SITUACIÓN

La Corte Suprema de Justicia de Colombia pidió detener “de inmediato” la ola de violencia que erosiona las bases del Estado, luego de que el martes por la noche una turba incendiara el Palacio de Justicia de la ciudad de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca, que fue reducido a escombros.

“Los actos de violencia deben detenerse de inmediato”, expresó la Corte Suprema en un comunicado en el que “rechaza rotundamente” la destrucción del Palacio de Justicia Lisandro Martínez Zúñiga, de Tuluá, al igual que los ataques contra sedes judiciales en Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medellín, Neiva, Pasto, Popayán, Santa Rosa de Viterbo, La Plata, Villavicencio y en localidades del Cundinamarca.

Tuluá, situada 94 kilómetros al norte de Cali, capital del Valle del Cauca, vivió el martes una noche de terror por la acción de vándalos que, como parte de las protestas contra el Gobierno que ya duran 28 días, lanzaron cócteles molotov contra el Palacio de Justicia y luego impidieron que los bomberos llegaran a tiempo para controlar las llamas que consumieron la edificación.

“En momentos tan críticos como los que atraviesa el país, las sedes de la justicia son las casas de protección democrática de los ciudadanos. El fuego que las consume, como ocurrió en el ataque criminal al Palacio de Justicia de Tuluá, erosiona severamente las bases del Estado constitucional y atenta contra la materialización de los derechos de todos los ciudadanos”, manifestó la Corte.

El incendio del Palacio de Justicia en Tuluá trajo a la memoria de los colombianos el Holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido hace 35 años en pleno centro de Bogotá. En esa ocasión, el 6 de noviembre de 1985, un comando del Movimiento 19 de Abril (M-19) asaltó el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, tomando cerca de 300 rehenes, incluidos magistrados, con la intención de hacer un juicio político al presidente de entonces, Belisario Betancur.

Tras una noche de batalla en la que el palacio fue incendiado y reducido a ruinas, la crisis terminó con un saldo de 94 muertos, entre ellos once magistrados de la Corte Suprema, decenas de heridos y hubo once desaparecidos.