Los Ángeles será ciudad santuario tras una ordenanza en contra de eventuales deportaciones de Donald Trump

Con información de EFE
La ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, promulgó este martes una ordenanza que la convierte en “ciudad santuario”, una posición directamente opuesta a la postura del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha expresado a lo largo de su campaña la intención de realizar deportaciones masivas contra inmigrantes indocumentados.

A través de una votación unánime, el ayuntamiento de Los Ángeles aprobó prohibir el uso de recursos municipales para la aplicación de leyes vinculadas a la inmigración, informa el diario Los Angeles Times. Esta decisión también prohíbe que organismos locales compartan información de personas sin documentos con autoridades migratorias federales, lo que coloca un palo en la rueda en la política migratoria de Trump.

Esta medida vuelve al consejo para una segunda votación, pero solo se trata de una formalidad, según Los Ángeles Times. La alcaldesa angelina, Karen Bass, ha expresado su apoyo a esta decisión, por lo que no se espera que opte por vetarla.

Dentro de Estados Unidos, Los Ángeles ha pasado a ser un pilar en la protección de los inmigrantes, y al aprobar esta ordenanza, refuerza su estructura de defensa, anticipando eventuales enfrentamientos con un gobierno federal liderado por Trump, indica Infobae.

Por su parte, Trump había expresado en setiembre que entre sus planes está pedir al Congreso que apruebe una ley que prohíba las ciudades santuario de inmigrantes.

El concejo municipal de Los Ángeles había avanzado desde el año pasado una medida para convertir oficialmente a la ciudad en santuario de inmigrantes, que prohíbe el uso de sus recursos para el cumplimiento de las leyes federales de inmigración.

Tras el triunfo de Trump, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, urgió la semana pasada a los concejales a aprobar la ordenanza, que además niega a las agencias federales de Inmigración el acceso a las bases de datos de la ciudad.

Foto: Ciudad de Los Ángeles

En 2017, el gobierno del entonces alcalde de Los Ángeles Eric Garcetti había emitido una orden ejecutiva que limitaba la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), pero no existía una norma aprobada que fijara permanentemente esas medidas.

Según Infobae, el decreto de Garcetti instruía al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés), a no solicitar el estatus migratorio de las personas al realizar arrestos ni divulgar información a agentes federales de inmigración, una medida que buscaba reducir el miedo de comunidades inmigrantes.

Más de 1,3 millones de inmigrantes viven en Los Ángeles, lo que representa el 34 % de la población, o de uno de cada tres, que nacieron fuera de EE.UU.

Martha Arévalo, directora del Centro de Recursos Centroamericanos (Carecen), advirtió que aunque "no se puede controlar" lo que pasa en el gobierno federal, la ciudad debería tener autonomía sobre lo que pasa en el ámbito local. "Debemos estar del lado correcto de la historia", subrayó.

Los activistas también enviaron un mensaje a la comunidad indocumentada para estar "preparados" ante la llegada de Trump y su equipo. El republicano nombró a Tom Homan, con décadas de experiencia en el cumplimiento de las leyes de inmigración, como "zar de la frontera" y responsable de implementar las deportaciones masivas.

Foto: AFP

Homan ha criticado a las denominadas 'ciudades santuario' y en especial a California por aprobar la Ley Santuario de Inmigrantes de California (SB54), que prohíbe a las agencias del orden, estatales y locales investigar, interrogar o detener y detectar a las personas con el propósito de cumplir con las leyes de inmigración.

En el pasado mandato de Trump (2017-2021), este restringió los fondos federales para la seguridad a aquellos estados que promovieran 'ciudades santuario'. California llevó la pelea del caso a las cortes y ganó el pleito.

Por su parte, la ciudad de Los Ángeles, a través de su entonces fiscal Mike Feuer, también demandó al Departamento de Justicia (DOJ) de EE.UU. por retener más de un millón de dólares destinados a la seguridad anual de la ciudad.