Es histórica la disputa por la icónica zona rocosa de Punta Ballena entre la Intendencia de Maldonado y privados que son dueños de parte de los terrenos, algo que ya laudó la Suprema Corte. Luego de que los privados le ganaran a la comuna, se acordó una transacción donde ellos dieron una parte del terreno a cambio de que se les permitiera construir. Ese convenio se aprobó dos veces en la junta departamental y ahora espera el aval ambiental.
-Hay instalada una idea errónea de que la icónica zona rocosa de Punta Ballena es una zona pública cuando, en realidad, una parte son terrenos privados. Del área privada, ¿de cuánto es usted el dueño?
-Estimo que debe rondar el 85%. El resto está distribuido entre cuatro líneas de descendencia de Antonio Lussich -el doctor Eduardo Carrera Hughes tiene mayor porcentaje, y me acompañó en todo este proceso. Por otra parte, hay otros propietarios -no recuerdo en qué proporción cada uno- que heredaron su parte de un señor que compró poco más del 1% a uno de los herederos (N. de R.: de Lussich).
-¿Cómo surge la idea de construir un complejo residencial de 29 terrazas con 320 apartamentos en una superficie total de nueve hectáreas en este punto icónico de Uruguay?
-Cuando comencé a participar en el condominio, el proyecto había sido elaborado por el arquitecto Julio Plottier por el año 2005 o 2006 porque había un intermediario inmobiliario que decía tener un cliente árabe que estaba interesado en el negocio. Presentamos esta vieja iniciativa cuando iniciamos la negociación con la Intendencia de Maldonado porque lo que más nos interesaba era que nos aprobaran los índices constructivos y no tanto el diseño interior de cada departamento.
-¿Cambiaría el proyecto de darse la habilitación ambiental?
-Sí porque creo que el mercado cambió. Hoy la gente no va tan solo en temporada, mucha gente de tercera edad lo ha tomado como una suerte de Miami del Río de la Plata y se instalan para vivir. Por ende, quieren placares más grandes para que les entre la ropa de invierno y de verano, vestidores, cochera integrada, doble vidrio, y otras cosas.
-¿Cuál sería la inversión económica del proyecto?
-Estimo que el costo de construcción debe rondar los US$ 2.500 el metro cuadrado, por lo cual estaríamos hablando de una inversión de US$ 100 millones. Depende de cómo se desarrolle el proyecto, pero serían entre 70 y 100 obreros; y una ocupación indirecta que me resulta difícil estimar pero obviamente alguien va a hacer la carpintería, los placares, la electricidad, etcétera. Además, el municipio va a tener un flujo impositivo interesante durante toda la vida del complejo. Así que son muchos los beneficios que trae aparejada la aprobación del proyecto (por parte del Ministerio de Ambiente) y no se advierten cuáles serían las ventajas de hacer lo contrario.
-Hacer lo contrario sería no aprobarlo...
-Hacer lo contrario sería no aprobarlo y nos llevaría al punto en el que estábamos después del fallo de la Suprema Corte de Justicia, donde el paso posterior a la sentencia era iniciar el trámite de ejecución de sentencia. Y ese trámite, en este caso, es simplemente intimar a la parte ocupante a que desaloje el predio y le haga entrega del mismo al legítimo propietario.
-Cuando ideó el proyecto, ¿se imaginó que iba a tener un fuerte rechazo de parte de la academia y la sociedad? Se presentaron más de 11.000 consideraciones al Ministerio de Ambiente, hubo una audiencia pública en la que se criticó el proyecto, y un duro informe hecho por los docentes del Centro Universitario Regional del Este (CURE) de la Universidad de la República.
-No, francamente no. Me sorprendió... Me sorprendió sobre todo porque no tuve una oposición en la Junta Departamental de Maldonado. Participé de las reuniones de los bloques del Partido Nacional y Frente Amplio, y respondí preguntas de los ediles y asesores. Recuerdo, además, que uno de los miembros del Frente Amplio me felicitó por el acuerdo al que habíamos llegado porque preservaba los intereses públicos de la manera que no imaginaba que se podía alcanzar. Me había quedado con esa idea y, a su vez, tengo convencimiento de que es una solución que preserva razonablemente intereses del sector público y privado. Todo lo demás es destrucción de valor. Sería francamente una picardía.
-Una de las críticas en el informe del CURE es que habrá una afectación del paisaje que será irreversible de un “ícono paisajístico nacional e internacional”. ¿Para usted eso es un problema?
