociación ilícita “organizada con el objetivo de perseguir empresarios”, en el expediente iniciado por una denuncia de Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Servini dijo que el hecho de que Rodríguez Simón sea parlamentario del Mercosur no le provee inmunidad de arresto. “En nada conmueve lo aquí dispuesto lo que prevé el art. 16 de la ley 27.126, por cuanto si bien Rodríguez Simón es miembro del Parlamento del Mercosur, lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya ha decidido que la inmunidad de arresto prevista en la normativa citada resulta inconstitucional y no se aplica a casos como este”, escribió la jueza.

La decisión de Rodríguez Simón de pedir asilo político causó desconcierto en los tribunales de Comodoro Py. Fuentes del juzgado de Servini desmentían ayer que antes a la presentación de Rodríguez Simón estuviera bajo consideración la posibilidad de detenerlo.

En diálogo con LA NACION, varios jueces y fiscales cuestionaron al abogado por no haberse ajustado a derecho, y señalaron que su escrito planteaba “argumentos similares” a los esgrimidos por el kirchnerismo cuando sostiene la teoría del “lawfare”.

“Podría haber pedido una eximición de prisión antes de pedir ser refugiado político”, planteó un camarista federal.

Incluso dentro del espacio de Juntos por el Cambio causó sorpresa la maniobra de Rodríguez Simón. El abogado había denunciado que Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa contaban con el “apoyo explícito” del gobierno nacional. “Alberto Fernández estuvo en la nómina del Grupo Indalo como abogado hasta que asumió la presidencia y de la vicepresidenta Cristina Kirchner, son amigos personales y presuntamente socios”, afirmó Rodríguez Simón.

Sostuvo además que los dueños de Indalo “cuentan con un importantísimo respaldo económico –los fondos del Estado de los que se apropiaron–, liquidez financiera y expertise como para comprar voluntades en el corrupto y deteriorado sistema judicial argentino”.

El expediente en el que Rodríguez Simón es investigado es de alto voltaje político. Los empresarios dueños del Grupo Indalo, De Sousa y López, radicaron una denuncia hace más de dos años por las supuestas presiones que habrían sufrido de parte de Rodríguez Simón para que modificaran la línea editorial de sus medios, entre otros elementos que aportaron a la Justicia.

En cambio, Rodríguez Simón dijo que los medios del Grupo Indalo y la Justicia lo persiguen porque él “trabajó para que sus casinos [de Cristóbal López] pagaran impuestos”.

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