Donald Trump cumplió ayer domingo seis meses desde su regreso a la Casa Blanca, un arranque de segundo mandato marcado por el proteccionismo comercial, el endurecimiento en inmigración, medidas legislativas divisivas y una inesperada crisis en su hasta ahora leal base, descontenta por el manejo del llamado caso Epstein. De hecho, la popularidad del mandatario cayó a 42%, según una encuesta publicada por la cadena CBS ayer. No obstante, muchos estadounidenses confían en que el republicano convierta a EE.UU. en “grande de nuevo”, aunque no siempre compartan su métodos. Algo que lo marca es, precisamene, su influencia sobre la independencia de las instituciones estadounidense.
“Hace un año éramos un país muerto y ahora somos la nación más pujante del mundo”, aseguró Trump la semana pasada, quien cerró pactos por los aranceles que quiere imponer con el Reino Unido, Vietnam, Indonesia y China. Este último fue un convenio temporal que redujo los aranceles estadounidenses del 145% al 30% y los gravámenes chinos del 125% al 10% mientras continúan las negociaciones.
En otro orden, durante este primer semestre, la Administración de Trump ha ordenado recortes millonarios a la ayuda internacional y ha exigido a sus aliados de la OTAN un aumento del 2% al 5% en las partidas que los aliados dedican a la defensa. También ha insistido en lograr acuerdos de paz en Ucrania, con recientes presiones al presidente ruso, Vladímir Putin, y una resolución al conflicto israelí en Gaza, mientras mantiene su fuerte respaldo al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, al que se unió en ataques a instalaciones nucleares en Irán.
En cuanto a América Latina, el Gobierno del republicano “ha convertido la migración en su prioridad central” exigiendo mayor control fronterizo a México, Canadá y Centroamérica, además de trabajar por “reducir la influencia china en áreas estratégicas”, como la zona del Canal de Panamá, dice Jason Marczak, director del Centro para América Latina Adrienne Arsht del Atlantic Council.
Trump se marcó una victoria tras la aprobación en el Congreso de un megaproyecto fiscal y de recortes al gasto público, que sin embargo eleva el déficit fiscal en unos 2,8 billones de dólares. El presidente ha contado con la mayoría legislativa republicana para profundizar su reducción del gasto federal.
En los seis meses transcurridos desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha extendido la influencia del Poder Ejecutivo sobre instituciones histórica y constitucionalmente independientes en Estados Unidos, a veces con la anuencia encubierta de quienes deberían representar salvaguardas.
Barbara Perry, profesora de asuntos públicos en la Universidad de Virginia y experta en la historia de la presidencia estadounidense, eligió la palabra “aterradora” para resumir la actitud de Trump hacia estas instituciones en el comienzo de su segundo mandato.
Para Wendy Schiller, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Brown, Trump “quiere el poder total y absoluto” y “no considera que ninguna institución de la vida estadounidense sea independiente de su influencia o autoridad”.
El Congreso, con sus dos cámaras de mayoría republicana, es el mejor ejemplo. Lo que Trump quiere, lo consigue.
Hasta la fecha, casi todos los legisladores republicanos han seguido las órdenes del presidente “por miedo a que su reelección sea cuestionada”, explica Perry.
Hay quienes se sienten tentados a desviarse de la línea oficial, pero el mandatario ya amenazó con respaldar a los candidatos más leales en las primarias, un golpe que sería casi mortal para las posibilidades de la mayoría.
170 decretos
Trump ha decidido a menudo prescindir de los servicios del Congreso. Prefiere gobernar mediante órdenes ejecutivas, con un ritmo sin precedentes en la historia de la Presidencia estadounidense.
En seis meses, el republicano firmó 170 decretos, más que durante todo el mandato de su predecesor, el demócrata Joe Biden, según el American Presidency Project de la Universidad de California, en Santa Bárbara. Trump también ha atacado a ciertas agencias gubernamentales cuyos estatutos garantizan normalmente su independencia. Es el caso de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC), encargada de velar por la seguridad de los productos de consumo.
En mayo, Trump destituyó a tres de los cinco directores de la agencia, todos nombrados por presidentes demócratas. La decisión fue impugnada ante los tribunales y un juez federal la suspendió unas semanas después. En las últimas semanas, ha dirigido su ira contra otra institución: la Reserva Federal (Fed), planteado incluso destituir a su presidente, Jerome Powell. Pero este despido es legalmente imposible en ausencia de una falta grave.
