En 1989, al momento de su inauguración, la Cárcel de Mujeres tenía 33 reclusas. El número se mantuvo constante en los años siguientes. En 1993, había allí 39 presas. Ya para 1997 eran 96, y en 2000 sumaban 240. Poco más de dos décadas después, las mujeres en el sistema penitenciario uruguayo se habían quintuplicado y hoy hay 1.033 mujeres privadas de libertad. Se trata del máximo histórico registrado en el país, al que deben sumarse otras 700 mujeres que están hoy cumpliendo pena a través de algún tipo de medida alternativa a la prisión.

El 86% de las mujeres presas tiene condena firme y más de la mitad de los casos (51%) es por delitos vinculados al tráfico de drogas. Solo dos de cada diez están presas por rapiña y un 7%, por homicidio.

Estos datos corresponden al "Diagnóstico sobre la situación actual, las principales problemáticas y necesidades de las mujeres privadas de libertad en el Uruguay", que este martes se presentó en el Parlamento. Se trata de un estudio inédito en su tipo, que estuvo a cargo de la Consultora Nómade y la organización civil Vida y Educación en el marco del proyecto Crisálidas, financiado por la Unión Europea y cofinanciado y ejecutado por la Universidad CLAEH.

El estudio, al que accedió El País, indica que ocho de cada diez mujeres presas hoy en Uruguay tienen menos de 39 años de edad. Dos de cada diez tienen entre 19 y 24 años.

Además, según el informe, el 38% son primarias. En la mayoría de los casos, provienen de los estratos menos favorecidos y más vulnerables de la sociedad. Su nivel educativo está promedialmente por debajo de la población en general. El 36% de las mujeres presas cuentan apenas con educación primaria y el 74% no llegó a completar el primer ciclo de enseñanza media. En estos casos, la educación terciaria es prácticamente inexistente. Las carencias educativas se agravan entre las mujeres que cumplen pena en alguna cárcel del interior del país.

Los relatos recogidos para el estudio coinciden en que uno de los principales detonantes para su incursión en el delito fue el inicio del consumo de sustancias psicoactivas. También aparecen allí relatos de una situación familiar desfavorable durante su infancia y adolescencia para la continuidad educativa y el desarrollo positivo de sus trayectorias de vida. Solo el 37% provienen de hogares biparentales. El 30% venían de hogares monoparentales en tanto el 13% formaban parte de familias extendidas.

El 68% de las mujeres que están presas hoy tuvieron en el pasado y por cierto tiempo algún tipo de trabajo remunerado, en la mayoría de los casos en tareas de limpieza, atención al público, fábricas o como niñeras o asistentes de personas dependientes. En la mayoría de los casos se trató de "changas" temporales o trabajos informales. Los relatos coinciden en condiciones laborales precarias y la obligación de recurrir a otras fuentes de ingreso para sustentarse. Allí aparecen el trabajo sexual, el contrabando y la venta de drogas como opciones para conseguir dinero "fácil y rápido".

La mitad de las mujeres que trabajaban antes de estar presas estaban desocupadas al delinquir y se encontraban en la informalidad o no tenían empleo en los dos años anteriores a caer presas. El 5% declaró haber vivido en algún momento en la calle y que, además, tenían a otros familiares en esa situación. El 10% dijo además tener algún integrante de su núcleo familiar también preso.

Según el estudio, en promedio, las mujeres privadas de libertad tienen a cargo 2,65 hijos cada una, mientras la media nacional se ubica en 1,88. Solo una de cada diez no tienen hijos. Por el contrario, el 32% tienen cuatro o más hijos. Las proyecciones indican así que unos 2.500 niños tienen a su madre a o su referente materna en prisión.

Entre las mujeres en prisión se destaca el fenómeno de la maternidad temprana. El 42% tuvo su primer hijo en la adolescencia, y una cantidad similar antes de los 24 años.

Otro dato revelado por el estudio indicó que el 38% de las mujeres presas tienen hijos mayores de 18 años de edad. De ellos, el 23% también está preso.

Crisálidas se presenta como un proyecto de inclusión para mujeres privadas de libertad. Financiado por la Unión Europea y cofinanciado por la Universidad CLAEH y varias organizaciones sociales, dice buscar contribuir a mejorar de forma integral la situación de vulnerabilidad y las posibilidades de reinserción de las mujeres que pasaron por una cárcel, desde un enfoque de derechos y de género.

El estudio también se encargó de analizar cuáles son los temores y desafíos que esperan estas mujeres cuando salgan de prisión. Como primera dificultad, se mencionó el temor a "no conseguir empleo" que, junto al de "no poder estar con mis hijos", fueron mencionados en el 77% de las respuestas. El temor a no encontrar un medio de vida al salir de la cárcel fue, en realidad, una constante en toda esta población. El 39% dijo temer que esta posibilidad le signifique tener que ir a vivir a la calle.

Por otra parte, el 29% dijo "no haber pensado" en su futuro fuera de prisión. Visto por edades, las jóvenes de entre 18 a 24 años mencionaron la necesidad de "becas y pasantías" de estudio o de trabajo. Las que tienen entre 18 y 39 mencionaron su deseo de acceder formación profesional mientras que el "acceso a la vivienda" se visibiliza como una necesidad para las mujeres de entre 30 y 39 años. El 54% apuntó al Estado como la principal esperanza para proveer esas necesidad, y el 28% a la familia.