Iniciaron 28 sumarios a fiscales y se dispusieron 15 sanciones en seis años: los motivos

Desde que pasaron al centro de la luz pública con el cambio del Código del Proceso Penal, los fiscales sufren críticas con relativa frecuencia. A veces, por parte de los políticos, otras de los propios abogados e incluso de usuarios en las redes sociales. Algunas de esas críticas llegan a ser acusaciones graves o incluso pedidos de sanción. Los números muestran, sin embargo, que la mayoría de los sumarios que la Fiscalía abrió en los últimos seis años son por motivos diferentes.

Entre 2020 y 2025 se llevaron adelante 28 sumarios contra fiscales. Los motivos más repetidos son: faltar a trabajar o no cumplir con tareas propias del cargo, faltarle el respeto a otras personas o el ejercicio de actividades o funciones incompatibles con el cargo. Del total de sumarios, 15 terminaron en sanción, tres aún se encuentran en trámite y los otros diez terminaron con un resultado favorable al fiscal investigado, puesto que se determinó que no incurrió en ninguna falta.

En estos seis años, ningún fiscal fue destituido. La sanción más abultada fue de cuatro meses de suspensión sin goce de sueldo y fue dispuesta en 2024 a un fiscal del interior del país. Se lo investigó a la luz de una serie de artículos que refieren a las obligaciones de los fiscales a conocer y cumplir las leyes, tratar bien y respetuosamente a los funcionarios, ir diariamente a trabajar, concurrir a sus obligaciones como son las audiencias y actuar éticamente.

Los sumarios se llevan adelante por abogados del Departamento de Jurídica, que luego hacen una recomendación al jerarca de turno, que es quien toma la resolución final. En estos seis años, tres personas ocuparon el sillón de fiscal de Corte y tuvieron la potestad de decidir. Entre 2020 y octubre de 2021 estuvo el último titular, Jorge Díaz. En el primer año, abrió ocho sumarios (tres terminaron en sanción, uno se clausuró por fallecimiento y en los otros cuatro no se encontró responsabilidad) y en el segundo, tres. Ese año, hubo sanción en un solo caso.

Luego de su renuncia, asumió el cargo -como subrogante- el exfiscal de Homicidios Juan Gómez. En 2022, él inició cinco sumarios y todos terminaron con sanción para el fiscal investigado. El año siguiente, abrió tres e impuso sanción en dos casos. A fines de 2023, Gómez comenzó una licencia médica extensa y asumió el cargo la fiscal de Drogas Mónica Ferrero.

Ella estuvo al frente de la Fiscalía durante 2024 -salvo por cinco semanas en las que volvió Gómez- y en 2025. Durante el primer año de su gestión, abrió cuatro sumarios. Dos terminaron en sanción, uno está en trámite y en el cuarto se exculpó al fiscal. En 2025, dispuso el inicio de otros cinco. Dos de ellos están en trámite y los tres restantes terminaron con un resultado desfavorable para los fiscales.

Aunque la mayoría de los sumarios dispuestos pasaron por debajo del radar de los medios y fueron a fiscales anónimos para el gran público, hay otros de los que se habló por semanas en los medios de comunicación.

En este quinquenio, el primero de ellos fue el que Juan Gómez inició contra el entonces fiscal de Delitos Sexuales, Raúl Iglesias, en 2022. La indagatoria fue por dos motivos. Por un lado, la denuncia del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República en el marco del caso del Cordón. Los defensores de la denunciante aseguraron que Iglesias contó en los medios que pediría la domiciliaria para los imputados, que en ese momento estaban presos, antes que a la joven. Por otro, el fiscal había dicho en una entrevista que había archivado 300 casos en pocos días.

Gómez dispuso cuatro meses de suspensión para Iglesias. El fiscal llevó el caso al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que en 2025 determinó que estuvo bien sancionado por el primer caso, pero mal por el segundo. Debido a ello, la Fiscalía debió readecuar la sanción a tres meses.

