La semana pasada se produjo un revuelo en redes sociales a partir de la demolición de un edificio antiguo ubicado sobre Bulevar Artigas, que era la sede del Sindicato Médico del Uruguay (conocido como el Palacio Piqué), una construcción antigua con gran valor arquitectónico según fue señalado por la asociación civil Patrimonio Activo. La semana pasada también se demolió la Quinta Garzón, una casona de estilo Belle Époque ubicada en el Prado.

A partir de estos sucesos se volvió a poner sobre el tapete la cuestión de la preservación de las construcciones históricas en nuestro país y algunos expertos apuntan a la falta de regulación, pero, más aún, a la ausencia de una “cultura de mantenimiento” en Montevideo, a diferencia de lo que sucede en ciudades como Buenos Aires o Río de Janeiro.

Patrimonio Activo, una organización presidida por el arquitecto Erich Schaffner, presentó una carta a la Intendencia de Montevideo en la que se solicitó la “suspensión inmediata de las tareas de demolición” del edificio de Pocitos. “Dicho padrón, amparado con protección por normativa departamental, cuenta con una construcción de gran valor arquitectónico que data de principios del siglo XX y se inserta en un tramo de singular interés patrimonial de Bulevar Artigas, caracterizado por las edificaciones del mismo tipo y periodo que aún subsisten”, detalló la carta destinada a la intendenta Carolina Cosse.

William Rey, director general de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, aclaró a El País que estos dos inmuebles que están en demolición no habían sido declarados como Monumento Histórico Nacional, pero sí consideró que son de interés urbano. “Se trata de piezas que se pueden proteger a través de normativas municipales y departamentales”, indicó el arquitecto.

Más allá de la denominación de monumento, existe una escala de cero a cuatro en relación al grado de protección de los inmuebles, siendo cero la sustitución deseable y cuatro la imposibilidad de demolerlo. Si el inmueble tiene un grado dos se podría destruir si la propuesta de sustitución es mejor. La ciudad Vieja, que tiene la mayor concentración patrimonial del país, es el barrio con más inmuebles en grado tres y cuatro.

Los barrios de Montevideo que cuentan con este inventario de protección patrimonial son Ciudad Vieja, Pocitos, Prado, Carrasco, Punta Gorda, Colón, Peñarol y Goes. En esos lugares se crearon oficinas del Área Patrimonial y se designó una comisión que analiza, caso a caso, los planes de obras (demolición, reforma y construcción).

Según Rey, el conflicto que provocó la decisión de demoler el denominado Palacio Piqué se debe a que hace 20 años la comuna capitalina diseñó el Plan Especial de Ordenación, Protección y Mejora (en régimen patrimonial) de los barrios antes mencionados, pero en el caso de Pocitos y el Centro, aún no fueron aprobados los planes y siguen en etapa de elaboración.

“Se hizo la consultoría, el plan de ordenamiento territorial, pero nunca se aprobó oficialmente”, dijo a El País el referente del patrimonio nacional y añadió que, en la medida en que no se avance, “las reglas de juego” nunca van a ser claras. “La intendencia está en un debe doble: con los monumentos y con la generación de preservación. Está dando malas señales”, añadió.

A Rey le preocupa la falta de mantenimiento de muchos edificios históricos y aseguró que “el Estado preserva mal”, dado que invierte dinero en el momento en que la construcción ya está muy venida a menos, en lugar de buscar un mantenimiento sostenido.

Desde la intendencia, el arquitecto Luis Oreggioni -director del Departamento de Planificación de la comuna de Montevideo- señaló a El País que Pocitos tiene un régimen patrimonial vigente, aunque se está llevando a cabo la “puesta de manifiesto” de este plan de protección patrimonial para procurar un inventario con el motivo de reconocer nuevos inmuebles y volver a graduar los existentes.

Para el director del patrimonio nacional tanto el estado de monumentos como de edificios públicos “deja mucho que desear”. “Alcanza con ver un parque en la ciudad de Buenos Aires comprado a uno de Montevideo”, enfatizó William Rey.

A principio de año esta comisión envió un documento a la intendencia capitalina con evidencia fotográfica del mal estado de los principales monumentos de la ciudad. Hay esculturas a las que les faltaban pies, ojos, nariz, entre otras partes. El referente cree que también es un tema cultural de Uruguay porque los ciudadanos “no exigen mejores estándares”.

“Hemos planteado la posibilidad de un trabajo en común con la intendencia, tuvimos una reunión hace dos meses, pero seguimos sin ver materializada esa instancia de trabajo”, dijo Rey.

El arquitecto Oreggioni explicó que la obra de sustitución de lo que sería el predio del SMU y la exembajada de Israel no solo estaba dentro de los parámetros legales, sino que también les pareció “aceptable en el contexto urbano y temporal”.

Si bien le reconocen a la asociación Patrimonio Activo que la casa estaba bajo un “régimen de cautela”, no tenía protección patrimonial. Además, el referente de la intendencia aclaró a El País que “en la historia de la arquitectura este no es un edificio relevante”. Si bien uno de los cometidos de la comuna es defender el patrimonio, Oreggioni también cree que no se puede considerar “un absoluto” porque también deben velar por intereses laborales y sociales.

“La intendencia ha demostrado su capacidad de respuesta en cuanto a sustituciones delicadas” de construcciones relevantes. Además, el director del Departamento de Planificación departamental apuntó a la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación: “Relacionar la demolición de un edificio con una instancia particular del plan del barrio Pocitos es una mirada bastante peculiar”.

Oreggioni le escribió una carta de respuesta al arquitecto Schaffner de Patrimonio Activo en la que argumentó por qué se decidió demoler la casa antigua y, en este sentido, señaló que no encontraron una solución que fuera viable para el mantenimiento de la casa dado que su condición interior se encontraba “fuertemente afectada”.

El arquitecto remarcó que la intendencia está por aprobar el mayor inventario patrimonial del país que integra 9.000 padrones del Centro y Cordón y la mitad de ellos entra en una lógica de régimen patrimonial. Si bien reconoció que el sistema de protección patrimonial de nuestro país “es aún frágil”, la IMM tiene incentivos para aquellos propietarios que poseen inmuebles con alto grado de protección para así ayudar a preservarlos, como la exoneración a la contribución.