Al presidente colombiano, Gustavo Petro, se le está haciendo cuesta arriba concretar sus prometidas reformas, pese a todas las vueltas que le ha dado al asunto para que se aprueben.
Por ejemplo, la consulta popular que Petro convocó sobre su polémica reforma laboral fue frenada este miércoles por el Consejo de Estado, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo de Colombia. Este organismo suspendió el decreto que convocó la consulta sobre la reforma laboral para el 7 de agosto.
El Consejo de Estado tomó la decisión de suspender el decreto al responder una medida cautelar presentada por 12 senadores, entre ellos el presidente de la Cámara Alta, Efraín Cepeda, que pidieron suspender los efectos jurídicos del Decreto 639 “al advertir que fue expedido sin el concepto previo favorable del Senado de la República”.
La Sala Quinta del Consejo de Estado admitió esta demanda que buscaba la nulidad del denominado “decretazo” y coincidió en que “previo a convocar al pueblo una decisión de transcendencia nacional, se requiere concepto favorable del Senado de la República, el cual, en efecto, en este preciso caso no existe”.
Uno de los demandantes, el senador Carlos Fernando Motoa, del partido opositor Cambio Radical, celebró la decisión de la alta corte e instó al Gobierno a “cambiar rápidamente de asesores jurídicos”.
“Se advirtió previamente que ese ‘decretazo’ era inconstitucional y lo que ha hecho el Consejo de Estado con la demanda que presentamos es respetar la separación de poderes y calmar los ánimos de dictador que ha mostrado el presidente Gustavo Petro”, declaró Motoa a la prensa.
En respuesta, Petro escribió en X: “Ni lo uno, ni lo otro. Ni el Consejo de Estado puede determinar inconstitucionalidad, ni necesito cambiar asesores porque tampoco ha dicho ilegalidad, solo una sala ha suspendido transitoriamente mi decreto que entregué a la Corte Constitucional”.
Petro firmó la semana pasada el decreto que convocaba una consulta popular sobre su reforma laboral, una medida que desató una oleada de críticas y demandas ante el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y otras instancias, por parte de opositores y juristas que la consideran inconstitucional al ser competencia del Congreso.
La convocatoria a la consulta popular por decreto presidencial fue la última carta de Petro para revivir su proyecto de reforma laboral, que había sido archivado en marzo por una comisión del Senado. Sin embargo, la reforma fue revivida a última hora y aprobada el martes por el pleno de esa cámara.
En mayo, el presidente solicitó a la Cámara Alta la convocatoria de una consulta popular para que fuera el pueblo el que decidiera sobre cambios en las leyes del trabajo, pero el pleno también hundió por poco margen esta propuesta, con 49 votos en contra y 47 a favor.
Tras esos reveses, Petro recurrió al llamado “decretazo” con el argumento de que se hizo “trampa” en la votación senatorial sobre la consulta y por eso decidió convocar una consulta popular a través de las urnas el próximo 7 de agosto, día en que cumple tres años en el cargo.
El futuro del decreto estaba principalmente en manos de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Registraduría Nacional, entidad que organiza las elecciones.
Sin embargo, el registrador nacional, Hernán Penagos, dijo que eran las altas cortes las que debían decidir si el organismo electoral organizaba la consulta o no.
“El Consejo de Estado debe decidir”, sentenció Penagos, quien agregó que “en la Corte Constitucional cursan once demandas de inconstitucionalidad”.
La reforma laboral
La reforma aprobada por el Senado incluye el aumento de dos horas diarias de recargo nocturno, que actualmente empieza a las 21:00 y fue fijado a las 19:00 horas, aunque el Gobierno quería que fuera a las 18:00. También prevé que el contrato de aprendizaje de los estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) tenga carácter laboral, garantiza los derechos sindicales y regula el trabajo en plataformas digitales.
La laboral es una de las múltiples reformas que ha presentado Petro en el Congreso, de las cuales solo han conseguido superar el trámite legislativo la tributaria y la pensional, mientras que las de salud o educación han sido rechazadas.
Ante la aprobación de la reforma laboral, algunos sectores empresariales han manifestado su preocupación por el impacto que pueda tener sobre la economía del país.
“La reforma laboral tuvo avances, pero aún quedan retos clave para evitar que Colombia quede atrapada en un modelo que promete mucho, pero difícilmente podrá cumplirse”, expresó en un video la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture. Agregó que los riesgos que enfrenta el país son “desincentivo al empleo formal, menor competitividad y flexibilidad, desconexión con nuevas formas de trabajo, distorsión del contrato de aprendizaje y puede haber el cierre de pequeñas y medianas empresas”.
“El llamado a quienes liderarán la conciliación es a construir una reforma con equilibrio, que no se desconecte de la realidad empresarial. Porque de lo contrario, el impacto será claro: menos empresas, menos empleo, menos inversión y menos futuro para el país”, dijo Lacouture.
La disputa entre Gobierno y oposición por la reforma laboral y la consulta popular ha calentado los ánimos, que se recriminan mutuamente en un ambiente creciente de polarización por el inicio del proceso para las elecciones legislativas y presidenciales del año próximo.
Presidente: “No resisto la traición del gabinete”
El presidente Gustavo Petro aseguró que se siente traicionado por su gabinete de ministros porque no dan los resultados esperados y puso como ejemplo de esa situación al departamento del Chocó, uno de los más pobres de Colombia. “¿Por qué me tienen al Chocó así, abandonado, como si ustedes fuesen (el expresidente Iván) Duque o el gobierno de la oligarquía? Yo no resisto un gabinete así, traicionando al presidente todo el tiempo, no puedo seguir así”, dijo Petro en una reunión de su gabinete de ministros que se prolongó hasta la medianoche del martes.
Con información de EFE