El gobierno de José Antonio Kast busca obligar a los centros médicos, colegios y otras instituciones públicas en Chile a entregar información confidencial de migrantes irregulares, una propuesta que abrió un conflicto en su gabinete.
Kast impulsa en el Congreso un proyecto de ley para dinamizar los procedimientos de expulsión de indocumentados que viven en Chile, una de sus principales promesas de campaña.
Durante su tramitación, ingresó un artículo para obligar a instituciones públicas, centros de salud y colegios a informar los domicilios, teléfonos de contacto y correos electrónicos de inmigrantes irregulares que acudan a estas entidades.
La medida es vista como una forma de que los migrantes irregulares no accedan a beneficios sociales y se vean obligados de dejar el país.
Kast se comprometió en campaña electoral a expulsar a los 340.000 migrantes que viven de forma irregular en Chile. Sin embargo, esta semana matizó sus palabras. Calificó de “metáfora” su promesa, una afirmación que generó fuertes críticas y que luego corrigió a “hipérbole”.
Desde que asumió, el mandatario impulsó la construcción de barreras contra el ingreso de inmigrantes en tres regiones del norte del país y expulsó a 80 personas en aviones de la Fuerza Aérea.
AFP
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