Redacción El País
Adónde van a vivir los y las migrantes pobres que entran a pie por la frontera seca? ¿A dónde van quienes salen del sistema penitenciario y rompieron sus vínculos familiares? ¿A dónde van los jóvenes trans que hasta el día de hoy son expulsados de sus casas?

Con estas preguntas disparadoras comienza el informe “Habitar las pensiones”, elaborado por el Municipio B, donde se analizan los subsidios transitorios entregados a pensionistas durante la emergencia sanitaria por covid-19, para que no perdieran su derecho a la vivienda. Allí figura que, a través de su Plan de Pensiones, esta alcaldía destinó $ 5.637.000 al pago de vouchers. Y que la Intendencia de Montevideo (IMM) generó un fondo de $ 6.000.000 con el mismo objetivo.

Sin embargo, el estudio pretende ser más que una mera presentación de datos, según sus autores. También muestra las condiciones impuestas en algunos establecimientos -donde el propietario puede llegar a cerrar con candado la habitación hasta no haber recibido el pago del inquilino- y la descoordinación que hay desde hace décadas entre los tres niveles de gobierno.

“Quisimos poner la lupa y encontrar el ‘lado b’ del Municipio B. Un municipio 100% urbanizado parecería que no tiene esos problemas de concentración de la vulnerabilidad, pero la vulnerabilidad está dispersa. Quisimos hacer un aporte, tomando medidas pero también llamando a la reflexión colectiva”, indicó a El País Silvana Pissano, la alcaldesa del Municipio B, donde se concentra el 75% de las pensiones capitalinas.

Un censo realizado por el Servicio de Convivencia Departamental de la IMM, en 2020, reveló que hay 5.000 habitantes de pensiones, una población que supera la de varias ciudades y localidades del interior. Y que, de ese total, 56,4% tiene un ingreso mensual menor a $ 5.000.

Por eso, para Pissano sigue siendo “un tema muy invisibilizado en la agenda política” y falta una mirada global de todas las instituciones. Ya que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial está obligado, por la Ley 18.283, a controlar que los establecimientos cumplan con una serie de condiciones.

Al día de hoy, el Servicio de Convivencia Departamental de la IMM está haciendo un seguimiento de 217 denuncias “por establecimientos sin regularizar”. Además, el informe consigna que desde 2020 a la actualidad fueron clausurados 30 locales, 155 declararon el cese de su actividad, hubo 512 denuncias y se aplicaron 473 sanciones.

Además, como había adelantado El Observador, el documento identifica la dificultad que tienen las autoridades departamentales para fiscalizar. No solo se encuentran con resistencia a las inspecciones, sino que la clausura -que es un proceso administrativo- no necesariamente implica el desalojo de la finca, y son muchos los que permanecen en el lugar pese a la sanción.

A esto se suma una complicación adicional, consignada en el documento: “No se cuenta con antecedentes de decisiones judiciales favorables respecto a las denuncias efectuadas por la Intendencia de Montevideo” cuando se viola la clausura.

La alcaldesa del Municipio B, que en la pasada administración capitalina dirigió el Departamento de Desarrollo Urbano, espera que este documento sea una hoja de ruta para tomar medidas. “Se necesita avanzar en la mejora de este tipo de establecimientos. Es inminente que formen parte de una política socio-habitacional”, indicó.

“Habitar las pensiones” cuenta no solo con los aportes del municipio y de la IMM, sino también de la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo, el Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay y la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

Todas estas instituciones, de una forma u otra, se involucraron en el proceso de entrega de subsidios. Como fruto de esta articulación, nació una nueva institución: el colectivo Vivimos en Pensión, que busca sumar fuerzas y ser la voz de los pensionistas.

Según Pissano, las denuncias presentadas ante el municipio, la comuna y la Defensoría no siempre parten de los pensionistas. A veces también son de los vecinos de estos establecimientos, por un sinnúmero de razones.

María tiene más de 60 años, hace tres décadas que vive en pensiones y se sumó recientemente al Colectivo Vivimos en Pensión.

Nacida en Sayago como varón, asumió su identidad de género a los cinco años y “a los treinta y pico” abandonó el hogar.

Hoy es parte de las personas transgénero o no binarias que recibieron un subsidio de la IMM durante la pandemia, que representaron 3% del total de beneficiarios.

Si bien actualmente reside en una pensión ubicada en La Aguada, durante mucho tiempo lo hizo en una de Palermo.

