CHILE

Los 155 candidatos que redactarán la nueva Constitución de Chile eligieron este domingo a Elisa Loncón, una mujer indígena, para presidir el órgano que creará la nueva ley fundamental, que sustituirá a la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Nacida en la comunidad mapuche de Lefweluan, en Traiguén, en la región chilena de La Araucanía, Elisa Loncón hizo carrera desde un origen de humildad y pobreza hasta convertirse en una acreditada académica y lingüista, y desde este domingo, a sus 58 años, también en la presidenta de la convención que redactará la nueva Constitución de Chile.

Loncón, de 58 años, es una académica, lingüista y activista mapuche -la etnia indígena mayoritaria en Chile-, y fue elegida por mayoría absoluta en segunda vuelta, en la sesión inaugural de la convención que tuvo lugar en el antiguo Congreso Nacional de la capital, un acto que se detuvo durante casi una hora por la protesta de un grupo de constituyentes.

Posee un doctorado en Humanidades de la Universidad de Leiden (Holanda) y otro en Literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile, además de varios títulos en estudios sociales y lingüisticos, tanto en Chile como en el extranjero.

Es profesora de mapudungun (la lengua mapuche) e inglés, se ha desempeñado como consultora y coordinadora de proyectos y ha llevado a cabo una decena de investigaciones con temáticas relacionadas con la situación sociocultural y lingüística de su pueblo.

Pero, sobre todo, Loncón es una activista mapuche, la etnia indígena mayoritaria en Chile, que desde hace décadas mantiene un conflicto con el Estado chileno y con empresas agrícolas y forestales que explotan tierras que consideran ancestrales.

Un activismo que desarrolla desde su labor académica con "la palabra", en la que "habita el alma de un pueblo", según dijo, hasta su participación en la década de los noventa en el consejo que creo la actual bandera mapuche, la Wenufoye.

"Quiero agradecerle a todo el pueblo de Chile por votar por una persona mapuche y mujer para cambiar la historia de este país", celebró Loncón, tras su elección, en idioma mapudungún y luego en español.

Con este acto, Chile dio el pistoletazo de salida a la redacción de una nueva Constitución, la primera en el mundo redactada por un órgano paritario y la primera del país en la que se incluirá a los pueblos indígenas, un grupo que supone el 12,8% de la población pero que nunca había sido reconocido en la ley fundamental.

Pese a que el rol y las atribuciones que tendrá el presidente todavía no están definidos por ahora, los expertos apuntan la elección de Loncón como un acto simbólico e histórico, como un guiño al feminismo y a los pueblos indígenas, y se prevé que ejerza como portavoz y moderadora del debate.

"Estamos instalando una manera de ser plural, democrática, participativa, por los derechos de nuestras naciones originarias, por los derechos de la madre de Tierra, de las mujeres que caminaron en contra de un sistema de dominación y de los niños", consignó la ya presidenta de la convención.

Loncón ocupa uno de los 17 escaños reservados para indígenas dentro de la convención, siete de los cuales fueron para el pueblo mapuche, dos para el aimara y un representante de cada uno del resto: kawésqar, rapanui, yagán, quechua, atacameño, diaguita, colla y chango.

Entre los sellos que quiere imprimir a la nueva Constitución está el de la plurinacionalidad para que se reconozcan las lenguas, las culturas y los territorios de los pueblos originarios, según dijo en entrevistas con algunos medios en los días previos.

También en estas instancias se refirió a los presos de las protestas sociales como "presos políticos".

La convención constituyente,que fue íntegramente electa en las urnas el pasado mayo, está conformada por ciudadanos independientes sin afiliación a partidos (son 48 de los 155 candidatos), la mayoría de tendencia progresista, mientras que la derecha oficialista solo obtuvo 37 escaños.

El proceso constituyente nació en 2019 como un acuerdo entre los partidos políticos para tratar de amainar la mayor crisis social en tres décadas de democracia, que estalló en octubre de ese año con masivas marchas por un modelo socioeconómico más justo, y que dejó al menos una treintena de fallecidos y miles de heridos.

El órgano tendrá hasta un año para redactar la Constitución, la primera que emanará de un proceso plenamente democrático en la historia de Chile y un texto que deberá refrendarse en otro plebiscito en 2022 y que sustituirá a la criticada Carta Magna actual.

Heredada de la dictadura Pinochet (1973-1990), la actual ley fundamental es vista por muchos sectores por su corte neoliberal y por haber privatizado servicios básicos como el agua, la educación o las pensiones.