Una jornada de protestas contra la presidenta Dilma Rousseff fue convocadas para este domingo en todo Brasil, en momentos en que el país atraviesa un panorama económico complejo y la mayor investigación de corrupción de su historia.
Menos de tres meses después de iniciar su segundo mandato presidencial, la exguerrillera de izquierda, reelecta en octubre por un ajustado margen de 3%, se enfrenta a duras críticas por la situación económica —crecimiento magro hace cuatro años y ahora estancado, déficit de cuentas públicas y de balanza comercial, inflación elevada (7,7% en 12 meses), devaluación de 30% del real en 12 meses— y también por la gigantesca trama de corrupción descubierta en la estatal Petrobras.
Su popularidad cayó 19 puntos en febrero, a 23%, y en barrios ricos de São Paulo y otras ciudades del país su discurso del domingo a favor de un ajuste económico fue objeto de cacerolazos. Rous-seff fue luego abucheada en el Salón de la Construcción, también en la capital económica del país.
Rousseff ha indicado que las protestas son legítimas, pero aclaró que "la elección se terminó, hubo primer y segundo turno. Tercer turno de elecciones no puede haber(...) a no ser que se quiera una ruptura democrática".
Uno de los movimientos que convoca las protestas, Vem pra Rua (Ven a la calle), creado por empresarios que apoyaron al opositor Aécio Neves (PSDB) en el segundo turno de las elecciones, se declara "indignado con nuestra clase política" y dice que su meta "es instigar al pueblo brasileño a salir a la calle en busca de un país mejor", pero cree que aún no hay elementos para pedir el impeachment (destitución) de la mandataria.
"¡No vamos a militar más por la ganancia y la corrupción de estos militantes del mal!", dice un video colgado en su página de Facebook, mientras muestra imágenes del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, fundador del Partido de los Trabajadores (PT), alzando la mano de su sucesora Rousseff.
Brasil vive un clima político de gran incertidumbre luego de que la Corte Suprema autorizó la investigación de 47 políticos —incluidos 12 senadores y 22 diputados en funciones— por su supuesto involucramiento en la trama de sobornos y lavado de dinero de Petrobras. La mayoría pertenece al PT o a partidos que integran la coalición de gobierno. El Movimiento Brasil Libre, que defiende el liberalismo económico y el combate a la corrupción, sí reclama la destitución de Rousseff. AFP
Descontento popular