El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, anunció ayer, sábado, una ley para garantizar que se cumpla la paridad en los futuros gobiernos, sean del signo político que sean, y en la dirección de las grandes empresas, que deberán tener al menos un 40% de mujeres.

La ley será aprobada por el Consejo de Ministros el próximo martes, un día antes del Día Internacional de la Mujer, según indicó Sánchez en un acto conmemorativo de esa fecha en Madrid.

Según la nueva norma, la dirección de cualquier empresa cotizada o entidad de interés público con más de 250 trabajadores y 50 millones de euros (53,5 millones de dólares) de volumen de negocio anual, tendrá que tener un 40% de mujeres.

Tampoco ninguna junta de gobierno de los colegios profesionales deberá tener menos de un 40% de mujeres al frente, el mismo porcentaje que deberán tener los jurados que concedan premios o reconocimientos financiados con dinero público, según el texto de la nueva ley.

En el acto, en el que estuvo acompañado por el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), Sánchez puso en valor las medidas que los Ejecutivos socialistas tomaron para proteger el estado del bienestar en España, ya que son “las mejores políticas de igualdad que se pueden hacer”, manifestó.

También defendió la política de cuotas, al recordar que cuando hace diez años se empezó a impulsar este tipo de propuestas, en la media europea solo un 13% de mujeres formaban parte de los consejos de dirección.

Ahora, en España, con las políticas promovidas por Rodríguez Zapatero, se ha superado el 30% tanto en las empresas públicas como privadas, apuntó Sánchez.

La aprobación de la mencionada nueva norma sobre la paridad coincidirá con el debate en el Congreso español sobre la reforma de la polémica Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del “sólo sí es sí”, que mantiene enfrentados a los socialistas con la izquierda de Podemos, sus socios en el Gobierno de coalición.

Esa ley establece un único delito (agresión sexual) con independencia de si medió violencia o intimidación y por tanto, lo importante es el consentimiento, parte central de la norma y objeto de la desavenencias entre los socios para su reforma.

Esta reforma, impulsada por el sector socialista del gobierno, busca acabar con las rebajas de las condenas por delitos sexuales (721 hasta ahora) y las más de las 74 excarcelaciones que han tenido lugar en España con la aplicación de la nueva ley, que entró en vigor el 7 de octubre del año pasado.

Miles de policías protestaron ayer sábado en las calles de Madrid contra una reforma que eliminaría la prohibición de difundir imágenes de agentes en España sin contar con autorización oficial previa.

Las autoridades de Madrid estimaron en 4.000 el número de manifestantes reunidos frente al Congreso de los Diputados, donde un proyecto de ley de partidos de izquierda está siendo examinado para modificar un controvertido texto de seguridad adoptado en 2015 cuando la derecha gobernaba el país.

“Mis compañeros a quien les graben y que se difunden en las redes sociales unos videos manipulados, tergiversados, y con una virulencia, puede ser fatales para su vida personal”, denunció Miguel Gómez, presidente de Jusapol, la organización que convocó la protesta y que agrupa a las principales organizaciones sindicales de la policía y la Guardia Civil.

Tras una pancarta en la que se podía leer “esta ley nos pone a todos en peligro”, los sindicalistas marcharon en presencia de dirigentes del Partido Popular, principal partido de la oposición, así como del partido de extrema derecha Vox.

Bautizada por sus detractores como “ley mordaza”, la ley española de 2015 actualmente en debate castiga el “uso no autorizado” de imágenes de las fuerzas de seguridad “que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información”.

Las multas pueden oscilar entre 600 y 10.400 euros (640 y 11.000 dólares).

Pero a finales de 2020 el Tribunal Constitucional consideró que era “inconstitucional” exigir una autorización para utilizar imágenes de agentes del orden. Esta decisión llevó a varios partidos de izquierda, aliados parlamentarios del gobierno del socialista Pedro Sánchez, a proponer una reforma de este texto.

Con información de AFP y EFE