El año pasado, cuatro de los cinco sumarios iniciados tuvieron repercusión mediática. Uno de ellos, fue el que se abrió contra la exfiscal del caso Penadés, Alicia Ghione, por su actuación en otro caso de abuso sexual. Los abogados de una denunciante de violación intrafamiliar la acusaron de haberles dicho que iba a imputar a los señalados como agresores, para luego archivar el caso sin aviso. Los fiscales tienen el deber de mantener a las víctimas informadas en todas las etapas del proceso. Ghione también recibió varias denuncias por parte de los abogados de Gustavo Penadés, motivos por los que se dispusieron investigaciones administrativas, pero no decantaron en sumarios.

Ferrero también inició un nuevo sumario contra Iglesias para saber si el fiscal violó la reserva a la que está obligado. En el programa Santo y Seña mostraron la captura de un documento referente a una denuncia de abuso sexual contra el hijo de la fiscal Alicia Ghione. Fiscalía rastreó a través del sistema quién había ingresado a esa carpeta y había sido Iglesias. Él denunció que fue hackeado. El sumario aún se encuentra en trámite.

Este año resultó sancionada -informó El Observador- la exfiscal del caso Besozzi. Stella Alciaturi fue castigada con 10 días de suspensión de su cargo y la correspondiente retención del sueldo por haber compartido publicaciones en redes sociales en contra del Partido Nacional. En una de ellas, se refería a esa colectividad política como “blancos pillos”. Los fiscales deben abstenerse “de participar en cualquier acto público o privado de carácter político, salvo el voto”. Alciaturi recurrirá la decisión.

Por último, Ferrero sumarió y sancionó a la directora del Departamento de Cooperación Internacional, Gabriela Aguirre, con 15 días de suspensión luego de descubrir que aportaba a la Caja de Profesionales. Los fiscales tienen prohibido trabajar de cualquier otra cosa salvo la docencia y no pueden ejercer liberalmente la profesión, por ende, no deberían de aportar a esa caja. Aguirre explicó que ella ya había aportado durante muchos años antes de ingresar a Fiscalía y siguió aportando para no perderlo. A su vez, denunció violación del secreto tributario puesto que entiende que la Caja nunca debió haber proporcionado ese dato a la institución.

En los casos mediáticos, a los fiscales les resulta relevante si cuentan o no con el apoyo público de la jerarquía y en las circunstancias actuales, en las que no hay un fiscal de Corte titular, eso es más complicado, explicó la nueva presidenta del gremio de fiscales, Claudia González. “Si hay un fiscal de Corte interino y se enfrenta a que todo el mundo diga que hay determinada irregularidad, puede pensar: ‘Hagamos una investigación para que no sigan diciendo que acá hay algo’. Es bastante lógico”, razonó.

“Ahí, si la investigación determinara que no hubo irregularidad, se podría decir: ‘Bueno, acá no había nada’, pero en el interín la persona sufre”, expresó y agregó: “No se lo achaco a Ferrero. Es porque no hay un titular, porque eventualmente esa persona podría decir ‘esto se hace así’ y tiene el respaldo político”.

Contó que desde la época de Díaz, han pedido a los fiscales de Corte que se respalde a los fiscales y que si, luego de una investigación, se determina que cometió un acto que no debió haber cometido, se sancione. “Lamentablemente, por ahora nunca lo hemos conseguido”, dijo.

La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) ofrece a sus asociados un servicio de abogados para representarlos en los sumarios. La idea, explicó el expresidente Willian Rosa, era que a la carga de tener que pasar por esa indagatoria no se sumara el costo económico de tener que pagarle a un profesional. La actual presidenta, González -que asumió en diciembre pero en la directiva anterior era secretaria- acotó que la asociación asiste al sumariado siempre que ese asociado lo pida directamente. “No nos enteramos del 100% de los sumarios”, indicó.

Rosa dijo que, cuando comenzaron a tener este servicio, él estaba “en contacto permanente” con los abogados para que le hicieran “una devolución” de cómo se desarrollaban los procesos. “Me explicaban que muchas veces había errores formales, pero que no hacían a la cuestión, no eran por ensañamiento”, aclaró. González contó que el actual director de Jurídica del Ministerio de Educación y Cultura había hecho un comentario similar.

Desde la Fiscalía aseveraron que se cumplen con todas las instancias formales, respetando los derechos de los sumariados. El País relevó un único sumario anulado desde 2020, el de Iglesias. Antes de esa fecha, sí existieron otras anulaciones.