JERUSALÉN

¿Es legal el gobierno de unión israelí entre Benjamin Netanyahu, procesado por corrupción, y Benny Gantz? El Tribunal Supremo examina este asunto crucial para el futuro político de Israel.

Durante los debates, transmitidos en directo por la televisión locales, los 11 jueces, con los rostros semicubiertos con mascarillas, expresaron sus reservas sobre varios puntos del acuerdo de coalición, aunque explicaron que en la etapa actual no pueden invalidarlo. No obstante, varias cláusulas del mismo aún no tienen fuerza legal.

El tribunal empezó el domingo a estudiar el acuerdo firmado hace dos semanas por ambos líderes, hasta hace muy poco rivales, para poner fin a la peor crisis política de Israel y enfrentar la pandemia del coronavirus.

El acuerdo prevé que Netanyahu sea primer ministro durante los primeros 18 meses y Gantz durante los 18 siguientes. Los ministerios se repartirán equitativamente entre ambas partes, que se han comprometido a debatir a partir de julio un proyecto de anexión del Valle del Jordán y de los asentamientos judíos en Cisjordania.

Pero este pacto tiene varios detractores, que consideran que algunas de sus cláusulas violan las leyes fundamentales de Israel.

Además de la imposibilidad, según ellos, de que un procesado pueda dirigir un gobierno, critican por ejemplo la celebración de elecciones en tres años (la ley estipula cuatro) o la congelación por seis meses de los nombramientos al frente de servicios públicos.

La justicia recibió ocho denuncias. Una de ellas es de Yesh Atid (“Hay un futuro”, partido laico y centrista), que era miembro de la coalición Azul y Blanco de Benny Gantz antes de que este pactara con Netanyahu.

El veredicto será conocido posiblemente mañana miércoles o el jueves.

Si el acuerdo es invalidado, deberían realizarse nuevas elecciones, las cuartas en poco más de un año. Si invalidan algunas de las disposiciones del pacto, los partidos deberían modificarlo.