Argentina: regreso de mapuches a tierras usurpadas

Por Paz García Pastomerlo /La Nación (GDA)
Diversas voces se alzaron en contra del acuerdo alcanzado el viernes en la sede de la ex Esma, por el que el Estado nacional se comprometió a reconocer el “rewe” como sitio sagrado de la comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi. Entre otros puntos, el acuerdo -que representó una ratificación de un consenso alcanzado en febrero en Buenos Aires- habilita a que cuatro mujeres de la comunidad mapuche detenidas hace casi ocho meses regresen al predio sobre la ruta 40, del que fueron desalojadas en octubre de 2022.

La medida beneficia a Luciana Jaramillo, María Celeste Ardaiz Guenumill, Romina Rosas y Betiana Colhuan -considerada “machi” o líder espiritual-, todas integrantes del Lof Lafken Winkul Mapu, detenidas junto a sus hijos en un operativo conjunto de fuerzas federales y provinciales.

Las cuatro fueron procesadas por la jueza Silvina Domínguez, quien elevó a juicio la causa el 6 de enero pasado por el delito de usurpación y dispuso prisión domiciliaria para las mujeres a cumplir junto a sus hijos en una casa comunitaria de Bariloche, lejos de su comunidad, una condición que fue cuestionada por organismos de derechos humanos, referentes gremiales y abogados.

Diego Frutos, presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, consideró que “se trata de un nuevo absurdo, una nueva atrocidad pergeñada por lo que queda del inescrupuloso Presidente de la Nación, que en su retirada quiere despedirse dejándole un caos social al futuro gobierno”.

“Si esta situación, nula de toda nulidad, realmente se llevara a cabo, el mensaje para el resto de la ciudadanía sería: ciudadanos, salgan a delinquir, usurpar, saquear, incendiar propiedades y atacar con violencia a las personas, que el Gobierno Nacional los premiará con las mejores tierras dentro del parque nacional”, expresó Frutos.

Y añadió: “Los vecinos de Villa Mascardi hemos esperado pacientemente durante 5 años el inicio del juicio a los usurpadores encapuchados y, una vez que se inició, el Presidente le encomendó a [Horacio] Pietragalla ordenarle al juez [Hugo] Greca que lo detuviera para instalar las famosas ‘mesarasas’ de diálogo en las que los vecinos de Villa Mascardi, los verdaderos perjudicados, siempre fuimos dejados de lado”.

Diego Frutos, de la Asociación Vecinal de Villa Mascardi, cuestionó el acuerdo que selló Pietragalla con las comunidades mapuches. Por su parte, John Grehan, propietario de La Escondida, una casa incendiada en 2015 y usurpada en 2017 en Villa Mascardi, opinó: “Los funcionarios nacionales no dejan de asombrarnos con sus fantasías delictuales. [El secretario de Derechos Humanos] Pietragalla se arroga la potestad de reconocer por parte de la Nación Argentina como cierta esta fantasía de la banda delictiva y a Betiana Nahuel como médica y persona con privilegios únicos. Todo ello contradiciendo lo afirmado, luego de 5 años de investigaciones, por el Poder Judicial, al cual de modo prepotente silencia impidiendo se lleve a cabo el juicio oral iniciado”.

Además de reconocer el “rewe” como sitio sagrado de la comunidad mapuche, el Estado se comprometió a dar cesión de uso a la machi “a fin de que pueda ejercer sus tareas espirituales y medicinales para todas las comunidades mapuche tehuelche”. En el predio de Parques Nacionales se construirán tres “rukas” o casas, y se les otorgará “permiso de uso”.

Asimismo, se acordó que la Comunidad Lafken Winkul Mapu se reubicará en otras tierras -distintas a donde se ubica el rewe de Villa Mascardi- “cuya localización será analizada en el marco de la mesa de diálogo de las próximas semanas”, informó la Secretaría de Derechos Humanos.

El diputado nacional por Juntos Somos Río Negro Agustín Domingo también repudió la decisión del Gobierno “de avalar el regreso de integrantes de la violenta agrupación Lafken Winkul Mapu a las tierras que usurparon en Villa Mascardi y de las que fueron desalojados el año pasado”.