La justicia penal económica de Argentina dictó una medida drástica contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El juez Diego Amarante citó a declaración indagatoria al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, bajo la sospecha de haber omitido el pago de aportes de la seguridad social y retenciones impositivas de jugadores y empleados. Ante la gravedad de los hechos y la severidad de las penas en expectativa, el magistrado dispuso además la prohibición de salida del país para ambos directivos, con el fin de asegurar su comparecencia en el proceso.
La investigación se centra en una presunta apropiación indebida de tributos, donde la AFA habría actuado como agente de retención sin depositar los fondos correspondientes al fisco en tiempo y forma.
Según la denuncia impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el monto bajo investigación asciende a un total de $19.353.546.843,85 (alrededor de US$ 13,89 millones). Esta cifra se compone de una denuncia inicial por $7.593.903.512,23 y una ampliación posterior que sumó otros $11.759.643.331,62, lo que refuerza la hipótesis judicial de que estos fondos podrían haber sido utilizados de manera irregular como una herramienta de financiamiento interno de la asociación.
Las fechas clave de las audiencias y los directivos implicados
El cronograma judicial establecido por el juez Amarante comenzará el próximo 5 de marzo de 2026, fecha en la que deberán presentarse representantes de la Asociación del Fútbol Argentino y el propio Claudio Fabián Tapia a las 10:30 y 12:00 horas, respectivamente. La ronda de declaraciones continuará el 6 de marzo con el tesorero Pablo Ariel Toviggino, mientras que el 9 de marzo será el turno de los directivos Víctor Blanco Rodríguez (presidente de Racing) y Cristian Ariel Malaspina (presidente de Argentinos Juniors). La medida también alcanza a Gustavo Roberto Lorenzo, completando el cuadro de sospechas sobre el manejo de los recursos de la seguridad social.
La acusación de ARCA y otras causas abiertas
Para el organismo recaudador del Estado nacional, la maniobra representa un abuso de la confianza depositada por la ley, al no ingresar al sistema previsional el dinero descontado a los trabajadores y proveedores. No es el único frente judicial que asedia a la calle Viamonte: la AFA también enfrenta investigaciones por posible lavado de dinero en Lomas de Zamora, vinculadas a una presunta administración fraudulenta por el desvío de fondos cobrados en los Estados Unidos. Asimismo, se mantiene bajo la lupa el posible uso de testaferros en casos de encubrimiento que involucran directamente a la figura de Toviggino.
Por Hernán Cappiello, La Nación/GDA
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