Corte Suprema limitó poder de jueces para bloquear las decisiones de Donald Trump

Donald Trump afirmó ayer viernes que tiene vía libre para llevar a cabo sus políticas más polémicas después de que la Corte Suprema limitara el poder de los jueces para bloquear a nivel nacional las decisiones del presidente estadounidense.

Por seis votos a favor y tres en contra, la Corte declaró que las suspensiones a nivel nacional emitidas por jueces de tribunales inferiores “probablemente exceden la autoridad equitativa que el Congreso ha otorgado a los tribunales federales”.

Con este fallo el máximo tribunal otorgó una importante victoria a Trump, que piensa aprovecharla al máximo.

“Gracias a esta decisión, ahora podemos recurrir a la justicia para avanzar con estas numerosas medidas y aquellas que han sido prohibidas erróneamente a nivel nacional. (...) Tenemos tantas”, declaró el presidente en la Casa Blanca.

“¡VICTORIA GIGANTESCA en la Corte Suprema de Estados Unidos! Incluso el fraude de la ciudadanía por derecho de nacimiento se ha visto, indirectamente, duramente afectado”, escribió antes en su plataforma Truth Social.

“Los tribunales federales no ejercen una supervisión general del Poder Ejecutivo, resuelven casos y controversias de acuerdo con la autoridad que les ha otorgado el Congreso”, declaró la jueza Amy Coney Barrett, autora del dictamen.

“Cuando un tribunal concluye que el Poder Ejecutivo ha actuado ilegalmente, la solución no es que el tribunal también se exceda en sus facultades”, añadió en un fallo al que se adhirieron los otros cinco jueces conservadores del tribunal. Las tres juezas liberales discreparon.

El fallo tendrá consecuencias en la capacidad del Poder Judicial para controlar a Trump o a futuros presidentes estadounidenses.

El caso se centró en si un solo juez de un tribunal federal de distrito tiene derecho a bloquear a nivel nacional un decreto presidencial mediante una orden universal mientras el asunto se litiga en las cortes.

El 20 de enero, día de su investidura, Trump firmó uno de sus decretos más criticados. Su objetivo: negar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de migrantes en situación irregular o bajo estatus de residencia temporal, como asilo o visas.

Este principio está consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que lleva en vigor más de 150 años y determina que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana.

El decreto de Trump fue impugnado y suspendido por los tribunales de distrito de Maryland, Massachusetts y el estado de Washington. Lo consideraron inconstitucional.

Magistrados demócratas y republicanos han congelado otras iniciativas de Trump, muchas de ellas migratorias.

Ante esta situación su gobierno presentó un recurso de emergencia ante la Corte.

Durante los argumentos orales del caso ante la Corte Suprema en mayo, tanto jueces conservadores como liberales expresaron su preocupación por el creciente uso de órdenes judiciales a nivel nacional por parte de los tribunales de distrito en los últimos años.

Steven Schwinn, profesor de derecho de la Universidad de Illinois en Chicago, estima que el fallo de la Corte Suprema “socava gravemente la facultad de los tribunales federales para frenar las acciones ilegales del gobierno”.

“El fallo probablemente creará una disparidad de derechos de ciudadanía por nacimiento”, declaró Schwinn. Se refiere a que en algunos lugares se reconocería ese derecho a quienes hayan presentado y ganado demandas, pero no a quienes no lo han hecho.

“Este enfoque dispar de derechos individuales es incompatible con nuestra historia y tradición de derechos federales en Estados Unidos y con el estado de derecho”, afirmó.

En cambio, el juez Samuel Alito, un ultraconservador, afirmó que las órdenes judiciales a nivel nacional plantean un “problema práctico” porque hay cientos de jueces de tribunales de distrito y cada uno de ellos está “convencido” de estar en lo cierto.

El asesor jurídico de la administración John Sauer, quien argumentó a favor de Trump en la vista judicial, comparó las órdenes judiciales a nivel nacional con un “arma nuclear”. Según él alteran el “equilibrio constitucional de la separación de poderes”.

La administración de Trump había solicitado a la Corte Suprema que restringiera la aplicación de cualquier orden judicial de un tribunal de distrito a las partes que presentaron el caso y al distrito donde preside el juez.

Otros presidentes estadounidenses se quejaron de las medidas cautelares durante sus mandatos porque los ataban de manos, pero ninguno se enfrentó a tantas en tan poco tiempo como Trump.

Pero la batalla legal contra la orden ejecutiva de Trump para limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento se ha ampliado ayer con una nueva demanda, tras la decisión de la Corte Suprema de permitir a la Casa Blanca aplicar temporalmente su orden. Un recurso legal, que pretende cobijar a nivel nacional a todos los afectados por la orden que niega el derecho automático de ciudadanía estadounidense a hijos de padres indocumentados o con visados temporales, fue presentado ayer por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones que mantienen el pulso legal con la Casa Blanca.

La Corte Suprema de Estados Unidos falló ayer viernes a favor de los padres de alumnos que, en nombre de la libertad religiosa, quieren poder retirar a sus hijos de las clases cuando se utilicen libros que traten temas LGBTQ. La Corte dictaminó por seis votos contra tres que privar a los padres de escolares de la posibilidad de no exponer a sus hijos a temas LGBTQ es “una infracción inconstitucional” de su libertad religiosa.

“Es una formidable victoria para los padres” que habían “perdido el control de las escuelas y de sus hijos”, dijo el presidente Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca

“Para muchas personas de fe, hay pocos actos religiosos más importantes que la educación religiosa de sus hijos”, escribió el juez Samuel Alito en la opinión de la mayoría.

Añadió que los libros en cuestión “están diseñados para presentar ciertos valores y creencias como algo que debe celebrarse, y ciertos valores y creencias contrarios como algo que debe rechazarse”, al citar como ejemplo la normalización y celebración del matrimonio entre personas del mismo sexo. En la opinión discrepante, la jueza Sonia Sotomayor, junto con sus compañeras Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, argumentó que las escuelas públicas “ofrecen a niños de todas las religiones y orígenes una educación y la oportunidad de practicar la vida” en una “sociedad multicultural”.

Donald Trump anunció ayer que pondrá fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) que permite a más de 520.000 haitianos vivir en Estados Unidos. El TPS protege contra la deportación y confiere el derecho a trabajar en EE.UU. Se otorga a extranjeros que no pueden regresar a salvo a sus países por motivos de guerra, desastre natural.

AFP, EFE