¿Cuántos son quienes desertan de las Fuerzas Armadas y por qué lo hacen?

DEJAN LAS FUERZAS

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Desde 2020 a mediados de 2022, 484 personas desertaron de las Fuerzas Armadas. La mayoría de los que se van lo hacen sin avisarles a sus superiores. Desde el Ministerio de Defensa advierten que los bajos salarios llevan a que soldados y marineros busquen mejores oportunidades. También trazaron un paralelismo: “cuando la construcción está bien, la deserción crece”.

Un año antes, en 2019, los desertores habían sido 156. La nueva información a la que accedió El País devela una caída importante de este delito en el inicio de la pandemia, pues solo 90 desertaron en 2020, mientras que en 2021 se hace notar un incremento importante, con 237 casos. En el primer semestre de este 2022 las deserciones fueron 157.

En la fuerza que más se ve este fenómeno es el Ejército -algo lógico debido a su magnitud. Allí hubo 48 deserciones en 2020, 182 en 2021 y 132 en el primer semestre de 2022. En la Armada fueron 35, 54 y 19, respectivamente. En la Fuerza Aérea, uno, ninguno y dos. Hay casos aislados en el Hospital Militar y en la Dirección General de Servicios -donde funciona, por ejemplo, la oficina de Retiros y Pensiones.

“La deserción es un fenómeno histórico”, dice a El País el coronel Gustavo Figueredo, encargado del departamento de Recursos Humanos de las Fuerzas Armadas. Y explica que la deserción se puede dar de dos formas: calificada o simple. La primera ocurre cuando el individuo avisa que no va a ir más y cumple con esto. La segunda, sucede cuando no avisa y simplemente deja de ir.

Cuando una persona aún no terminó su instrucción como recluta y deja de ir, no hay delito. Cuando ya está instruida, ahí es que la Justicia Militar lo pena por desertor. En estos casos se libera un pedido de captura, pero son contadas las veces en que se concretan realmente las detenciones, porque la búsqueda no es activa. Figueredo recuerda casos excepcionales: como el de un joven que desertó, luego quiso convertirse en efectivo policial y la Policía lo detuvo y lo trasladó para que cumpla su pena.

Las penas son de hasta dos años y deben cumplirse en una unidad militar. “Luego de cinco años caduca -explica Figueredo-, pero la persona igual queda impedida de ingresar a la función pública”. También el delito queda de manifiesto, para siempre, en los antecedentes penales, por eso los empleadores privados que requieran este certificado también estarán enterados de la deserción.

La pregunta alrededor de todo esto es por qué una persona opta por desertar, cuando tiene la posibilidad de pedir la baja. Y la respuesta es sencilla: no quieren (o no pueden) esperar.

“Lo normal es que la persona pida la baja, pero lo que pasa es que no siempre se le da. Hay que tener en cuenta que se trabaja con contratos, que comúnmente tienen una duración de dos años. A veces pasa que alguien va, pide la baja y el jefe le dice que no se la da porque tiene un contrato vigente. Ahí tiene dos opciones: acatar o irse. Y muchas veces se va”, explica Figueredo.

Tanto el funcionario como jerarcas de Defensa advierten que el problema de fondo tiene que ver con los bajos salarios de soldados y marineros, que recién entran al sistema, que rondan los $ 28.000 nominales.

“Los salarios de los soldados son los peorsitos que hay. A veces se van por trabajos zafrales, en la construcción, por ejemplo. Cuando hay trabajo afuera, algunos se van. El tema es que después no pueden reingresar. Antes podían, pero eso se cambió”, explicó el encargado de los Recursos Humanos.

El homicidio de tres infantes de marina a mediados de 2020, mientras cuidaban una antena en una estación del Cerro, develó un problema histórico de las Fuerzas Armadas. Porque a ninguna de las víctimas se les debió haber permitido ingresar: uno había sido expulsado del Ejército por faltar 144 horas a trabajar (era un desertor); otro había sido dado de baja, también del Ejército, por notoria mala conducta; y el tercero tenía antecedentes por hurto. El asesino también era un desertor. Desde entonces el gobierno cambió las reglas para alistarse.

Es que lo que pasó en el Cerro dejó en evidencia dos cosas: que había desertores de una fuerza que luego se alistaban en otra y que personas con antecedentes penales lograban ingresar a las Fuerzas Armadas sin mayores dificultades.

Desde 2020 hasta el pasado mes de agosto, hubo 155 aspirantes rechazados en las Fuerzas Armadas por existir una prohibición de ingreso por lo que se desprende de sus antecedentes. La mayoría de ellos, 37, cometieron el delito de deserción. Luego le siguen 21 por violaciones al Art. 356 numeral dos del Código Penal (conducción de vehículos motorizados sin la autorización pertinente: sin libreta). Después hay 10 casos de hurtos en cantidad de autores (agravados y no), 10 de “graves faltas contra la disciplina” y 10 por “faltar a listas”. Les siguen ocho casos de receptación, cinco de mala conducta, cuatro de suministro de estupefacientes, otros cuatro de violencia privada, tres de “violación de domicilio, rapiña y/o lesiones”, entre otros.

Hay tres casos de homicidio culposo, otros dos de tenencia de estupefacientes no para consumo (narcotráfico), y hasta situaciones de estafa en reiteración real y rapiñas en grado de tentativa.