INVESTIGACIÓN

Funcionarios de la Intendencia de Montevideo concurrieron en varias ocasiones al asentamiento de Santa Catalina para dar indicaciones que algunos han interpretado como un aliento a la ocupación. Les dijeron que deben dejar tres metros de vereda y diez metros para las calles. Y han cambiado -según los vecinos- la definición en torno a qué tan lejos deben estar de una zona específica que es área protegida.

Así consta en una nota realizada por Qué Pasa de El País fechada el 15 de marzo de este año. El artículo periodístico señalaba, además, que la ocupación del terreno por parte de unas 700 familias se había realizado en forma vertiginosa.

El vienes 17, el fiscal que investiga las ocupaciones, Diego Pérez, interrogó al director Jurídico de la Intendencia de Montevideo, Ernesto Beltrame, sobre las acciones que había adoptado la comuna con respecto a las ocupaciones en Santa Catalina.

En la audiencia, Pérez preguntó a Beltrame qué había hecho la comuna al respecto, porque el artículo 69 de la Ley 18.308 otorga a las intendencias el rol de policía territorial y establece que estas deben impedir las ocupaciones ilegales.

Según una fuente del caso, Beltrame respondió que se enteró del contacto de funcionarios municipales con los ocupantes por la nota de El País y agregó que no pudo hacer nada porque el gobierno había decretado la emergencia sanitaria. También señaló que, por ello, tampoco se había podido iniciar una investigación administrativa a los municipales que hablaron con los ocupantes, sostuvo la fuente.

El País trató ayer de ubicar al director Beltrame sin éxito.

A pedido del fiscal Pérez, el juez Marcelo Souto formalizó ayer a cuatro personas por las usurpaciones de tierras en Santa Catalina. Pérez investiga a una organización delictiva detrás de las ocupaciones.