El fallo judicial en España que deja a miles de nietos de exiliados sin poder participar en las elecciones

El Tribunal Supremo español decidió este lunes mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de los descendientes de españoles que obtuvieron la nacionalidad por la llamada ley de nietos, por lo que la mayoría no podrá votar en las elecciones del 29 de noviembre, ya que el censo electoral se cierra este mismo lunes, según fuentes jurídicas.

La ley de nietos es una disposición de la Ley de Memoria Democrática que permite optar a la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles que sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual.

Una semana después de entrar en vigor, en octubre de 2022, el Gobierno aprobó una instrucción para indicar que se “presumirá” la condición de exiliado a todos los españoles que salieron de España entre 1936, cuando comenzó la guerra civil, y 1955, en plena dictadura del general Francisco Franco.

Pero la oposición ha sido muy crítica con la norma, que la considera como un intento de Sánchez de sumar votantes afines al censo electoral. Iustitia Europa y el partido de derecha Vox recurrieron la medida y el Tribunal Supremo dejó en suspenso de manera cautelar las altas en el censo electoral de los afectados, exigiendo más pruebas de sus vínculos con víctimas de la represión.

Tras el adelanto electoral, la Abogacía del Estado pidió que se levantara esta medida cautelar para que los afectados pudieran votar. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado argumentaron la "imposibilidad material" de revisar los casi 170.000 expedientes a los que afectaba la medida adoptada por el Supremo.

El Supremo desestimó este lunes el recurso de reposición de la Abogacía del Estado. El fallo podría dejar fuera del censo a miles de personas de cara a las elecciones generales de finales de noviembre pero la corte precisó que éste no se aplicaría a quienes puedan demostrar que son hijos o nietos de españoles que sufrieron "exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual y que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española".

A 1 de agosto, el registro de votantes en el extranjero incluía a más de 163.000 personas que habían adquirido la nacionalidad española mediante la ley de Memoria Democrática de 2022, según la sentencia del tribunal. Casi 97.000 solicitudes adicionales de nacionalidad habían sido aprobadas pero aún no se habían incorporado al registro a finales de agosto, y más de 304.000 peticiones seguían bajo estudio, según la misma sentencia. No está claro cuántos de estos votantes quedarían excluidos de los comicios.

Tras conocerse esta decisión judicial, el Gobierno español lamentó la noticia. "Parece que el derecho al voto no es tan relevante para algunos", se lamentó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaskas, en una conversación informal con periodistas durante la recepción oficial por la Fiesta Nacional.

Foto: EFE/Julio Muñoz

Ante la proximidad de las elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre, el presidente y secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, pidió ayer domingo al Tribunal Supremo frenar el "intento de atropello" de la oposición contra la llamada ley de nietos porque "en democracia el derecho al voto no se prohíbe" sino que se "garantiza".

"¿Esto qué significa? —se preguntó Sánchez antes de que el Supremo decidiera mantener su medida cautelar que afecta a unos 170.000 votantes— ¿Que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí van a poder votar?”.

Con información de EFE y AFP