Cuarto aniversario de las protestas en Nicaragua

TENSIÓN

Se cumplen cuatro años de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, en Nicaragua, y los familiares de las víctimas, así como la sociedad civil siguen pidiendo justicia.

En ese contexto la agencia de noticias AFP entrevistó al exembajador Arturo McFields, quien el pasado 23 de marzo llamó “dictadura” al gobierno de Daniel Ortega siendo representante de Nicaragua ante la OEA. Separado del cargo, McFields reflexiona ahora por vía telefónica desde Estados Unidos sobre la situación en su país con la AFP.

Hay que recordar que en una sesión de marzo del Consejo Permanente de la OEA McFields denunció la falta de libertades en Nicaragua, bajo la presidencia desde 2007 del exguerrillero Ortega y la vicepresidencia de Rosario Murillo, su esposa.

El 18 de abril de 2018 estallaron protestas contra Ortega que se extendieron por varios meses. Reprimidas por los cuerpos de seguridad, dejaron 355 muertes reportadas, decenas de presos y miles de exiliados, según organismos de derechos humanos. Fue el inicio de una crisis política que perdura.

En noviembre de 2021 Ortega, de 76 años y líder del izquierdista Frente Sandinista, logró un cuarto mandato consecutivo, con sus rivales y opositores detenidos -en condiciones “inhumanas” según McFields- acusados de complotar contra el gobierno.

Consultado sobre la situación en Nicaragua, McFields dijo a la AFP: “Mientras aumenta la delincuencia y el narcotráfico, la policía está persiguiendo, acosando a religiosos, a periodistas, a cantautores y a los pocos defensores de derechos humanos que quedan. Es una cuestión irracional. Pero toda muerte tiene su resurrección y creo que Nicaragua va a tener su Domingo de Gloria”.

Sobre los posibles siguientes pasos del gobierno, afirmó: “Que se atrevan a encarcelar líderes religiosos. Eso podría ser una nueva etapa de la represión. El año pasado el presidente dijo que en cualquier otro país los religiosos [críticos del gobierno] estarían presos (...) Los catalogó de terroristas”.

“Este año se ha continuado con las amenazas y sabemos que luego se concretan. Quiero creer que va a haber esperanza, la gente está cansada de tanta represión, los mismos funcionarios de gobierno, los policías, los militares”, agregó.

A su entender, hay un cansancio en la gente que en algún momento “se va a concretar en una manifestación de algo diferente (...) Yo soy la prueba viviente. Estaba dentro y me cansé. Me cansé de tanta crueldad, de tanto maltrato”.

Afirmó que “la represión es un bumerán. Cuando aumentas la represión y la crueldad eso te desnuda como dictador, y ya la retórica del imperio y de la CIA y de todas esas cosas que se suelen decir, se caen y demostrás que sos un dictador sin mayor carisma”.

“El gobierno logra aplacar estas inconformidades con las tres P: Prisión, prebendas y persuasión. La persuasión no se está usando mucho, las prebendas no hay, porque no hay cooperación venezolana, entonces lo que se usa es la prisión (...) A los funcionarios se les quita el pasaporte y esto se ha reforzado por lo que ha sucedido con mi caso”, afirmó.

Preguntado sobre quién llega el liderazgo: “En la cotidianidad Rosario (Murillo) es la que está más al frente. Pero cuando son decisiones de extrema envergadura, el presidente tiene la última palabra”, respondió.

En la entrevista, el exembajador aclaró que su estatus en Estados Unidos está en la transición hacia un asilo. “En mi país se me ha catalogado como un traidor a la patria (...) y si regreso me espera una celda en El Chipote (prisión policial donde están recluidos opositores)”.

¿Qué espera de la administración Biden? “Rogamos que extienda un estatus de protección temporal para los nicaragüenses que van huyendo. Que les permita ganarse la vida honestamente, porque la “migra” [autoridad migratoria] los puede regresar a un régimen de terror. Tenemos una situación de catástrofe institucional en Nicaragua. Esto es peor que un tsunami”, respondió a la AFP.

“Justicia y verdad. Eso es lo que queremos, que nos digan lo que pasó. A cuatro años de su muerte no hay ninguna persona detenida”, dice Álvaro Conrado padre de una de las víctimas de las manifestaciones de 2018.

Sumergido en una crisis política desde entonces, el gobierno ha ilegalizado a partidos opositores, a oenegés y a universidades donde se gestaron manifestaciones. No hay medios de prensa independiente, porque fueron clausurados.

Para el presidente Ortega, las protestas de 2018 fueron un intento de golpe de Estado que trató de replicarse antes de las elecciones en 2021. En días previos al aniversario del estallido social, la vicepresidenta Murillo, lo calificó como “una explosión infernal, malévola, maligna” y advirtió que “no habrá perdón ni olvido”.