Si se termina la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, ¿qué impacto tendrá sobre los inmigrantes?

Una investigación descubrió que, si se aprueba la ley impulsada por Donald Trump, EE.UU. podría terminar teniendo una clase de residentes sin documentos aún más amplia en el país.

Protesta contra medidas de Trump
Protestas contra medidas migratorias del presidente Donald Trump basadas de deportaciones masivas en Estados Unidos.
Foto: EFE/CIRC y Lucas Jackson/Reuters.

La ciudadanía por nacimiento es un derecho que se otorga en Estados Unidos a toda persona nacida dentro del territorio, un principio establecido por la decimocuarta enmienda de la Constitución estadounidense. Sin embargo, con su llegada a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump decretó por medio de una orden ejecutiva terminar con la ciudadanía automática para los hijos de algunos padres inmigrantes. A la espera de una interpretación de la Corte Suprema sobre la ley firmada por Trump, una nueva investigación prende las alarmas acerca de los efectos que podría tener esa legislación sobre la población estadounidense en las próximas décadas.

¿Puede Donald Trump erradicar la ciudadanía por nacimiento?

La medida firmada por Trump indica que solo los niños nacidos en territorio estadounidense que tengan al menos uno de sus padres con ciudadanía o residencia permanente legal obtendrán automáticamente la nacionalidad al nacer.

Este cambio fue impugnado como inconstitucional y actualmente se encuentra suspendido por decisión judicial.

La orden ejecutiva excluye del derecho de ciudadanía a los hijos de inmigrantes sin autorización legal, personas con visas temporales e incluso a combinaciones de ambos grupos. Actualmente, la única excepción reconocida por ley eran los hijos de diplomáticos extranjeros.

Tres tribunales federales de apelaciones bloquearon temporalmente la implementación de la orden, y el caso llegó a la Corte Suprema el 15 de mayo.

Washington: Donald Trump firma una orden ejecutiva en la Casa Blanca.
Donald Trump firma una orden ejecutiva en la Casa Blanca.
Foto: AFP

Cómo afectaría a Estados Unidos el fin de la ciudadanía por nacimiento

Aunque la intención declarada de la orden es frenar la inmigración no autorizada, las proyecciones realizadas por el Migration Policy Institute (MPI) y el Instituto de Investigación Poblacional de la Universidad Estatal de Pensilvania advierten que el efecto sería el opuesto. Los datos indican que negar la ciudadanía a estos nacidos en suelo estadounidense provocaría un fuerte aumento de la población sin estatus legal.

Según el estudio conjunto de MPI y Penn State:

  • La población no autorizada crecería en 2,7 millones de personas adicionales para el año 2045.
  • Para 2075, la cifra ascendería a 5,4 millones más que con la normativa actual.
  • Cada año, durante los próximos 50 años, nacerían en promedio unos 255 mil niños sin ciudadanía estadounidense debido al estatus migratorio de sus padres.

Estas cifras implican un incremento del 40 % en la población “no autorizada” proyectada para 2075 si se eliminara la ciudadanía por nacimiento. A mediados de 2023, esta población rondaba los 13,7 millones, pero bajo la nueva política aumentaría a 14,8 millones en 2045 y a 17,1 millones en 50 años.

Hoy entra a regir el nuevo decreto inmigratorio de Trump. Foto: EFE
Protestas contra el decreto migratorio firmado por Donald Trump.
Foto: Giorgio Viera/EFE

El surgimiento de una subclase en Estados Unidos para los próximos años

Los analistas advirtieron que uno de los efectos más preocupantes sería el surgimiento de una subclase de personas nacidas en Estados Unidos que no recibirían ciudadanía ni ningún otro estatus legal, lo que perpetuaría la desventaja social de una generación a otra.

La investigación del MPI-Penn State estimó que:

  • Para el año 2075 habría al menos 1,7 millones de personas nacidas en Estados Unidos, hijos de padres también nacidos allí, que continuarían sin ningún tipo de estatus legal.
  • Esta clase de residentes sin derechos plenos compartiría espacios con ciudadanos: en escuelas, trabajos, vecindarios, pero carecería de las mismas protecciones legales, generando posibles tensiones sociales y obstáculos para la movilidad económica.

Este escenario no solo agravaría la exclusión social, sino que dificultaría la integración de comunidades enteras. “Estamos creando una ciudadanía de segunda clase, sin ningún camino legal claro para alcanzar derechos básicos”, señaló el informe.

La Nación/GDA

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