REFORMA
Tuvieron que elegir entre 1.373 candidatos para integrar la Convención Constitucional, entre ellos actores, escritores, profesores, activistas sociales, abogados y también políticos tradicionales.
Chile concluyó ayer una inédita elección de dos días para elegir a los 155 ciudadanos que redactarán una nueva Constitución y dejar por el camino la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, con la expectativa de crear nuevas reglas que permitan mayor equidad social.
Los recintos electorales empezaron a cerrar a las seis de la tarde locales tras dos jornadas electorales en la que no se registraron incidentes. El sábado habían acudido a las urnas más de tres millones de electores (20,44%) de un total de 14,9 millones de convocados a votar de manera voluntaria.
Los chilenos tuvieron que elegir entre 1.373 candidatos para integrar la Convención Constitucional, entre ellos actores, escritores, profesores, activistas sociales, abogados y también políticos tradicionales.
La proporción entre las posturas progresistas y conservadoras de quienes sean electos será clave en la definición de la nueva Constitución, cuyas disposiciones tendrán que aprobarse por dos tercios de los constituyentes.
Los cálculos preelectorales otorgaban a los candidatos de la oposición de izquierdas dos tercios de los 155 escaños, mientras que a la derecha oficialista le conceden un tercio, suficiente para poder vetar.
Con la incógnita de cuántos asientos logren los postulantes independientes que no militan en partidos políticos, el escenario de trabajo que se le abre a la convención ante estos pronósticos obliga a alcanzar amplios consensos.
“Los dos tercios generan una dinámica de grandes acuerdos y negociaciones, lo que hará que muchos temas o no van a poder ser abordados o no se van a abordar de la forma que esperarían muchos sectores", dijo el académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile Octavio Avendaño.
La anterior Carta Magna, redactada durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), se considera por muchos como el origen de las desigualdades sociales en Chile.
Salida
La reforma constitucional fue la forma que el sistema político chileno encontró para apaciguar las masivas manifestaciones que estallaron el 18 de octubre de 2019, dejando una treintena de muertos y daños millonarios en el comercio y el mobiliario público.
Casi un mes después del comienzo de esas protestas, cuando varios edificios ardían en Santiago, las fuerzas políticas anunciaron un acuerdo para llamar a un plebiscito para decidir sobre el cambio de la Constitución, que finalmente se celebró el 25 de octubre de 2020.
Un abrumador 80% apoyó la opción "Apruebo" al cambio constitucional en un día que culminó con masivas manifestaciones.
Además de los constituyentes, los chilenos votaron ayer por alcaldes, concejales y, por primera vez, gobernadores regionales.
El proceso constitucional marca, además, la primera vez en el mundo que una Constitución se escribirá por personas elegidas de forma paritaria; es decir que entre los redactores habrá la misma representación de hombres que de mujeres. También se reservan 17 lugares en la convención para los 10 pueblos originarios.
La esperanza del mundo político es que el proceso constituyente -que tendrá una duración de nueve meses, prorrogable por una única vez por tres meses- logre pasar la página a la larga transición política que se abrió una vez que Chile recuperó la democracia en 1990.
Nunca antes los chilenos habían tenido la oportunidad de participar en la redacción y votar por una nueva Constitución, la que, según diversos sondeos, esperan que les garantice varios derechos sociales, como el acceso a la salud, la vivienda o la educación.
Una encuesta de la empresa Criteria, difundida por el diario La Tercera, mostró el sábado que un 63% de los chilenos confían en que el resultado de la nueva Constitución tenga "consecuencias positivas".
Una minoría siente temor, sin embargo, de que pueda derivar en una Constitución muy izquierdista, que cambie radicalmente el modelo económico ultraliberal y político de Chile.
“Es una oportunidad de consolidar un sistema democrático con mayor legitimidad, pero también es un riesgo de perder muchas de las cosas que le dieron estabilidad y progreso al país", dijo el consultor político Gonzalo Cordero.