EFECTOS COLATERALES

Inmigrantes en Uruguay: 180 pedidos de techo y comida por día al Mides

El Ministerio de Desarrollo Social no paró de atender las llamadas de extranjeros acuciados por un plato de comida o un techo: 180, en promedio, cada día.

Hay 21 inmigrantes, entre ellos tres niños, que fueron forzados a desalojar una pensión irregular en Río Negro y Uruguay. Foto: Francisco Flores
Hay 21 inmigrantes, entre ellos tres niños, que fueron forzados a desalojar una pensión irregular en Río Negro y Uruguay. Foto: Francisco Flores

El trepidar de un teléfono, de esos 0800, es el sonido más evidente de la desesperación que asalta a miles de inmigrantes. La última semana, con la pandemia por el nuevo coronavirus en curso, el Ministerio de Desarrollo Social no paró de atender las llamadas de extranjeros acuciados por un plato de comida o un techo: 180, en promedio, cada día.

Primero fue el “virus chino”, como lo tildaron, y que llevó a la discriminación de buena parte de la población asiática. Después fue la prohibición del ingreso de pasajeros de algunas nacionalidades, como si el coronavirus tuviese partida de nacimiento. Más tarde fue el cierre de fronteras, que para el caso uruguayo redujo la movilidad humana a la mitad en el acumulado de marzo y que hizo aflorar el término “varados”. Y luego, el coletazo económico de una crisis que se empeña, con especial énfasis, con los migrantes.

Entre los más de 70.000 pedidos de subsidio por desempleo que recibió este mes el Banco de Previsión Social, el 41% correspondió al comercio, alojamiento y servicios de comida; áreas en las que se emplea mayormente la inmigración reciente. Eso sin contar a los trabajos más precarios e informales.

Para muchos de estos recién llegados al país, “no trabajar un día significa no comer”, dice el abogado Juan Ceretta. A veces, incluso, redunda en quedar de patitas en la calle.

A la pensión de Río Negro y Uruguay, en el corazón del Centro montevideano, se entra por una cortina metálica, de esas de comercio que se cierran con candado por fuera. Decir “se entra” parece un chiste de mal gusto. Porque “unos matones” fueron a desalojar a la fuerza, sin orden policial y mucho menos judicial, a los 21 inmigrantes que allí residían.

Dorgelys Vázquez (42 años, cubana, con 14 meses de residencia en Uruguay) fue despedida el viernes de la confitería en la que se empleaba. Antes, antes de que la crisis bajara las ventas que obligaron a su despido, juntaba lo suficiente para “picotear algo” y pagar los $ 11.000 mensuales que le cobraban la pieza en esa céntrica pensión. Ahora, ahora que los inquilinos dejaron de pagar al enterarse que la finca era ilegal y que los “matones” los fueron a desalojar, iniciará un recurso de amparo y denuncia penal (por privación de libertad y justicia por mano propia) con el auspicio del abogado Ceretta.

“Cuando los cubanos entramos por la frontera (con Brasil) llegamos sin un centavo y sin garantías bancarias para un alquiler regular”, cuenta Vázquez con el malestar de quien pasa horas sin agua y sin luz. “Hay quienes se aprovechan de nuestra situación, incluso de los tres niños que viven con nosotros, nos cobran carísimo por algo que no está registrado en los organismos oficiales”. Y, cuando una gota derrama el vaso, viene el desalojo.

Juan Ceretta, docente del Consultorio Jurídico de la UdelaR. Foto: Francisco Flores
Juan Ceretta, docente del Consultorio Jurídico de la UdelaR. Foto: Francisco Flores

El Poder Judicial tramitó 1.178 desalojos en Montevideo el año pasado. Pero esta cifra es “solo la punta del iceberg”, dice Ceretta. “Estos desalojos no incluyen aquellos que se dan por la sola orden policial, como ocurre en pensiones regulares, y mucho menos las expulsiones de las varias pensiones irregulares, y muchísimo menos aún de las estafas”, enumera el docente universitario en una especie de categorización de los problemas habitacionales que padecen los inmigrantes.

Las autoridades uruguayas estiman que los problemas habitacionales de los extranjeros se evidenciarán más cuando venza este mes de pago. Mientras, “los pedidos más recurrentes son por alimentación”, dice Luisa Rodríguez, directora de Promoción Sociocultural del Mides. En este sentido, la dependencia que ella comanda venía acostumbrada a asesorar en la regulación de documentación y ahora pasó sus esfuerzos a la contingencia alimenticia.

Según Tania Pacífico, representante de la Organización Mundial para la Migraciones en Uruguay, “preocupa mucho que se estén viendo estas consecuencias recién a las dos semanas de haber iniciado la pandemia en el país”.

Naciones Unidas visualiza que “este será un fenómeno de largo plazo” y que “con seguridad reconfigurará la movilidad humana”. Pero las consecuencias exactas, aún son impredecibles. Pacífico prefiere centrarse en el hoy: “hay gente sin vivienda o en pensiones hacinadas cuya distancia social es muy difícil, hay gente sin dormir bien, sin comer o sin la higiene básica, hay gente varada y gente que puede pensar que el distanciamiento implica discriminar al otro”.

“Estoy desesperada y sufriendo las consecuencias de mi exilio”

“Me siento horrible: me fui a los 18 años escapando de la situación precaria de Venezuela y encontré en Montevideo mi nueva y hermosa casa. Uruguay me recibió con los brazos abiertos y hasta pude empezar allí la facultad. Ahora estoy perdida nuevamente en la casa de mis padres, a quienes viene a visitar en Venezuela, sufriendo las consecuencias de mi exilio y, peor aún, con apagones de tres a ocho horas sin previo aviso. Los alimentos escasean además de mis ahorros. Estoy desesperada por volver”.

Valeria López reside en Uruguay hace dos años y medio. En el verano la despidieron y, tras el cobro de la indemnización, fue a visitar a sus padres. Debía retornar el 17 de marzo, dos días después de que el gobierno de Nicolás Maduro decretase el cierre de fronteras. Quedó varada.

La pandemia por COVID-19 modificó la movilidad humana. En Uruguay mismo, en donde cada marzo entraban al país unos 500.000 pasajeros y salía una cifra apenas inferior, este año se redujo a la mitad, según cifras preliminares de la Dirección Nacional de Migraciones.

“En todo el mundo”, dice Tania Pacífico, representante de OIM en Uruguay, “las poblaciones desplazadas son las más vulnerables y a veces la salud pública sirve como excusa para limitar aún más la movilidad”.

La Cancillería uruguaya, sin embargo, emitió el lunes un decreto en el que se justifica el ingreso fronterizo por razones humanitarias. Este gesto, elogiado por Naciones Unidas, permite el refugio en el país de quienes están siendo perseguidos en sus orígenes.

Pacifico concluye: “Ningún país puede ver esta crisis sin contar con todos y sin que importen por igual todos”.

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