INVESTIGACIÓN

El Lava Jato, la mayor operación anticorrupción de la historia de Brasil, llegó a su fin en Paraná, el estado que durante fue epicentro de las investigaciones que desencadenaron un terremoto político en Latinoamérica.

La operación Lava Jato comenzó por azar en una gasolinera que blanqueaba dinero, pero a medida que las autoridades fueron tirando del hilo de la madeja destaparon un complejo engranaje de corrupción de dimensiones continentales.

La rutinaria se inició el 17 de marzo de 2014 y pronto se convirtió en un gigantesco escándalo que salpicó de lleno algunas de las más importantes empresas de Brasil, entre ellas la petrolera estatal Petrobras y el imperio Odebrecht.

La operación Lava Jato abrió la caja de pandora de una gigantesca red de corrupción en Brasil y sus hallazgos condujeron a prisión a poderosos ejecutivos y políticos. El arresto más mediático fue el del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien sigue el proceso en libertad tras pasar 1 año y 7 meses entre rejas en Curitiba, capital de Paraná.

Pese a que el equipo del Lava Jato en Curitiba deja ahora “de existir”, algunos de sus integrantes pasarán a actuar en el Grupo de Acción Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco) para dar continuidad a los trabajos, informó ayer miércoles la Fiscalía de Paraná.

En los siete años en los que estuvo vigente la operación fueron llevadas a cabo 1.450 órdenes de allanamiento, 211 conducciones coercitivas, 132 mandatos de prisión preventiva y 163 de arresto temporal.

En total fueron devueltos a las arcas públicas más de 4.300 millones de reales (unos 811 millones de dólares) gracias a 209 acuerdos de colaboración con algunos de los acusados de participar en tramas corruptas.

El Lava Jato, sin embargo, no ha estado exenta de críticas. Algunos de los fiscales de la operación han sido cuestionados por su supuesta falta de imparcialidad en las investigaciones.

Las sospechas surgieron, sobre todo, a partir de unos reportajes del portal The Intercept Brasil, que publicó intercambios de mensajes entre los fiscales y el juez encargado de esas investigaciones en primera instancia, Sergio Moro.

Esas conversaciones generaron un enorme revuelo y pusieron en tela de juicio la imparcialidad de los fiscales, pues insinuaban que, de forma ilegal, Moro coordinó acciones del proceso que llevó a Lula a la cárcel en uno de los casos de corrupción.

En 2019, Moro pasó a ser ministro de Justicia en el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro, adversario político de Lula, aunque renunció el año pasado enemistado con el gobernante, a quien acusó de interferir políticamente en la Policía Federal.

Merval Pereira, analista político del diario OGlobo, escribió ayer miércoles que el final de la operación Lava Jato era “una muerte anunciada” desde que Augusto Aras se hizo cargo de la Procuraduría General de la República en septiembre de 2019.

Su colega de OGlobo Aguirre Talento fue en la misma línea y opinó que con el fin de la operación Lava Jato Aras “complace a la clase política afectada” por las investigaciones de corrupción y “también hace un fuerte guiño al presidente Jair Bolsonaro, los responsables de su nominación”. Además, “vacía la memoria” del ex juez y ex ministro de Justicia Sergio Moro “quien se convirtió en opositor al bolsonarismo y voz en contra del presidente para las elecciones del próximo año”.