La Unión de Sindicatos Policiales envió una carta a Orsi para denunciar una " injusticia" en las asignaciones por insalubridad

En un contexto marcado por la inseguridad y la muerte reciente de efectivos policiales en servicio, la Unión de Sindicatos Policiales (USIP), integrada por SUPU y SIPOLNA, dirigió una carta abierta al presidente Yamandú Orsi, para denunciar lo que considera una “grave injusticia” en la asignación de compensaciones por insalubridad en el sistema penitenciario.

El planteo surge después de la aprobación de la Ley de Presupuesto Quinquenal, que asignó al Ministerio del Interior -a través del Instituto Nacional de Rehabilitación- una partida anual de 20 millones de pesos destinada a la “Compensación por Insalubridad”. No obstante, la normativa incluyó únicamente a los funcionarios de los escalafones S, A, B y C, dejando por fuera al escalafón L, correspondiente al personal ejecutivo que cumple tareas en los mismos establecimientos y bajo las mismas condiciones que los policías beneficiados.

La USIP sostiene que esta exclusión carece de fundamento técnico y jurídico, ya que la insalubridad no depende del escalafón presupuestal, sino del tipo de tareas realizadas, del nivel de exposición al riesgo y de las condiciones de trabajo. En la misiva afirman que la medida vulnera el principio de igualdad ante la ley y el criterio de “a igual tarea, igual remuneración”, además de afectar la cohesión interna entre trabajadores que comparten responsabilidades y riesgos. Según el relato sindical, la situación también compromete la moral institucional al generar diferencias que consideran arbitrarias e injustificadas.

La carta advierte que el Ministerio del Interior no constituye un interlocutor válido en este punto, dado que sus autoridades informaron a los gremios que la exclusión del escalafón L fue una decisión del Legislativo tomada sin consulta al Ejecutivo. Por esa razón, los sindicatos apelan directamente a la intervención del presidente.

En ese marco, la USIP solicita a Orsi la convocatoria urgente a una reunión para analizar el caso, la elaboración de un informe técnico que fundamente la medida y la revisión inmediata de la asignación, de modo que la compensación por insalubridad se extienda a todos los funcionarios que efectivamente desempeñan tareas insalubres en los centros de reclusión, sin discriminar por escalafón.