OCUPACIÓN ILEGAL DE TIERRAS

Informe técnico de la IMM dice que los ocupantes de Santa Catalina están en peligro

Un informe técnico de la Intendencia de Montevideo concluyó que los ocupantes de Santa Catalina ubicados encima de un caño colector se encuentran en peligro.

Nueva Santa Catalina: así lo denominan al asentamiento algunos ocupantes de un predio privado, instalados en enero de este año. Foto: Leonardo Mainé
Nueva Santa Catalina: así lo denominan al asentamiento algunos ocupantes de un predio privado, instalados en enero de este año. Foto: Leonardo Mainé

Todo comenzó en enero de este año. Primero fue una supuesta cooperativa, montada en una cabaña con puente, que se instaló en un predio privado. Allí señalaban a vecinos que los lotes eran para la gente del barrio y lo único que había que conseguir era alambres para delimitar los terrenos.

En segundo lugar, integrantes de la supuesta cooperativa quisieron cobrar una especie de “peaje” de $ 300 a cada interesado por los lotes en el campo privado de 100 hectáreas ubicado al costado del barrio Santa Catalina. Tercero, según la versión de la sociedad propietaria del campo, el primer indicio de la extraña ocupación fue un cartel colocado en el lugar que indicaba en un texto impreso profesionalmente: “FFD Oeste Comunitarios”. Debajo se veía un código QR que no hubo tiempo de escanear porque fue retirado anónimamente un par de horas después. Sin embargo, enseguida empezaron a llegar las primeras familias que eligieron un terreno y lo delimitaron.

Según una nota de Qué Pasa de El País publicada el 15 de marzo de este año, en la primera semana de enero los ocupantes eran 500. A principios de marzo, ya eran 650 las familias instaladas en el lugar. Unas 3.000 personas.

La ocupación ocurrió cuando la actividad judicial está prácticamente paralizada por la feria. Posteriormente, la Intendencia de Montevideo presentó dos denuncias penales y la sociedad anónima una por usurpación de tierras.

Cuatro meses después del inicio de las ocupaciones, el fiscal de Flagrancia de 5° Turno, Diego Pérez, acusó a 11 personas por distintos delitos: invasión ilegítima de fundo ajeno, asociación para delinquir y hurtos por robar leña del predio privado.

La mayoría de los padrones ocupados pertenecen a una sociedad anónima. Pero hay un padrón expropiado por la IMM y servidumbres de saneamiento (el paso de un colector subterráneo) en otros seis padrones privados donde también se edificaron casas precarias.

Un informe interno de la IMM sobre el impacto de la ocupación de 700 familias en Santa Catalina, advierte que por los padrones afectados por una servidumbre de saneamiento pasa un caño colector que es parte de un sistema pluvial Oeste.

El caño recoge las aguas servidas de las cuencas de los arroyos Miguelete y Pantanoso. Dichas aguas pasan por el colector a elevada presión. Luego son tratadas en una planta para ser vertidas después en el emisario de Punta Yeguas.

El documento sostiene que la tubería que recorre las servidumbres al ingreso de la planta de tratamiento tiene un diámetro de casi dos metros y transporta el equivalente a 5.200 litros por segundo de aguas servidas.

Los técnicos señalan a la IMM que en caso de no resolverse las ocupaciones en el predio municipal, así como en las servidumbres de saneamiento, las consecuencias serían gravísimas desde el punto de vista de la salubridad y ambientales.

Policías patrullaban ayer el asentamiento luego de las detención de cinco personas por orden del fiscal penal Diego Pérez. Foto: El País
Policías patrullan  asentamiento luego de las detención de cinco personas por orden del fiscal penal Diego Pérez. Foto: El País

Varias casas precarias fueron edificadas encima del colector subterráneo que drena aguas servidas tratadas al Río de la Plata. En caso de romperse el caño, ello generaría un inminente peligro para los ocupantes de los predios con servidumbre, puesto que la propia topografía del terreno podría generar zonas que se inundan anegando viviendas irregulares con aguas residuales o provocando los derrumbes de las mismas.

