Robaron más de 800 cámaras valuadas en 90 mil dólares de un depósito: participaron empleados y un policía

La Justicia condenó al último de los imputados en el caso que investigó a una banda de delincuentes que robó 838 cámaras de seguridad de un depósito en Zonamerica. Se trata de un empleado de la empresa en cuestión que obtuvo su sentencia a través de un acuerdo abreviado realizado a fines de diciembre. El valor de las cámaras en el mercado era de US$ 90 mil, advirtió la Fiscalía.

La pena acordada fue de seis meses y 19 días de cárcel (que, al momento de la condena, ya los había cumplido en prisión preventiva), 12 meses más de arresto domiciliario total con utilización de tobillera y cinco meses más de libertad vigilada. Hubo al menos otros cuatro condenados por los mismos hechos, entre los que se encuentran la pareja del empleado, que colaboraba en los hurtos, y un policía de Interpol, según surge del audio de la audiencia a la que accedió El País.

La maniobra se descubrió el 21 de abril de 2025, cuando el dueño de una empresa de Zonamerica detectó que en uno de sus depósitos faltaban 150 cámaras de seguridad de distintos modelos. El empresario constató que esas cámaras efectivamente habían ingresado al país y se habían almacenado en un depósito, pero luego a pedido de la administración de Zonamerica fue trasladado a otro diferente.

Ese traslado, explicó la fiscal, se hizo en un vehículo cerrado de la propia empresa y hasta ese momento no se había registrado ningún faltante. Este segundo depósito no tenía cámaras de videovigilancia y los empleados lo sabían.

Tras realizar una auditoría, el empresario constató que faltaban 838 cámaras, las que tenían un valor de planta de US$ 25 mil, pero que en el mercado valían US$ 90 mil. Ante esto, el hombre presentó la denuncia.

La Policía logró detectar que había 23 publicaciones de cámaras de esta marca en Marketplace (Facebook). Él era el único que las importaba, por lo que no había dudas que esas cámaras eran las robadas. También hallaron cuentas de Instagram que las ofrecían en publicaciones por un precio "muy inferior al real".

A partir de allí interrogaron a usuarios que aseguraron que las cámaras se las había proporcionado el empleado hoy condenado. Luego, realizaron un allanamiento en su domicilio y vieron como el joven intentó tirar cuatro cajas de cámaras por arriba de un muro que tenía en el fondo de la vivienda para que la Policía no las encontrara.

También se incautó su celular, que tenía información sobre este y otros delitos. Por ejemplo, de allí surgió el dato de que su novia era cómplice en la maniobra. Ella ingresó varias veces a Zonamerica en un auto donde cargaban parte de la mercadería. Además, hallaron chats con otro empleado que "coordinaba previamente los horarios para ingresar" al lugar donde estaban las cámaras.

Por último, descubrieron que un policía de Interpol también concurrió a Zonamerica a hurtar y que le proporcionó a este empleado información del Sistema de Gestión de Seguridad Pública sobre su pareja.

Pero, además, surgió información que permitió imputarle otros dos delitos. Uno vinculado a armas y el otro a certificados falsos. El primero se debe a que detectaron que este empleado vendía municiones sin estar habilitado para ello. El segundo refiere a que le pidió a un médico "un certificado falso por estrés".

La Fiscalía constató que entre el 25 y el 28 de febrero, el hombre estuvo certificado por ese motivo y la constancia llegó a presentarse ante el Banco de Previsión Social. Quien la emitió está siendo investigado, advirtió la fiscal.

El acuerdo abreviado incluyó los delitos de asociación para delinquir agravado por la cantidad de personas involucradas, hurto agravado por la pluriparicipación, un delito de tráfico interno de municiones y un delito de cohecho calificado.