ARGENTINA

Se los vio con el pelo corto y peinados prolijos. Todos vistieron pantalón largo. Se sentaron en dos hileras, de cara al juez y de espaldas a su abogado, con miradas clavadas en el piso casi a tiempo completo. Fríos algunos, golpeados en el ánimo casi todos. Y hasta con algún primer indicio de quiebre emocional. "En un momento lagrimeó", dijo un participante de la audiencia sobre el comportamiento de Máximo Thomsen, uno de ocho detenidos y acusado como coautor material del crimen de Fernando Báez Sosa, cometido el pasado 18 de enero en esa ciudad.

"Los días en prisión han hecho efecto", confió una fuente del caso que los tuvo bien cerca. Llevan casi cuatro semanas detenidos y más de quince días de encierro en un pabellón aislado dentro del sector de Alcaidía de la Unidad Penal N°6 de Dolores, a la que a primera hora de la tarde regresaron luego de enfrentar por primera vez al juez de Garantías, David Mancinelli; los abogados del particular damnificado y la fiscal Verónica Zamboni, que los acusa por un homicidio agravado por premeditación y les hizo escuchar de su propia boca que quiere que los ocho continúen presos hasta el momento del juicio.

El grupo que había sorprendido a agentes del Servicio Penitenciario por los aires de suficiencia con los que se movían durante los primeros días en comisarías, durante traslados a reconocimientos y en sus primeras horas en la cárcel, se muestra ahora como un puñado de jóvenes retraído, desolado, que recién en estas horas parece tomar conciencia que buena parte de sus vidas, quizás décadas, puede continuar tras las rejas. Solo dos de sus compañeros, Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, desde el lunes siguen el proceso en libertad.

"Ninguno de nosotros quiso que pasara lo que pasó", dijo Blas Cinalli, el único que habló. Fue la única respuesta a la propuesta que les hizo el magistrado para que expusieran sobre su actual situación, tanto en la causa como condiciones de alojamiento carcelario.

Habían llegado a las 8.30 acompañados por ocho agentes penitenciarios y otros cuatro, en este caso policías, que viajaban en las patrullas que oficiaron como escoltas en el recorrido desde Dolores a Villa Gesell.

En la sede del Juzgado de Garantías los esperaban con un refuerzo de custodia compuesta por personal de la Dirección de Operaciones Especiales del Servicio Penitenciario bonaerense. Los trajeron en un ómnibus con compartimiento estanco y descendieron dentro de un galpón, cuando ya estaba el portón cerrado y solo tenían vista al pasillo que los llevaba la sala de audiencias.

Hugo Tomei, su abogado, les había anticipado que participarían de esta instancia previa a la resolución de su situación procesal. Lo escucharon pedirle al juez que les permita un régimen de prisión domiciliaria. También escucharon a Fabián Améndola, representante de la víctima, advertir que insistirá para que se les agregue un segundo y tercer agravante: alevosía y matar por placer. No pudieron tomar contacto con sus padres, a los que recién podrán ver esta tarde, durante el horario de visita en la Unidad Penal N° 6 de Dolores.

Si bien la audiencia era pública y varios de ellos llegaron hasta el juzgado, la falta de espacio hizo que tuvieran que permanecer en un hall lindero sin escuchar cómo empezaba a definirse la continuidad o no de sus hijos en una cárcel.

Acusados y familiares tuvieron una despedida común: "Asesinos", les gritaron los vecinos que se acercaron al lugar con pancartas en las que pedían "justicia por Fernando" y "perpetua" para los autores del crimen