El informe insiste en que, de mantenerse las ocupaciones ilegales en los predios donde se encuentra la tubería que va a la planta de tratamiento, no podría accederse a la misma con los equipos y camiones necesarios para una reparación del sistema de saneamiento. A esa planta también llega una tubería de menor tamaño que proviene del barrio Santa Catalina. Sobre ella se instaló un rancho.

Según los técnicos, en caso de romperse esa tubería, el barrio Santa Catalina quedaría sin saneamiento. Es decir, el sistema de disposición final de la Zona Oeste quedaría fuera de servicio impactando en los pobladores del barrio y en la playa de la zona.

El informe concluye recomendando a la IMM que realice los trámites lo antes posible para desalojar a los ocupantes.

A la Intendencia de Montevideo le compete el rol de policía territorial (artículo 69 de la Ley 18.308) y al Ministerio de Vivienda la aplicación de sanciones para aquellos que fomenten o incentiven las ocupaciones ilegales de inmuebles (artículo 70 de dicha norma).

Un censo realizado por policías de la Zona IV (Cerro, La Teja y otros barrios) detectó en el asentamiento a muchas mujeres y niños con necesidades básicas insatisfechas.

Un comunicado de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) criticó ayer las condenas y los desalojos en Santa Catalina. “El procesamiento se enmarca en la llamada criminalización de la protesta y al ejercicio de un derecho humano como la vivienda”, dice Fucvam. Y exigió al gobierno la instalación de una mesa de diálogo porque en el asentamiento hay muchas familias.

Más detenciones.

El fiscal Pérez ordenó cinco allanamientos de viviendas y la detención de ocho personas que vivían en otros barrios y habían loteado terrenos en el predio privado de Santa Catalina para luego venderlos a bajos precios.

Consultado por El País, Pérez no respondió sobre el número de detenciones resueltas. “Se trata de un número importante de detenciones libradas y otras que libraremos”, explicó.

Pérez dijo que su investigación sobre la ocupación en Santa Catalina apunta a los delitos de asociación para delinquir, usurpación de fundo ajeno y hurtos.

El viernes 17, el fiscal Pérez dijo a El País que se está investigando la posibilidad de que narcotraficantes estén detrás de las ocupaciones en Santa Catalina. “No se descarta”, agregó.

El fiscal insistió sobre el punto: “Hay una organización importante detrás de las ocupaciones de ese predio en Santa Catalina. Al lugar se le asignó un nombre. Esa organización cuenta con un asesoramiento importante. Y tiene una forma de distribuir los terrenos ocupados”.

Las acusaciones realizadas por la Fiscalía a ocupantes

El fiscal de Flagrancia, Diego Pérez, investiga las ocupaciones ilegales de un campo en Santa Catalina. Las actuaciones judiciales y fiscales fueron las siguientes:

1) El 10 de abril de este año, el Juzgado Penal de 44º turno dispuso el inicio del proceso penal para cuatro hombres por un delito de invasión ilegitima en fundo ajeno y hurto.

2) Al día siguiente, el mismo juzgado condenó a dos hombres como autores penalmente responsables de un delito de invasión ilegítima en fundo ajeno con un delito de hurto en grado de tentativa, a la pena de un mes y quince días de prisión efectiva.

3) El 14 de abril, el Juzgado Penal de 33er turno decretó la suspensión condicional del proceso para un ocupante. Este deberá residir en un lugar específico durante tres meses; presentarse en una seccional una vez por semana, por el lapso de 3 meses; y no puede concurrir a los predios denunciados por dicho plazo.

4) El 18 de abril, el Juzgado Penal 30° Turno, dispuso el inicio de la investigación para dos mujeres y un hombre por asociación para delinquir y usurpaciones de tierras. El juez ordenó su arresto domiciliario por 60 días.

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