CHILE

Tras las históricas elecciones de este fin de semana, Chileestá un paso más cerca de tener una nueva Constitución, un texto que será redactado por una convención dominada por ciudadanos independientes y la oposición de centro e izquierdas.

En noviembre de 2019 casi todo el arco político de Chile acordó un plebiscito para cambiar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) como salida democrática tras semanas de protestas, algunas muy violentas.

En estas elecciones se votó la composición de quiénes redactarán la nueva Carta Magna, la primera que nace de un proceso plenamente democrático en la historia del país.

Los candidatos independientes irrumpieron entre los partidos tradicionales para alzarse por sorpresa, con alrededor del 40% de los votos en las elecciones de este fin de semana, como el bloque dominante de la Convención Constituyente encargada de redactar la nueva Constitución de Chile.

Este resultado genera desconcierto en la política tradicional del país, incapaz de canalizar las demandas sociales que la ciudadanía reivindicó en las calles desde el 18 de octubre de 2019 y que sí tuvieron eco en una serie de candidatos independientes, entre los que hay activistas sociales, profesionales, docentes, escritores, periodistas o abogados constitucionalistas.

"En estas elecciones, la ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje al gobierno y también a todas las fuerzas políticas tradicionales: no estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y los anhelos de la ciudadanía y estamos siendo interpelados por nuevas expresiones y por nuevos liderazgos", dijo el presidente de Chile, Sebastián Piñera, durante la recta final del recuento de votos.

Con cerca del 90% de los votos escrutados, de los 155 ciudadanos elegidos como constituyentes, por primera vez en la historia de forma paritaria y con la inclusión de 17 escaños reservados para representantes de pueblos originarios, las dos listas que aglutinan a candidatos que van desde la centro-izquierda al Partido Comunista, Lista Apruebo y Apruebo Dignidad, obtienen el 33,22% de los votos.

La lista unificada de la derecha, Vamos por Chile, se quedó con un 20,80%, un resultado menor al esperado, ya que estimaban tener al menos un tercio de la representación de la Convención. 

La participación se situó en cerca de un 37% de los 14,9 millones del electorado, según una proyección preliminar.

Para la aprobación de los artículos de la nueva Carta Magna serán necesarios los votos a favor de dos terceras partes de la Convención.

Para Claudia Heiss, jefa de la carrera de Ciencia Política del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, el éxito de las candidaturas independientes "le da un cariz mucho más ciudadano y con mucha más legitimidad" a la nueva Carta Magna.

"Esto es la voz ciudadana haciendo las normas. La clase política habla de leer a la ciudadanía ¡Nada de saber leer! Esto es la ciudadanía presente en la convención, no va a estar pasada por los dirigentes políticos tradicionales y eso es algo que no vieron venir las dirigencias políticas, ni la derecha ni la centro izquierda", afirmó Heiss.

Para la experta el resultado es la forma en que se traslada el "estallido social a nivel institucional" para recoger reclamos ciudadanos como salud pública, educación de calidad o pensiones dignas.

"Esto sí es lo más parecido a lo que la movilización social hubiera esperado. Se parece mucho más a lo que aspiraba el movimiento social de lo que el sistema político nunca pensó", indicó Heiss.

El menor apoyo a los partidos tradicionales, de derecha o de izquierda, se traduce en una ruptura de la clase política con la ciudadanía que ya había quedado patente en las calles pero que ahora se traduce en votos dirigidos a figuras externas al mundo político.

"Es de nuevo un rechazo a la clase política", afirmó Heiss.

Para el académico de la Universidad de Santiago de Chile, Marcelo Mella, este resultado no significa que los partidos políticos no vayan a tener un rol importante en la redacción de la nueva Constitución.

"El sistema de partidos tienen terremotos que pasan. Si no lo exterminó Pinochet creo que no ocurrirá ahora", indicó Mella, a la AFP.

Los expertos también apuntan la dispersión de fuerzas que interactuarán en la redacción de la nueva Constitución. "No hay que desconocer los problemas de acción colectiva o de coordinación que se van a generar con esta gran fragmentación", dijo Heiss.

En octubre de 2020 se celebró el plebiscito en el que casi un 80% de los ciudadanos votó por renovar la ley fundamental.Desde entonces, las protestas amainaron y la pandemia y las restricciones acabaron por ahogar los deseos de salir a las calles. Ahora, el interrogante es si tras estos comicios podría haber nuevas movilizaciones.

Para Heiss, los resultados electorales y la presencia en la convención de los sectores más descontentos servirá "para calmar las aguas" y orientar el conflicto social de las calles hacia la política."Son unos buenos resultados de cara a la paz social", concluyó.

La asamblea constituyente, la primera paritaria del mundo y conformada exclusivamente por miembros electos, tendrá hasta un año para redactar la nueva Carta Magna, la primera que nace de un proceso plenamente democrático en la historia del país.

En 200 años de independencia, Chile ha tenido tres Constituciones (1833, 1925 y 1980) pero ninguna redactada por una convención ciudadana elegida en votación popular.

El proceso culminará en 2022 con un plebiscito de salida y con voto obligatorio para aprobar o rechazar finalmente la nueva Carta Magna, que sustituiría a la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y repudiada por su origen dictatorial y por privatizar servicios básicos como el agua o las pensiones.

Aunque todo apunta a que la nueva Carta Magna será refrendada, los expertos auguran un escenario incierto y de alta complejidad política en el caso de que gane la opción del "no"

La convención comenzará a sesionar en junio y necesitará al menos dos tercios de los votos de sus 155 miembros para aprobar las normas del nuevo texto, un mecanismo que hará imprescindibles los grandes pactos entre las fuerzas políticas.

El antiguo edificio del Congreso, ubicado en Santiago, será el lugar de reunión de la convención, que trabajará de forma paralela e independiente al actual Parlamento, y que todavía debe determinar si las sesiones serán a puerta cerrada o abierta.

En la discusión del texto serán intocables el régimen democrático y de Estado republicano o los tratados internacionales, pero sí se podrán abordar ejes estructurales el rol del Estado.

Mientras que la derecha se inclina por mantener el actual modelo económico basado en el libre mercado y donde el Estado tiene un papel subsidiario, la izquierda aboga por un país más derechos sociales garantizados.

La politóloga María Cristina Escudero, del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, cree que la heterogeneidad de fuerzas de la convención desembocará en un "Estado neutro".

"No hay apoyos para mantener el actual modelo aunque es probable que tampoco se logre un Estado de bienestar. Tendremos un estado sin apellido, que luego caracterizará la política ordinaria", explicó a Efe la experta.

Otra premisa principal de muchos candidatos es desprivatizar servicios básicos como el agua, que está en manos privadas en un 80%; la educación, una de las más caras de la región, o las pensiones, que gestionan empresas que obtienen millonarios beneficios criticadas por las irrisorias jubilaciones que ofrecen.