Redacción El País
El ministro ecuatoriano de Defensa, Gian Carlo Loffredo, aseveró ayer miércoles que se enfrentan a grupos armados tanto de Ecuador como de Colombia en la lucha contra el tráfico de combustible, una de las razones esgrimidas por el Gobierno para eliminar el subsidio al diésel, lo que ha provocado protestas indígenas que llevan ya 18 días.
Loffredo comentó que el tráfico de combustibles es “la tercera amenaza para el Estado ecuatoriano” y abundó que, en lo que va del año, han incautado más de un millón de galones de combustible (más de 3,7 millones de litros), provocando una millonaria afectación a los “grupos armados organizados que trafican” con el producto.
Cifró en 134.000 las operaciones de protección hidrocarburífera realizadas y aseguró que tienen “bien identificados” a los grupos involucrados: “No solamente son grupos armados organizados nacionales, también son grupos armados irregulares de Colombia”.
“Los grupos que tienen mayor presencia en el tráfico combustibles son los Choneros, los Lobos, el Grupo Oliver Sinisterra, los Comandos de la Frontera (disidentes de la exguerrilla de las FARC), el ELN y los Latin Kings, son contra todos ellos contra los que nos estamos enfrentando para tratar de erradicar este ilícito”, detalló en Teleamazonass.
La eliminación del subsidio al diésel provocó protestas indígenas, que comenzaron el pasado 22 de septiembre y que han afectado de forma esporádica a unas seis de las 24 provincias del país.
En medio de las protestas, manifestantes en la provincia del Cañar atacaron con piedras el martes la caravana del presidente Daniel Noboa, tras lo cual el Gobierno denunció un intento de asesinato al jefe de Estado. “El nivel de agresión con el que se atacó la caravana, denota que esto fue un claro intento de asesinato y un acto de terrorismo en contra del primer mandatario”, dijo Loffredo.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), convocante de las protestas, tildó de “infundadas” las acusaciones y apuntó que el ingreso de la caravana presidencial “en una zona de resistencia” en la provincia de Cañar -donde Noboa entregaba beneficios a la población- “lejos de ser un accidente, constituye una provocación del Gobierno” para “justificar la represión”. EFE
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