Fiscalía de Perú investiga a Pedro Castillo como “líder de una organización criminal”

“BENEFICIOS ILEGALES”

La Fiscalía de Perú solicitó ayer miércoles a la Justicia investigar al presidente izquierdista Pedro Castillo como “líder de una organización criminal” enquistada en el Estado para obtener “beneficios ilegales” a través de los contratos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Samuel Rojas, representante de la Fiscalía de la Nación, explicó al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Perú los motivos por los cuales el fiscal general, Pablo Sánchez, abrió una investigación preliminar contra Castillo.

“Es la primera vez que un presidente en funciones ha sido sindicado de liderar una organización criminal enquistada en los estamentos del Estado” a los que juró defender al asumir el cargo, para “cometer delitos de corrupción”, aseguró Rojas durante su exposición.

Añadió que la investigación contra Castillo “no proviene de una acusación de organización civil, ni de un miembro del Congreso”, sino de información “gestada en investigaciones fiscales”, a raíz de las irregularidades denunciadas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto a las adjudicaciones de una serie de obras de infraestructura.

La defensa del presidente presentó una demanda de tutela de derechos antes de que el fiscal de la Nación pueda interrogar a Castillo sobre las imputaciones que lo colocan supuestamente como el responsable de organizar la adjudicación de obras a empresarios que colaboraron con su campaña electoral y de nombrar a funcionarios afines a esa tarea.

Las investigaciones de la Fiscalía arrojaron evidencia sobre “la existencia de una organización criminal que maneja el Estado utilizando estas contrataciones para obtener beneficios ilegales”, afirmó Rojas.

“Es el primer mandatario del Estado que está llamado a cautelar el interés nacional, quien está siendo imputado de perpetrar delitos de corrupción de funcionarios”, agregó.

En esos procesos están actualmente denunciados y con orden de captura el exministro Juan Silva, el ex secretario de la Presidencia Bruno Pacheco y un sobrino del presidente Castillo.

Además, la Fiscalía ha recibido los testimonios de los empresarios Karelim López y Zamir Villaverde, quienes admitieron haber representado a empresas que ganaron las adjudicaciones y que han presentado audios haciendo coordinaciones con los funcionarios imputados.

El fiscal Rojas informó además que existen audios que revelaron que Villaverde entregó 30.000 soles (unos 8.000 dólares) a Silva para dárselos a Castillo, y, asimismo, que tienen indicios de que López entregó al jefe de Estado un total de 155.000 soles (unos 41.000 dólares) en el Palacio de Gobierno y en una casa que usó durante la campaña electoral.

Por su parte, el exsecretario de Castillo, Bruno Pacheco, fue imputado por desbalance patrimonial a escasos cuatro meses de asumir ese cargo y después de que la fiscalía encontrara 20.000 dólares ocultos en el baño de su oficina.

El pedido de investigación contra Castillo se da en un contexto de una grave crisis política.

Este martes el Congreso de Perú, dominado por la opositora, dio el primer paso para remover a la vicepresidenta peruana, Dina Boluarte, a la que acusa de una supuesta infracción constitucional.

Por mayoría, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe que declara procedente las denuncias.

Boluarte es a la vez vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, y el informe recomienda que sea inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos.

Antes de que este informe pase al pleno del Congreso, debe ser votado esta semana por la Comisión Permanente del legislativo, donde su aprobación se da por descontada, pues la oposición tiene mayoría. Se estima que el proceso puede tardar un mes.

Boluarte fue denunciada ante el Congreso por la Contraloría por ejercer un cargo en una entidad privada al mismo tiempo que es funcionaria, algo que la ley peruana prohíbe.