CIUDAD VIEJA

Martínez sobre bancos de la Plaza Zabala: "Después la gente se acostumbra"

"Veremos si la gente las termina incorporando como propias y disfrutándolas", dijo el exintendente de Montevideo en relación a las denominadas "estaciones de descanso".  

Estaciones de descanso de cara a las viviendas, con espacio para plantas en el centro. Foto: Francisco Flores
"Estaciones de descanso" con espacio para plantas en el centro. Foto: Francisco Flores

El precandiato frenteamplista Daniel Martínez se refirió este miércoles a la polémica que se generó luego de que la Intendencia de Montevideo colocara en Ciudad Vieja las llamadas "estaciones de descanso", que son bancos colocados sobre la calle. Sobre todo generó rechazo la presencia de estos elementos en los alrededores de la Plaza Zabala

"Mayoritariamente parecería ser que no gustan, pero bueno, siempre pasó. Después la gente se acostumbra", dijo Martínez y recordó la polémica que se generó en el momento en que se construyó la Plaza 1° de Mayo, ubicada en el barrio Aguada. "Ahí entran valores muy personales de cada uno", indicó el precandidato. 

Martínez consideró además que es importante que haya intervenciones urbanas y que se apunte a generar modificaciones con el objetivo de mejorar la ciudad. 

"Veremos si la gente las termina incorporando como propias y  disfrutándolas", dijo el exintendente. 

La instalación de bancos continuará, según la Intendencia. Foto: Francisco Flores
La instalación de bancos continuará, según la Intendencia. Foto: Francisco Flores

El nuevo equipamiento urbano que se está instalando en el entorno de la Plaza Zabala despertó la oposición de vecinos y juicios contrarios de especialistas en arquitectura y urbanismo.

Desde la Intendencia de Montevideo se dijo a El País que continuarán colocándose los bancos o estaciones de descanso de acuerdo a lo previsto para esa zona y otras de la Ciudad Vieja

Durante unos meses habrá un "monitoreo" de costos y beneficios del impacto físico y ambiental y de “la intensidad de uso”, todo lo cual derivará en un conocimiento más certero de la pertinencia o no de la intervención que ronda los $ 14 millones, según el gobierno departamental. 

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