“Primero pagaba el alquiler y más adelante quedé como limpiadora. Estuve nueve años pagando y otros 11 haciendo tareas a cambio de una habitación. También hice alguna limpieza en casas de familia, pero cuando vino la pandemia mucha gente dejó de convocar. Entonces me manejaba sin sueldo. Para comer iba a una iglesia, al mediodía, y de noche a una olla popular. Tenía la tarjeta del Mides (Ministerio de Desarrollo Social) para comprar alguna cosa. En pocas palabras, vi- vía sin dinero”, contó María a El País.

Ella tiene la expectativa de que la nueva asociación les permita a los pensionistas tener más garantías frente a los encargados de los establecimientos.

Aunque también tiene dudas: “Desde siempre manda el dueño. Apenas entrás, en todos los lugares hay un papel con una lista de condiciones: ‘Esto no se puede, esto no se puede, esto no se puede’. Y todas, en general, son a favor de ellos”.

En estos 30 años, pocas cosas cambiaron en el relacionamiento entre los dueños y los inquilinos. Aunque, después de pensar un rato, María dijo que “tal vez” se acepte más a las personas transexuales o afrodescendientes, que antes eran rechazadas.

“En Palermo pasó varias veces que si no podías pagar, se quedaban con las cosas y las vendían. Directamente tenían un puesto de venta ahí. Y si no, se manejaban con prepotencia y llamaban a la Policía para que te sacaran”, rememoró.

María, que abandonó el sistema educativo en segundo de liceo, actualmente paga $ 11.500 al mes por la pieza en la pensión de La Aguada, donde convive con otras 20 personas. Es poco el dinero que le queda en el bolsillo después de cumplir con el pago, dijo, pero también planteó que tiene conocidos que desearían poder acceder a una pensión y se tienen que contentar con los refugios, ya que ni siquiera pueden pagar la cuota mínima.

Como otras mujeres transexuales, a quienes las ofertas laborales no les sobran, cuando era más joven María apeló al trabajo sexual. “Era como una ayuda, pero no era que me dedicara solo a eso. Lo usaba como un complemento, pero trataba de no vivir de eso”, dijo.

En las distintas estadías, el trato con los demás huéspedes siempre ha sido pacífico, independientemente de cual fuera la pensión de turno. “Soy una persona que, si me tratan con respeto, también trato con respeto. Hay personas que siempre andan con problemas y la cara larga, pero no es mi caso”, expresó.

El lunes pasado, cuando en el salón Luisa Cuesta de la Facultad de Ciencias Sociales se presentó el informe, Ana Agostino, la vicepresidenta del Instituto Latinoamericano del Ombudsman, señaló que “hay una deuda histórica de las políticas públicas, además de una falta de asunción de las competencias” de cada actor involucrado en el control de las pensiones.

Pissano entiende que en estos tres años de gestión han instalado en el Municipio B “un mecanismo de participación para la definición, el control y el seguimiento de la política pública con transparencia”.

Un planteo similar hizo en la introducción del documento: “Nuestra política municipal intenta en todas sus dimensiones poner a las personas en el centro y eso requiere aportar a la visibilidad de las desigualdades, de la exclusión, del desarraigo, de las violencias e incertidumbres que muchas personas viven en nuestros barrios, promover acciones que cuiden su habitar para que puedan permanecer en las zonas centrales y construir trayectorias y proyectos de vida individuales y colectivos, como parte de una ciudad diversa y democrática.

Por otro lado, el censo de la IMM también revela otros indicadores. En total se registran 407 establecimientos, de los cuales 155 se encuentran cerrados y 30 fueron clausurados. Cerca del 75% de los establecimientos habilitados están en condiciones aceptables, buenas o muy buenas. Pero aproximadamente un 25% se sitúa en una condición “regular o mala” de acuerdo con la última inspección, realizada en 2022, apuntó el informe. Estos casos corresponden a fincas antiguas con patologías edilicias recurrentes como humedades, revoques caídos o falta de ventilación, iluminación e higiene.

De acuerdo al relevamiento de la IMM, la mayoría de los pensionistas son uruguayos (57,57%). Entre los extranjeros, las nacionalidades preponderantes son la cubana, venezolana, dominicana, colombiana, peruana y brasileña, en este orden.

En tanto, un 65% de los residentes tiene entre 18 y 65 años, mientras que 21% supera esa franja y 7% no alcanzó la adultez. Hay un 7% restante del que no se dispone datos.

En cuanto al género, 58% de los consultados se identificó como varón y 39% como mujer. No se dispone de este dato para el 3% del universo censado.