Argentina: Cámara de Diputados aprueba en general la Ley de Bases; en qué consiste el proyecto

La Nación/GDA
La Cámara de Diputados argentina aprobó en general, con 142 votos positivos, el proyecto de Ley de Bases -también conocida como Ley Ómnibus-, promovido por la gestión de Javier Milei. La discusión llevó casi 20 horas de debate continuo; y los legisladores pasaron a discutir en particular el articulado.

Luego de que se resuelva el articulado, el proyecto deberá ser discutido en el Senado, donde el oficialismo argentino está en desventaja.

La iniciativa contó con el apoyo del bloque del Pro, como así también del grueso de los bloques de la UCR, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica. A ellos se sumaron los ocho diputados de Innovación Federal, que representan a los gobernadores de Misiones, Río Negro y Salta, y Osvaldo Llancafilo, del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

En la vereda contraria a la inciativa se apostaron los diputados de Unión por la Patria, de los bloques de izquierda y Natalia De la Sota (Córdoba Federal). En tanto, los radicales Facundo Manes, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pablo Juliano optaron por la abstención, junto a Mónica Frade (Coalición Cívica).

Foto: Fabián Marelli/La Nación/GDA.

La nueva versión de la Ley de Bases es más acotada que la que se presentó en el diciembre pasado, que naufragó por falta de consenso.

El nuevo proyecto incluye la declaración de la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, como así también la facultad para reorganizar, fusionar o disolver organismos de la administración central.

Ante los reparos de la oposición sobre este último punto, el oficialismo accedió a exceptuar de una eventual disolución a una quincena de organismos públicos. Aún así este artículo promete generar una fuerte discusión en el recinto.

Asimismo, la iniciativa incorpora una reforma laboral que apunta, fundamentalmente, a flexibilizar las condiciones de contratación por parte de las empresas: extiende a seis meses el período de prueba para los nuevos trabajadores, plazo que se puede prolongar hasta ocho meses y un año para las pyme, según su tamaño.

Además, se elimina el cobro de multas por el trabajo mal registrado y habilita a las empresas a crear un Fondo de Cese Laboral, un mecanismo alternativo al actual régimen de indemnizaciones.

Por otra parte, el proyecto incorpora un ambicioso Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para proyectos de montos superiores a los US$ 200 millones, al tiempo que declara sujetas a privatización a una decena de empresas del Estado, entre ellas Aerolíneas Argentinas.