INVESTIGACIÓN

Ocupación de terrenos en Santa Catalina: identifican a jefes de banda narcotraficante

El fiscal Pérez ordenó las detenciones de siete personas, dos ellas mujeres, las que son consideradas como las cabecillas de las usurpaciones de las 70 hectáreas que pertenecen a una sociedad anónima

Ocupantes y militantes de ultraizquierda protestaron ayer contra las detenciones de ocupantes ilegales de un predio privado. Foto: Pablo Melgar
Ocupantes y militantes de ultraizquierda protestaron ayer contra las detenciones de ocupantes ilegales de un predio privado. Foto: Pablo Melgar

Los policías recorren en pareja rancho por rancho en el nuevo asentamiento de Santa Catalina. Golpean las palmas. Cuando alguien atiende, se presentan y piden que cada integrante de la familia ocupante se identifique y les exhiba su documento de identidad.

Munidos de unas planillas, los policías censan a las 700 familias que usurparon el campo privado de 70 hectáreas en forma vertiginosa en enero de este año. En un principio, los ocupantes pensaron que el censo policial tenía como objetivo identificar la cantidad de familias asentadas para que luego estas recibieran los servicios de luz y de agua. Poco después, supusieron que el registro podía tener otro objetivo: identificar a personas con antecedentes penales en el lugar.

En sus recorridas, los policías recolectaban información casi como al pasar. En el asentamiento también operaron policías del Área de Investigaciones de la Zona IV (Cerro, Casabó, La Teja y barrios aledaños).

En un primer momento, los policías detectaron a oportunistas que querían armar “un currito” con la ocupación. Munidos de alambres loteaban varios terrenos y luego los vendían por unos pocos pesos.

Posteriormente los policías detectaron que había una organización detrás de las ocupaciones que trataba de “colocar” terrenos a personas humildes lo más rápido posible. “Estaban bastante organizados para ser simples “okupas”, explicó una fuente del caso.

Una semana atrás, el fiscal de Flagrancia, Diego Pérez, solicitó a la Policía las detenciones y el posterior inicio del proceso penal para siete personas, entre ellos el propietario de una retroexcavadora.

Dos personas fueron condenadas. Uno de ellos fue el dueño de la maquinaria, la que fue incautada por la Justicia.

El jueves 16, el fiscal Pérez ordenó las detenciones de siete personas, dos ellas mujeres, las que son consideradas como las cabecillas de las usurpaciones de las 70 hectáreas que pertenecen a una sociedad anónima. Además, la Fiscalía ordenó a la Policía que investigue por lo menos a otras tres personas que podrían integrar la organización delictiva. Cuarto personas, entre ellas dos mujeres, fueron detenidas el mismo jueves; el resto de los individuos no fue ubicado por la Policía.

El fiscal Pérez investiga a los sospechosos por los delitos de asociación para delinquir y penetración de fundo ajeno (usurpación de tierras). Es posible que en esta jornada se les inicie el proceso penal por esos delitos a dos de los detenidos.

Policías patrullaban ayer el asentamiento luego de las detención de cinco personas por orden del fiscal penal Diego Pérez. Foto: El País
Policías patrullaban ayer el asentamiento luego de las detención de cinco personas por orden del fiscal penal Diego Pérez. Foto: El País

Al mediodía de ayer, una veintena de personas manifestaron frente a la Fiscalía reclamando la liberación de los detenidos. Cerca de la puerta de la sede de la Fiscalía colocaron dos carteles. Uno de ellos, decía en letras negras: “Ningún desalojo” y firmado por la organización “Tierra y Libertad”. El otro cartel, con letras rojas, señalaba: “La tierra se ocupa y se defiende”.

La Policía presume que entre los manifestantes ubicados frente a la Fiscalía había militantes de ultraizquierda. Por esa razón y para evitar enfrentamientos, la Policía suspendió el censo previsto para ayer. El relevamiento continuará la semana entrante.

A partir del próximo lunes, los investigadores de la Zona IV (Cerro, La Teja, La Paloma y barrios aledaños) tratarán de ubicar a otras personas requeridas.

La acción del Estado generará que muchos ocupantes, en forma voluntaria, abandonen el campo usurpado al ver que no hubo inacción estatal. Además, muchos de ellos tienen antecedentes y el inicio en su contra de un proceso por asociación para delinquir y usurpación de tierras los llevaría a la cárcel. Al haber en el lugar presencia policial, el accionar de un grupo organizado se dificulta.

El fiscal Pérez dijo a El País que grupos de delincuentes aprovechan estos asentamientos ilegales para protegerse de la Policía. “Se sabe que los delincuentes se valen de personas humildes para obtener sus fines”, concluyó.

Fiscal: la fecha de ocupación fue elegida

El fiscal del caso, Diego Pérez, dijo que la organización no eligió la fecha de la ocupación en Santa Catalina por azar y aludió que esta se concretó en la feria judicial cuando la actividad de la Justicia es nula.

El fiscal insistió: “Hay una organización importante detrás de las ocupaciones de ese predio en Santa Catalina. Al lugar se le asignó un nombre. Esa organización cuenta con un asesoramiento importante. Y tiene una forma de distribuir los terrenos ocupados”.

El 15 de marzo de este año, en una nota realizada por el suplemento Qué Pasa de El País, el director de Jurídica de la Intendencia de Montevideo, Ernesto Beltrame, también hizo hincapié en la fecha de las ocupaciones.

“Eligen esas fechas para agarrar a la administración con pocos reflejos, pero estamos alertas para actuar muy rápidamente porque no podemos permitir que una ocupación se concrete y la ciudad crezca desordenadamente, ya que genera un gasto altísimo para el Estado llevar los servicios a un lugar que no los tiene. Además, no es justo con las familias que están en la fila esperando que su situación sea regularizada por los caminos correctos”, dijo Beltrame.

La Intendencia de Montevideo presentó dos denuncias penales, una por las viviendas precarias edificadas encima de un colector subterráneo y la otra por la alteración del ordenamiento territorial. Una sociedad anónima propietaria del campo ocupado efectuó una tercera denuncia.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados