Maia Jastreblansky / La Nación (GDA)
El Gobierno argentino hizo esfuerzos durante toda la jornada por bajarle el precio al paro general organizado por la CGT, que contó con la adhesión de gremios importantes y tuvo acatamiento dispar, fundamentalmente porque el sindicato de los colectiveros no se sumó a la medida.

En la gestión de Javier Milei tildaron a la medida de fuerza como un problema de la “casta sindical”, se apalancaron en el movimiento que se registró en la calle de autos particulares y ómnibus y arremetieron: “El paro fue una lágrima. La percepción es que la gente está cansada de los gremios y que esto deja a la CGT en una posición endeble”.

Así lo transmitió una fuente del Gobierno que siguió de cerca el devenir del paro general, el tercero desde que asumió Milei. En la Casa Rosada, al inicio del día aseguraron que el paro “no alteraba” al Gobierno y ningunearon la medida laboral.

Además, construyeron una narrativa contra la “casta” de los líderes sindicales. “No nos cambia en nada el paro, no nos afecta. Lo único que hacen los gremialistas es perjudicar a los argentinos. Igual la jornada viene siendo bastante normal. Es irrelevante”, dijo un ladero del Presidente en Balcarce 50.

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Más tarde, el vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló: “Este es el paro de la casta sindical kirchnerista de los Moyano, que por tercera vez dejan sin trabajar a millones de argentinos. Dejan al trabajador sin tren ni subte mientas ellos se mueven en autos importados”.

La CGT, en rigor, tiene representación de Camioneros dentro de su triunvirato de conducción, a través de Octavio Argüello, que responde a Hugo Moyano, pero también suma a otras vertientes, con Héctor Daer, de la Sanidad; y Carlos Acuña, de las estaciones de servicio.

Adorni -que ayer suspendió su conferencia de prensa- aseguró tras una extensa reunión de gabinete en Casa Rosada que “es un paro que persigue intereses políticos y nada tiene que ver con los trabajadores”, y resaltó que “es el tercer paro que le hacen a Milei frente a los cero que le hicieron a Alberto Fernández”.

El Gobierno le puso cifras al paro y aseguró que “le cuesta 880 millones de dólares a los argentinos”. También difundió la línea 134 para denunciar “aprietes” para participar de la medida de fuerza.

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En la Casa Rosada, además, aseguraron que el Poder Ejecutivo les descontará los haberes del día a los empleados estatales que hayan adherido al paro general de la CGT. La medida, sin embargo, no se oficializó. Ni la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) recibieron notificaciones formales sobre esta resolución.

En el paro anterior, del 9 de mayo de 2024, el Gobierno le había lanzado la misma advertencia a los estatales. Las fuentes gremiales difieren sobre lo que ocurrió aquella vez. En un sector señalan que la medida no se efectivizó completamente y que muchos empleados se encontraron con su sueldo completo en la siguiente liquidación. En otro, advierten que sí se registraron los descuentos.

El paro de ayer generó una tensión inédita con la CGT. La Casa Rosada y la secretaría de Trabajo, que depende del Ministerio de Capital Humano, venían sosteniendo puentes de diálogo informales y además habían hecho convocatorias formales a reuniones bilaterales o tripartitas con las cámaras empresarias.

Un ladero de Milei chicaneó: “vamos a seguir hablando con los sindicatos porque hay muchas reformas pendientes. Está la reforma laboral y la revisión de aportes que van a los sindicatos que no tienen razón de ser”.

Ayer, la Comisión de Legislación Laboral de Diputados inició una serie de reuniones informativas para discutir diversos proyectos que contienen reformas laborales. Las iniciativas en danza apuntan a eliminar la llamada “cuota solidaria”, el descuento aplicado a los salarios de los trabajadores -estén afiliados o no- y que financian las cajas sindicales. Este punto había sido motivo de tensión entre el Gobierno y la CGT apenas se inició la gestión de Milei.

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