El escándalo producido por el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA -que fue promovida en redes sociales por el presidente argentino, Javier Milei, y que tras dispararse durante menos de una hora se desplomó abruptamente, dejando pérdidas millonarias- cumplió ayer sábado un año y la causa judicial aún no registra citaciones a indagatoria ni declaraciones de los imputados.
El expediente, que tramita en el Juzgado Federal N°8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi y tiene intervención del fiscal Eduardo Taiano, casi no ha avanzado aunque hay varias personas denunciadas, entre ellas el propio mandatario, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y empresarios vinculados al proyecto. Hasta el momento, el juez ha convocado a ninguno de los imputados a prestar declaración indagatoria, el paso procesal que formaliza la imputación y habilita la defensa ante los cargos.
En enero, la Sala I de la Cámara Federal ordenó actualizar en un plazo de 90 días los montos de los embargos dispuestos contra el empresario estadounidense Hayden Davis y los argentinos Mauricio Novelli (señalado como nexo entre Davis y Milei) y Manuel Terrones Godoy (socio de Novelli), que habían sido fijados inicialmente en torno a los 37 millones de pesos (unos 26.056 dólares).
La medida respondió a un planteo de la querella encabezada por el abogado y dirigente opositor Juan Grabois, que cuestionó la insuficiencia de las sumas trabadas. La Justicia también debe resolver si acepta como querellantes a dos ciudadanos bielorrusos que aseguran haber perdido más de dos millones de dólares al operar con el token.
En paralelo, existe una causa en Estados Unidos ante la jueza Jennifer Rochon, en el Distrito Sur de Nueva York.
A fines de enero, Clarín publicó un acuerdo confidencial firmado el 29 de enero de 2025 entre Milei y Davis, por el cual este último ofrecía asesoramiento “ad honorem” en blockchain e inteligencia artificial al Estado argentino. El pasado 14 de febrero, Milei hizo una publicación en redes en apoyo al lanzamiento de $LIBRA, y afirmó que se dedicaría a “financiar emprendimientos y pequeñas empresas en Argentina”.
Tras el posteo el precio subió de forma abrupta, antes de desplomarse y horas después, el mandatario borró el mensaje y afirmó no estar “interiorizado” en el proyecto.
Miles de inversores denunciaron haber perdido dinero al apostar por ese activo tras un mensaje publicado en el perfil del mandatario.
Un año después, la causa sigue sin avances sustanciales y sin indagatorias fijadas, según documentos.
“Terrorismo”
En otro orden de temas, siempre en Argentina, el gobierno de Milei presentó una denuncia por terrorismo ante la Justicia Federal por los incidentes registrados el miércoles en la protesta contra la reforma laboral frente al Congreso, en la que fueron detenidas 71 personas.
La acusación fue impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional y encuadra los hechos bajo la Ley Antiterrorista, que prevé penas agravadas cuando los delitos se cometen con la finalidad de sembrar terror o condicionar decisiones de autoridades públicas. “El accionar ilícito que denuncio tuvo por finalidad generar un escenario de terror en la ciudadanía argentina, atentar contra miembros, poderes y estructuras edilicias federales y locales, y deponer o bien inhibir el funcionamiento del Congreso”, dice el documento presentado por el representante del Ministerio, Lisandro Franco.