ESTADOS UNIDOS

Hoy el Senado de Estados Unidos se llevará toda la atención. Comienza el juicio político (impeachment) al expresidente Donald Trump, acusado de incitar el ataque al Capitolio el pasado 6 de enero a fin de evitar la certificación del triunfo del demócrata Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre.

Ayer lunes los abogados de Trump negaron que haya alentado la violencia, arremetieron contra los demócratas y volvieron a cuestionar la constitucionalidad del proceso.

El juicio a Trump, dijeron sus abogados, es un “acto político descarado” de los demócratas que pretenden “silenciar a un oponente político y a un partido minoritario”.

A no estar Trump ya en el gobierno, un fallo de condena en el juicio político le impediría presentarse para un nuevo mandato en 2024.

La acusación de “incitación a la insurrección” aprobada el 13 de enero por la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, se centró en el discurso de Trump a una multitud de seguidores poco antes de que muchos de ellos asaltaran el Capitolio, dejando 5 muertos.

Trump hablaba en un “sentido figurado”, sostuvieron sus abogados, cuando dijo a sus seguidores que fueran al Capitolio y “lucharan como locos”, mientras el Congreso certificaba la victoria de Biden.

El uso de Trump de la palabra “lucha”, señaló la defensa, “no podía interpretarse como un estímulo a los actos de violencia”.

“En su discurso estuvo notablemente ausente cualquier referencia o estímulo a una insurrección, un disturbio, una acción criminal o cualquier acto de violencia física”, escribieron sus abogados defensores Bruce Castor, David Schoen y Michael van der Veen. En el escrito de 78 páginas con los descargos dijeron que la Constitución “no prevé la impugnación de un ciudadano privado que no está en el cargo”.

“El Senado debe rechazar de forma sumaria este acto político descarado (...) Ceder al hambre de los demócratas por este teatro político es un peligro para nuestra república”, afirmaron los abogados.

“Se está pidiendo al Senado que haga algo patentemente ridículo: juzgar a un ciudadano privado en un proceso diseñado para expulsarlo de un cargo que ya no ocupa”, añadieron.

Si bien esta será la primera vez en la historia estadounidense que se somete a un juicio político a un expresidente que ya no está en el cargo, numerosos expertos en la Constitución del país, incluidos varios republicanos, han asegurado que ese proceso es legítimo.

Pero es casi improbable que este impeachment termine en una condena a Trump, puesto que para ello se necesitaría un mínimo de 67 votos (dos tercios del Senado), y los demócratas solo controlan 50 escaños de la cámara. Necesitarían que 17 republicanos votaran en contra Trump.

Además, solo después de una hipotética condena podría haber un voto en el Senado sobre una medida que de verdad tuviera consecuencias para Trump, ya que no puede ser destituido: su inhabilitación para ocupar futuros cargos políticos.

El veterano senador demócrata por Vermont Patrick J. Leahy será quien presida este impeachment a Trump, como se conoce en inglés al juicio político, a diferencia del primero, en el que hizo de árbitro el jefe del Tribunal Supremo, el juez John Roberts: el motivo es que Trump ya no está en la Casa Blanca.