-No coincido porque, si hay algo que hacemos, es preservar el paisaje. La gente que circule o transite por la ruta panorámica (que atraviesa la península) tendrá la misma vista que tiene hoy. Y respecto del carácter icónico del lugar, lo comparto, pero tengo bien presente la frase de uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia que integró el voto de la mayoría. Este comentó que, a su pesar, tenía que reconocer que este espacio era propiedad de los herederos de Antonio Lussich, y que la única manera de que los uruguayos sigan disfrutando en comunidad de este lugar, tal como está contemplado en el ordenamiento jurídico, es un instituto de expropiación. Es un instituto que no quiero, porque si lo hubiera querido, hubiera iniciado el trámite de ejecución de sentencia hace muchos años. Negocié de muy buena fe con todas las personas, y tengo la conciencia tranquila de que traté de sacar adelante un proyecto que fuera equilibrado y le cayera bien a la sociedad uruguaya. Si esto no es así, la verdad me apartaré del proyecto y otro continuará con este tema. A Punta del Este voy a disfrutar de mis vacaciones. No tengo ganas de pelearme con la gente, de pleitear. Pensé que estaba haciendo un favor, que estaba dando una resolución muy razonable a un problema que ya existía. El fallo (de la Suprema Corte de Justicia, de 2001) ya era un hecho y estaba firme. En fin, se quedarán con las mejores siete hectáreas de las 17 que estaban en juego (en la negociación).
-Ustedes hicieron un estudio para rever la cantidad de hectáreas.
-No eran 17 hectáreas. Nosotros intentamos hacer una mensura en 2011 y contratamos a un agrimensor, quien determinó que el predio en cuestión en realidad tiene 19 y pico de hectáreas, pese a que el anterior agrimensor -que había registrado el plano en el año 48 del siglo pasado- había determinado una superficie de 169.000 metros cuadrados. Evidentemente es una superficie muy irregular y, por los instrumentos tecnológicos de ese momento, es una diferencia absolutamente explicada.
-Volviendo al informe del CURE, los académicos también dicen que “se perderán dos especies a nivel global, pues existen solo en Punta Ballena”, y que se “producirán cambios drásticos sobre la fauna terrestre y marina”.
-La única manera de que esa flora (que se quiere preservar), sea preservada, es aprobando el proyecto. De lo contrario, quedará librado a la buena de Dios y la fauna exótica (garra de león) seguirá invadiendo el predio. En cuanto a la fauna marítima, no entiendo por qué los peces se van a ver afectados por los edificios que construya y no por Casapueblo, que está al lado. Francamente no me entra en la cabeza.
-El informe de CURE, además, dice que “existe una incompatibilidad entre la convivencia” del proyecto con la visita turística dado que entienden que la “calidad de la experiencia se verá afectada”. Y que también impactaría en el entorno porque es una zona utilizada para recreación por los vecinos. ¿Cuál es su mirada sobre este efecto que tendría el proyecto?
-Que no es correcto, que es exactamente todo lo contrario. Para empezar, se preservan (de manera pública) tres miradores, uno al este, otro al oeste y otro al sur. También se preserva un acceso a Casapueblo que no existiría de otra manera. Creo que he mencionado los cuatro sitios de mayor interés turístico de la zona. Así que, si no sale el proyecto, desaparece como lugar de interés turístico. La única manera de que el turismo pueda seguir aprovechando esto es que se apruebe el proyecto.
-Al momento, el Ministerio de Ambiente aún evalúa si la construcción es ambientalmente sostenible. ¿Qué esperan que responda, dado que continúan las evaluaciones y aún no se dio una respuesta?
-Espero que el ministerio contemple todas las cuestiones que tiene que contemplar, que son obviamente el trabajo que han llevado adelante sus técnicos, las leyes que regulan el funcionamiento del organismo, todo el ordenamiento legal uruguayo, empezando por la Constitución y finalizando por el fallo de la Suprema Corte de Justicia. Resolverá qué es más conveniente para Uruguay, si aprobar o desaprobar. Creo que desaprobado sería un grave error.
-¿Cómo ha sido el vínculo con el Ministerio de Ambiente? ¿Cuándo fue la última vez que se reunieron?
-El año pasado tuvimos una reunión muy concurrida con los técnicos, el ministro (Robert Bouvier) y los propietarios (de estas hectáreas).
-¿Qué acciones se evalúan hacer si el Ministerio de Ambiente no les da la autorización ambiental?
-Nos colocaría en la situación, después del fallo de la Suprema Corte de Justicia, de que quien sea propietario de ese predio iniciará el trámite de ejecución de sentencia.
-¿Y qué podría pasar?
(Interviene el abogado de Carballo, Paul Arrighi).
-Cuando vos tenés un fallo en tu contra (como es en este caso la Intendencia de Maldonado), tenés que cumplirlo voluntariamente. La patología es que no cumpla la sentencia, para lo cual existe un procedimiento: la ejecución de sentencia. A mi juicio, si (el convenio) se cae, el Estado debería cumplir voluntariamente -y de manera inmediata- la sentencia porque, si no lo hace, es muy grave. Y, como el Estado uruguayo es de derecho y es respetuoso de la ley y jurisprudencia, esperamos que así actúe. Y si así no actúa se tendrá que pedir la ejecución de la sentencia.
-En caso de que no les den la autorización ambiental, ¿pensaría cerrar esos predios al acceso público o los vendería?
-Le repito: voy a Punta del Este a descansar, no voy a pleitear. Así que, en el orden personal los pondría en venta y seguramente alguien con afán de litigar, los comprará y continuará con las acciones legales. Acciones legales que son muy sencillas porque es un trámite de ejecución de sentencia, no es que hay que hacer un juicio. Esto ya está terminado desde el punto de vista jurídico.
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