Redacción El País
La Corte Constitucional de Ecuador suspendió de manera cautelar la convocatoria realizada por el presidente Daniel Noboa para celebrar un referéndum consultivo sobre la instauración de una Asamblea Constituyente que elabore una nueva carta magna, emitida sin el dictamen favorable previo de este mismo tribunal, como establece la normativa.
El alto tribunal anunció esta medida tras admitir a trámite hasta cinco demandas de inconstitucionalidad presentadas, después de que Noboa sorprendiese al emitir la convocatoria para este referéndum sin haber sido validado previamente por la Corte Constitucional.
“Estas decisiones se adoptaron en estricto respeto de la Constitución y la ley, con el único propósito de prevenir que se produzcan efectos irreversibles que pongan en riesgo la democracia, el Estado de derecho y los derechos de participación de todas y todos los ecuatorianos”, señaló la Corte Constitucional en un comunicado.
Según la Constitución vigente, un referéndum solo puede ser convocado después de que el alto tribunal emita un dictamen favorable sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas.
La polémica convocatoria para poner en marcha el proceso de una Asamblea Constituyente coincide con la lucha abierta que Noboa mantiene con la Corte Constitucional, a quien acusó de hacer “activismo político” al limitar una serie de leyes y estados de excepción promovidos en los últimos meses por el gobernante que acumulan numerosas demandas de inconstitucionalidad al advertir posibles vulneraciones a derechos fundamentales.
En las últimas semanas, Noboa llegó a liderar dos manifestaciones masivas, una de las cuales estuvo dirigida a los jueces de la Corte Constitucional, a los que acusó de estar en contra de la paz y seguridad de los ecuatorianos por haber limitado sus medidas como la posibilidad de dar “indultos anticipados” a policías y militares por delitos cometidos en acciones contra el crimen organizado.
En su comunicado, el máximo intérprete de la carta magna adujo que “respetar la Constitución no significa un bloqueo entre instituciones ni de una confrontación política”, ni “tampoco se busca limitar el pronunciamiento ciudadano sobre una posible modificación de la Constitución”.
“La Corte no es enemiga del pueblo. Nada más alejado de la verdad. Es guardiana de sus derechos y nuestro compromiso es con la Constitución”, apuntó el tribunal. EFE
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