Argentina: sobrevuela fantasma de la censura

Había estado el escritor que dice que "la presidenta se habla encima". En su portal de Internet, Jorge Asís fue el primero en develar la presunta relación entre el vicepresidente Amado Boudou y la turbia empresa calcográfica que se aprestaba a imprimir moneda argentina. Y cuando el programa fue abruptamente interrumpido, el exjefe de gabinete criticaba duramente a un gobierno que conoce desde adentro. "La presidenta dijo que eliminó la Convertibilidad. Falso. Lo que eliminó fueron los artículos que puso Néstor Kirchner", explicaba Alberto Fernández en referencia a la reforma del Banco Central. Aún faltaba otro entrevistado: el exCNN Alberto Padilla, quien twiteó que hubo una llamada del ministro de Planificación De Vido exigiendo al dueño del canal C5N, Daniel Hadad, que levantara la audición. Eso fue lo que pasó minutos después, entonces sobrevino el escándalo.

Quizá nunca se sabrá con certeza lo ocurrido en el programa de Marcelo Longobardi, un periodista crítico, respetado y con gran audiencia. Si la salida del aire fue por sobrepasar su horario, como explicó Hadad sin aclarar porqué no fue emitida a la madrugada la habitual repetición del programa, la negligencia queda en el empresario, quién debió prever semejante consecuencia. Si el corte fue por una presión gubernamental, lo que sorprende es el pésimo cálculo de los censuradores, que terminó multiplicando las críticas que se pretendía silenciar.

Pero no sorprende la censura en sí misma, porque en Argentina hace tiempo se la ejerce desde el poder, aunque de maneras no convencionales. Al fin de cuentas, negar publicidad oficial a medios críticos, mientras se inunda con dinero público las arcas de los medios oficialistas, es una arbitrariedad que castiga la disidencia. Así lo entendió la Corte Suprema, al dictaminar una pronta corrección que el gobierno de Cristina Kirchner jamás cumplió.

La otra modalidad de censura es la creación de un dispositivo periodístico que realiza ataques personalizados contra los formadores de opinión que cuestionan la administración kirchnerista.

En la televisión estatal y en medios privados financiados por el gobierno, hay programas que ridiculizan y estigmatizan a los periodistas críticos. El objetivo de este aparato de descalificación sistemática, no puede ser otro que silenciar por amedrentamiento a quienes denuncian corrupción y autoritarismo en la estructura del poder.

Si existen a la vista de todos estas modalidades de censura encubierta, por qué descartar que, en un rapto de negligencia, el gobierno haya provocado un acto censurador tan impresentablemente convencional.