En la historia reciente, ningún presidente estadounidense ha acumulado tanto poder como Trump, señala Perry, porque todos los demás “han estado sujetos al control de su poder por el Congreso y la Corte Suprema, o por fracturas dentro de sus propios partidos políticos”.
Caso Epstein
Trump se ha visto salpicado también por caso del financiero Epstein.
El viernes el presidente anunció que demandó al magnate de los medios Rupert Murdoch y el diario The Wall Street Journal por un artículo sobre una carta de cumpleaños obscena que habría escrito al financiero , acusado de delitos sexuales.
Los hechos se han precipitado desde el jueves, tras días de presiones sobre Trump por parte de sus propios simpatizantes y aliados que acusan a su gobierno de encubrir los detalles del caso para proteger a las élites.
Mayoría rechaza las redadas
El 56% de estadounidenses desaprueba la gestión migratoria del presidente Donald Trump, cuyos niveles de popularidad han caído hasta el 42 %, según reveló una encuesta de la cadena CBS publicada ayer.
El sondeo, realizado a 2.343 adultos entre el 16 y el 18 de julio por el instituto demoscópico YouGov, evidencia un descenso en los números de aprobación de Trump, que se situaba en 53% en febrero pasado de acuerdo con pesquisas similares, aunque el apoyo entre su base republicana se mantiene fuerte con un 89%. Para la mayoría de los encuestados (61%), el manejo migratorio es el área que más influye a la hora de evaluar el trabajo del presidente, seguido por otros temas como la inflación (56%), la megaley de exenciones fiscales y recortes al gasto rubricada por mandatario (56%) y el caso de Jeffrey Epstein (36%), acusado de tráfico sexual.
El apoyo al programa de deportaciones masivas de inmigrantes irregulares impulsado por el presidente también ha disminuido, de un 59% en febrero pasado a un 49% actual, aunque la política sigue siendo popular entre el 91% de los republicanos.
Según el sondeo, una mayoría (56%) cree que la Administración Trump está priorizando la deportación de personas que no son criminales peligrosos, frente a un 47% en junio, mientras que solo un 42% aprueba la manera en la que el Gobierno utiliza los centros de detención para inmigrantes.
Entre las personas encuestadas, el 64% considera que la comunidad hispana es la más afectada por las redadas migratorias, en ascenso en los últimos meses. Un 78% considera este trato como “injusto”. Sin embargo, la misma mayoría del 64% reconoce que las políticas de mano dura del mandatario han contribuido a la caída en las cruces irregulares en la frontera sur con México.
A pesar de esto, el 70% considera que la Administración Trump debería enfocarse más en reducir la inflación, que en junio repuntó un 2,7%,
El proyecto es clave para el desarrollo del “Estado dorado”
La retirada de una importante subvención de fondos del Gobierno de Estados Unidos aleja cada vez más la ambiciosa propuesta de California de unir Los Ángeles y San Francisco con la primera línea de tren de alta velocidad del país. El proyecto, clave para el desarrollo del llamado Estado dorado, prevé conectar sus dos metrópolis principales por medio de un pionero tren que alcanzaría una velocidad de hasta 320 kilómetros por hora, reduciendo a menos de tres horas la distancia entre ambos puntos por las llanuras del Valle Central de California.
Aunque supone un plan revolucionario en un país que ha primado el desarrollo de carreteras frente a otras infraestructuras de transporte, su desarrollo no ha sido fácil: su presupuesto alcanza los 15.000 millones de dólares, según datos del Departamento de Transportes de EE.UU, lo que ha puesto en duda su viabilidad.
Su último revés ocurrió esta semana, cuando Trump ordenó la suspensión de una partida de 4.000 millones de dólares destinada a impulsar este sistema, gestionado por el organismo público Tren de Alta Velocidad de California (CAHSR, en inglés). Esta revocación “no tendrá un impacto en la construcción, ya que el proyecto ha sido financiado principalmente por fuentes estatales”, dijo Micah Flores, de la oficina de Información de CAHSR. Sin embargo, hay dudas sobre su vance.
EFE/AFP
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