ALERTA 

La vicepresidenta argentina Cristina Kirchner aprobó su agenda del martes 6 como si se tratara de un día ordinario. Reuniones herméticas y actividades formales en el Senado. Se asomará a la historia, que tanto la obsesiona, desde el cuadradito de un Zoom, para oír la sentencia del caso Vialidad. No espera otra cosa que una condena y así se lo hace saber a quienes la rodean.

Pero nadie que la conozca confunde su aparente desdén por el fallo con un gesto de resignación. A su lado se cocina desde hace días la respuesta política en todos los niveles a la decisión judicial que, de concretarse como vaticina el propio kirchnerismo, la obligará a relacionarse con la sociedad con el estigma de ser una condenada por corrupción.

Su círculo íntimo, liderado por la jerarquía de La Cámpora, tiene a su cargo de organizar la respuesta en la calle. Con Máximo Kirchner, Andrés Larroque y Wado de Pedro a la cabeza, han abierto un canal de diálogo con gremialistas, intendentes, piqueteros oficialistas y dirigentes de peso en el peronismo. Un comité de crisis que por ahora reniega de convocar formalmente una movilización. Prefieren jugar al 17 de Octubre y a la ilusión de lo espontáneo.

Los riesgos están a la vista. Quedó claro en la experiencia de agosto, posterior al alegato de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Aquellas protestas derivaron en la absurda “guerra de las vallas” en Recoleta y terminaron el día en que Fernando Sabag Montiel quiso asesinar a Cristina en la puerta de su casa. El despropósito afectó el ánimo de la vicepresidenta y también expuso la percepción de lo delicado que puede ser sostener en el tiempo la fantasía de una rebelión popular.

“En la calle puede haber un fogonazo de protesta, pero la resistencia principal va a ser institucional y política”, advierte un dirigente peronista que ha visitado a Cristina en los últimos días.

No hubo que esperar al fallo. Su decisión de ponerse al frente de la reconstrucción electoral del oficialismo e instalar la hipótesis de su candidatura presidencial es una consecuencia de la deriva judicial. “Es una persecución a todo el peronismo”, es el mensaje que traslada a una dirigencia que, en gran medida, la sigue por carencia de opciones. En su relato hay una Justicia que la quiere “muerta o condenada”, la fórmula que encontró para ligar las investigaciones por corrupción con el intento de asesinato del 1 de septiembre.

Recompuso la relación con el Movimiento Evita y mandó emisarios a hablar con todos los gobernadores del peronismo, en busca de sellar una paz oficialista antes de la sentencia. El episodio de salud de Alberto Fernández en Indonesia le dio la excusa para llamar al Presidente por primera vez en mucho tiempo. Aunque esa relación nunca volverá a será amigable, tiene la certeza de que él expresará su inmediata solidaridad si el fallo es el que ella descuenta.

Fernández percibe cómo se encogen sus apoyos. Su “resistencia” se desinfla. El acto más relevante de su semana fue inaugurar un techo en la estación La Plata. Los ministros con peso territorial se dividen entre los que ya lo abandonaron y los que coordinan sus pasos con el cristinismo. Basta oír el llamado a “expresarse en las calles” contra la sentencia que hizo ayer Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas y socio fundador de la ensoñación albertista.

Los piqueteros que fueron el último ejército con que contaba el Presidente están movilizados a raíz de la amenaza de la ministra Victoria Tolosa Paz de cortar planes sociales en apariencia mal otorgados. Emilio Pérsico, que es el número dos del Ministerio de Desarrollo Social, organizó el viernes una protesta contra sí mismo y después entró a la Casa Rosada para negociar con Fernández. El Presidente le hizo promesas conciliadoras. Se fue preocupado, a la luz de los antecedentes.

Cristina Kirchner cree que el impacto político de la sentencia terminará por desarmar el plan reeleccionista de Alberto Fernández. Ella quiere conducir sin rebeldías la oferta del oficialismo, en defensa propia. “Si pierde el grip, queda a merced de los jueces enemigos”, sintetiza una fuente camporista. Así entiende ella la Justicia: ni más ni menos que un juego de poder.

La operación la obliga a reinventar su discurso, como se vio en el Estadio Único de La Plata en el virtual lanzamiento de campaña de hace dos semanas. Le toca conectar con sus potenciales votantes desde dos vías. Una emocional, para los convencidos que empatizan con la teoría del lawfare y eligen creer en su inocencia. Otra racional, que llegue a los desencantados del kirchnerismo. A ellos les habla de la inseguridad que los abruma y les ofrece volver a los “años felices” de los únicos gobiernos que reivindica y que no incluyen al actual, como si fuera un accidente de la naturaleza.

Para que se sostenga el tinglado necesita que la economía dé alguna señal de mejora. Por eso en su entorno escuchan las preocupaciones que transmiten desde la cercanía de Sergio Massa sobre un potencial caos callejero al calor de una condena. La agitación social se sabe cómo empieza, pero nunca hacia dónde deriva. Hay conciencia en un sector del oficialismo del peligro de sacar a la gente a protestar en medio de un proceso inflacionario que deteriora aceleradamente el poder adquisitivo del salario. Y más si es diciembre, mes maldito.