BRASIL

Defensa alega que Lula está en prisión de manera ilegal

“Después de la conversación con Lula llevaremos al juicio de la ejecución un pedido para que se lleve a cabo su inmediata libertad en base al resultado del juicio del STF", dijeron los abogados.

Lula Da Silva brinda un discurso antes de ir preso. Foto: Reuters
Luiz Inácio Lula da Silva, el 6 de abril de 2018, poco antes de ser detenido por las autoridades y llevado a la cárcel. Foto: Reuters

La defensa de Luiz Inácio Lula da Silva solicitará a la justicia la libertad “inmediata” del expresidente brasileño después de conversar con él hoy viernes en la cárcel donde se encuentra preso desde hace un año y siete meses por corrupción y blanqueo de capitales.

Los abogados de Lula pedirán su excarcelación sobre la base de la decisión adoptada por el Tribunal Supremo de Brasil (STF), que determinó que la prisión de una persona condenada solamente en segunda instancia es inconstitucional.

“Después de la conversación con Lula hoy viernes llevaremos al juicio de la ejecución un pedido para que se lleve a cabo su inmediata libertad en base al resultado del juicio del STF”, señala un comunicado firmado por los abogados Cristiano Zanin Martins y Valeska T. Martins. Los letrados informaron que reiterarán ante la máxima corte del país el pedido de habeas corpus con el fin de anular el proceso contra Lula, condenado en tercera instancia a 8 años y 10 meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero.

De acuerdo con la defensa, el exjefe de Estado está encarcelado desde hace 579 días “injustamente” y de forma “incompatible” con la ley.

El Partido de los Trabajadores (PT), formación liderada por el expresidente , celebró la decisión del Tribunal Supremo.

“La decisión del STF es muy importante para fortalecer la democracia y la Constitución, en el momento en que son amenazadas por el Gobierno de extrema derecha en Brasil”, señaló la presidente de la formación, Gleisi Hoffmann.

De acuerdo con Hoffmann, la decisión del tribunal “reconoce”, después de 1 año y 7 meses, que el expresidente “fue preso durante todo ese periodo de forma ilegal, por una decisión política”.

“Esa crueldad termina aquí, pero seguiremos luchando por la verdadera justicia, que solo vendrá cuando sea anulada la sentencia ilegal de Sergio Moro”, el magistrado que le condenó en primera instancia y actual ministro de Justicia del Gobierno de Jair Bolsonaro.

Rechazo.

Los fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato advirtieron anoche que la prohibición por la corte suprema de ordenar penas de prisión antes de que se agoten todos los recursos legales amenaza al combate contra la corrupción y la impunidad.

“La decisión de revertir la posibilidad de la prisión en segunda instancia está en disonancia con el sentimiento de repudio a la impunidad y con el combate a la corrupción, prioridades del país”, expresaron los fiscales en un comunicado.

Afirmaron que la existencia de cuatro instancias judiciales “asociadas a un número excesivo de recursos” tiene como consecuencia “la demora y la prescripción, acarreando impunidad”.

Los fiscales de la operación, que llevó a la cárcel a decenas de políticos y empresarios de primer plano implicados en la trama, también consideran que la decisión del Supremo Tribunal “impactará a los resultados de su trabajo”, aunque aseguran que seguirán “buscando justicia en los casos en los que actúa”. (Con información de AFP y EFE).

Un tríplex lo llevó a la prisión

El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado como beneficiario de un apartamento vinculado a la adjudicación de obras a la empresa OAS.

La acusación que derivó en su procesamiento indicó que recibió un tríplex en un balneario de San Pablo para beneficiar a la constructora OAS con obras en la estatal Petrobras cuando aún era presidente de Brasil. El soborno fue valuado en 2,4 millones de reales (en valores actualizados), equivalentes a unos 750.000 dólares.

Lula fue absuelto de la acusación de que OAS también había pagado 1,3 millones de reales para conservar su acervo presidencial.

Pero Lula simepre ha negado los cargos y se considera un “preso político”, víctima de una manipulación judicial para impedirle presentarse a los comicios presidenciales de 2018, en los que resultó elegido el ultraderechista Jair Bolsonaro.

Su postura ganó fuerza cuando el presidente Jair Bolsonaro designó ministro de Justicia al juez Sergio Moro, emblema de Lava Jato y autor de la primera condena contra Lula.

El expresidente ve en esa designación una prueba de la parcialidad de Moro y exige la anulación del juicio.

El prestigio de Lava Lato se siguió erosionando con las filtraciones realizadas por el portal periodístico The Intercept Brasil sobre conversaciones que parecen mostrar connivencias entre Moro y los fiscales de la investigación.

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