AFP, EFE
El Senado de Brasil aprobó una enmienda a la Constitución el delito de posesión de drogas sin importar la cantidad, una medida vista como un desafío a la corte suprema, que evalúa la despenalización del cannabis para uso personal.

La enmienda fue aprobada por 53 votos a favor y nueve en contra luego de dos sesiones en la Cámara Alta. Ahora debe ir a debate de la Cámara de Diputados.

El proyecto propuesto por el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, modifica el artículo 5 de la Constitución de 1988 para “disponer la criminalización de la posesión y porte de estupefacientes y drogas afines” desautorizadas o ilegales.

El texto también introduce en la Constitución la distinción entre narcotraficante y consumidor, con penas alternativas a la prisión.

La ley vigente, que regula la posesión de drogas en el país desde 2006, ya señala que, a diferencia del traficante, el usuario no enfrenta penas de cárcel, sino otro tipo de sanciones menores como la prestación de servicios comunitarios.

El debate sobre despenalización de drogas es especialmente controversial en Brasil, donde poderosas bandas narcotraficantes siembran la violencia en ciudades como Río de Janeiro y San Pablo.

“El dinero de los usuarios de drogas irá para comprar los fusiles ilegalmente (...) y dará a los narcotraficantes un respiro para financiar la violencia”, dijo el senador por Río de Janeiro Flavio Bolsonaro.

Consultada por la AFP, la oficina del presidente Luiz Inácio Lula da Silva no se pronunció sobre el proyecto.

Sin embargo, el Partido de los Trabajadores (PT), que lidera Lula, orientó a sus senadores a votar en contra de la medida por considerar que no resuelve el problema de seguridad pública y porque no establece criterios para diferenciar a usuarios de traficantes.

Foto: AFP

Human Rigths Watch (HRW) calificó la enmienda como “un retroceso gravísimo”.

“Además de ser ineficaz, la ‘guerra contra las drogas’ tiene consecuencias devastadoras para los derechos humanos: alimenta el crecimiento de organizaciones criminales que cometen abusos y corrompen el Estado de derecho, impulsa operaciones policiales letales en las comunidades, llena las cárceles con personas que no deberían estar tras las rejas”, dijo HRW.

La enmienda constitucional fue presentada poco después de que el Supremo Tribunal Federal retomó una votación que podría despenalizar la posesión de marihuana para uso personal.

Hasta la última votación en marzo, cinco de los 11 jueces del alto tribunal se pronunciaron a favor de despenalizarla, estableciendo “parámetros objetivos” de cantidad para diferenciar usuarios de traficantes. Un voto positivo más bastaría para aprobarla. La reanudación del juicio no tiene fecha.

Según algunos partidos políticas de centro y de derecha, el máximo tribunal se ha extralimitado en esta y otras cuestiones, invadiendo competencias propias del Congreso, donde los parlamentarios evangélicos tienen una influencia considerable.

De acuerdo a documentos de la corte, los magistrados han propuesto una franja entre 25 y 60 gramos, o seis plantas hembras, que producen el THC, la sustancia psicoactiva.

El 8,9% de los procesos criminales por tráfico de droga involucran a personas detenidas con 60 gramos o menos de marihuana, según un estudio del gubernamental Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea) de 2023.