ANALIZARÁN LA PROPUESTA

“Sorpresa” en autoridades de Canelones por la idea de llevar isla a ese departamento

Sociedad de Arquitectos del Uruguay se opone, al igual que la Intendencia de Montevideo, al proyecto, aunque el oficialismo insiste en apoyarlo.

Intendencia de Canelones. Foto: Darwin Borrelli.
Intendencia de Canelones. Foto: Darwin Borrelli.

El proyecto MVD 360 -que plantea la creación de una isla artificial cercana a la rambla del barrio Punta Gorda- sigue dando que hablar. La idea, presentada por la empresa Jirkel S.A. cuenta con el beneplácito del gobierno, que la aceptó mediante la firma de un decreto, y fue calificada por Juan José Olaizola, subsecretario de Transporte, como “de gran porte”. Se trata de un proyecto que sería financiado totalmente por capitales privados, insumiría aproximadamente US$ 2.300 millones y las obras se llevarían a cabo en diez años.

Desde que fue presentado, el proyecto recogió cuestionamientos y objeciones por parte de autoridades de la Intendencia de Montevideo, que a través del director de Planificación, Luis Oreggiani, alertó que no veía “viable” la concreción de MVD 360. El tema también fue debatido entre expertos en arquitectura y urbanismo.

Ayer la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU) se pronunció mediante un comunicado institucional. En el mismo, la organización afirmó querer contribuir a la discusión pública realizando una serie de comentarios. Entre ellos, que la ciudad, conceptualmente, “es permanencia y cambio”, y esta organización da cuenta de esa noción señalando el ejemplo de la propia construcción de la rambla como hecho fundamental en la historia de Montevideo.

Sin embargo, la SAU no considera que MVD 360 sea una “innovación”, sino que se trata de la “copia de un modelo que se transfiere desde otros países con realidades muy diferentes, tanto sociales como económicas que lejos de aportar al mejoramiento de los problemas de Montevideo, más bien puede empeorarlos y generar otros”.

La SAU también se hace una serie de preguntas en el comunicado, como ser: “¿Es necesario crear un nuevo suelo urbano?”, y señala que “Montevideo dispone de áreas vacantes diseminadas en la enorme extensión de su planta urbana dotada de todos los servicios”.

Otra pregunta que da pie para que dicha organización exponga su punto de vista es quiénes son los destinatarios de dicha iniciativa. De acuerdo a los impulsores, el proyecto va a contar con grandes áreas de espacios públicos “absolutamente abiertos a todos los montevideanos”, a los que se le sumarían una serie de 36 lotes privados, pero que estarían rodeados “en todos los casos” de espacios públicos.

Al respecto, la SAU sostiene que “la población de Montevideo no solo no crece, como sucede en todo el país, sino que particularmente puede registrar en un futuro inmediato tasas negativas. Salvo que se piense en importar población, un emprendimiento radicado en un solo punto de la ciudad determinaría un corrimiento de población que hoy habita en otros lugares, con el consiguiente perjuicio en la calidad de vida y sostenibilidad económica para las zonas que se abandonan”.

Ayer, además, el diputado del Partido Nacional Alfonso Lereté, propuso que MVD 360 se trasladara a la costa de Canelones, dada la declaración -por parte de las autoridades municipales- de la nula viabilidad del emprendimiento por parte de la administración de Carolina Cosse. El diputado exhortó al ministro de Transporte y Obras Pública, José Falero, a “considerar la posibilidad” de llevar MVD 360 hacia Canelones. En la comuna canaria, la idea de Lereté causó sorpresa, dijo a El País el coordinador del Gabinete Territorial Sergio Ashfield.

El jerarca declaró que las autoridades de Canelones quieren analizar la propuesta impulsada por inversores privados en los marcos regulatorios y normativos de Costa Plan por un lado, y Plan Costa de Oro por el otro. “El primero regula la urbanización en lo que tiene que ver con Ciudad de la Costa, y el segundo abarca desde Salinas hasta Jaureguiberry”.

Además, señaló que también debe considerarse la legislación y regulación nacional, no solo departamental. Por esas razones, se excusó de dar opiniones y señaló que la comuna canaria no contaba con ningún documento oficial para estudiar.

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