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Corte de asignación familiar reaviva una vieja polémica; Argimón se mostró preocupada

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Martín Lema y Beatriz Argimón. Foto: Estefanía Leal.
Martin Lema y Beatriz Argimon - Entrega a legisladores del proyecto de ley que reglamenta el articulo 38 para limitar el derecho a reuniones cuando se este notoriamente atentando contra la salud, frente al aumento de casos de Covid19, que el viernes 18 de diciembre sera considerado con caracter grave y urgente en ambas camaras parlamentarias, en el Palacio Legislativo en Montevideo, ND 20201217, foto Estefania Leal - Archivo El Pais
Estefania Leal/Archivo El Pais

POR NO IR A CLASE

El objetivo de la vicepresidenta es interiorizarse sobre los pasos que seguirán las autoridades con las familias afectas, que en el 77% están a cargo de menores mayores de 13 años.

La decisión del ministro de Desarrollo Social, Marín Lema, de suspender las asignaciones familiares del Plan Equidad que son cobradas por aquellos padres que no están enviando a sus hijos a la escuela, liceo o UTU, reactivó una polémica que ya lleva algunos años en el sistema político.

La determinación que tomó en las últimas horas el ministro Lema generó la rápida reacción de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, quien, aunque no rechaza la medida -que implica cumplir con un decreto de 2015 del expresidente Tabaré Vázquez-, sí manifestó preocupación por las consecuencias de esta decisión.

La presidenta del Senado siguió con mucha atención el anuncio que hizo Lema en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda el pasado lunes acerca de la suspensión de este beneficio a 11.000 familias que no estaban enviando a los menores a estudiar -algo que ya había sido adelantado porEl País en su edición del pasado domingo. Esto se hará por segunda vez en este período de gobierno, pues durante los meses más duros de la pandemia se decidió no aplicar la ley.

Se trata de una resolución que, según dijeron a El País allegados al ministro, “no tiene marcha atrás” porque lo único que se hace es “cumplir” con la normativa, que no es otra cosa que obligar a los beneficiarios del plan a realizar “la básica contraprestación” de evitar que los menores abandonen la educación formal.

Argimón solicitó reuniones para hablar del corte de asignaciones con el presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Alfredo Cabrera, y con el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva. “Este es un tema que nos tiene que preocupar”, señaló luego a El País la vicepresidenta.

El objetivo de Argimón, quien entendió que no era necesario ponerse en contacto con Lema antes de hacer las convocatorias, es interiorizarse sobre los pasos que seguirán las autoridades con las familias afectadas, que en el 77% están a cargo de menores mayores de 13 años.

“Me parece que está bueno dialogar con los responsables de los organismos para complementar la información que ha dado el Mides”, dijo también Argimón. E insistió: “Hay que saber qué pasa después del corte. La decisión está bien, pero quiero saber, con la información que se tenga, cuáles son los siguientes pasos”.

Luego de estas dos instancias, que tendrán lugar el lunes y martes próximos, Argimón aseguró que buscará a su vez un encuentro con Lema.

Larga disputa

La decisión de cortar las asignaciones ya ha traído cruces entre integrantes de un mismo gobierno en anteriores administraciones.

Esta determinación fue tomada por primera vez en 2013, durante el gobierno de José Mujica, pero luego tuvo idas y vuelvas por las discrepancias que tenían el expresidente Vázquez y su ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi.

La administración de Mujica suspendió las asignaciones basándose en la Ley N° 18.227, que establece criterios en cuanto a cómo debían ser los pagos según el nivel educativo de los menores que la cobran.

Sin embargo, en 2015, cuando Vázquez asumió su segunda presidencia y volvió a elegir a Arismendi para que la acompañara desde el Mides, empezaron a surgir diferencias entre ellos respecto a si estaba bien cortar la asignación, para así instar a que los jóvenes fueran a estudiar, o si esto era ejercer una suerte de castigo extra hacia aquellos que ya estaban en situaciones de vulnerabilidad.

Vázquez no tuvo dudas: para cobrar había que estudiar. Y si la ley daba para interpretaciones diferentes, había que dejar bien claro lo que se debía hacer. Por eso en ese mismo 2015, en que por orden de Arismendi las asignaciones no se cortaron, el fallecido exmandatario emitió un decreto que obligó a los adultos a enviar a sus hijos menores a las instituciones educativas, y estableció que cuando esto no pasara, la asignación debía cortarse. Pero las interrupciones en los pagos continuaron siendo intermitentes.

El historial

Cuando esto comenzó a aplicarse, en 2013, se dieron de baja 32.000 asignaciones. En 2014 fueron 51.000 y en 2015, a instancias de Arismendi, el corte no se hizo.

A mediados de 2016 se suspendieron 16.000. El decreto de Vázquez establece dos cortes -uno a mitad de año y otro al final-, pero el segundo de 2016 no se hizo porque Secundaria no envió los datos de los jóvenes que no estaban yendo a estudiar en tiempo y forma.

En el primer corte de 2017, en tanto, fueron 14.000 los niños y adolescentes que se quedaron sin la prestación, y 15.000 en el segundo.

En 2018 se hizo un solo corte y a fin de año, y allí se dieron de baja 12.607 asignaciones. En 2019, en el año electoral, la prestación se cortó dos veces, a mediados de año fueron 9.700 las asignaciones que se suspendieron; el segundo corte -según las actuales autoridades del Mides- también se hizo, pero nunca se divulgaron los datos de cuántos fueron los jóvenes que se quedaron sin la prestación.

La primera vez que lo debió hacer el gobierno de Luis Lacalle Pou, a mediados de 2020, se descartó por la emergencia sanitaria. Tampoco se hizo en el primer semestre de 2021, sino recién en el segundo, cuando el sistema educativo ya funcionaba con plena presencialidad. Allí se cortaron 9.000 prestaciones. Este, de 11.000 más, y el primero de 2022, es el segundo que se realiza en tiempos de coalición.

Mides implementa un nuevo sistema de alertas a usuarios

En el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) se trabaja en establecer el análisis del “perfil único de cada participante” de los programas, de modo de poder hacer un “seguimiento” personalizado de los beneficiarios y facilitar una “mejor articulación” con las otras instituciones del Estado. El objetivo es sistematizar “todas las características de los que se acercan al Mides y poder disminuir errores de exclusión, ya sea al sistema educativo o al acceso a prestaciones”, señalaron a El País fuentes de la secretaría de Estado. En este marco, ya se encuentra en funcionamiento un nuevo sistema de alertas para avisar de inmediato a aquellos usuarios que no estén cumpliendo con las exigencias de los programas que los asisten, para que puedan regularizar de inmediato su situación, como ocurre en el caso del Plan Equidad.

La alerta, explicaron, debería saltar en cuanto el beneficiario toma contacto con el Mides para hacer cualquier tipo de trámite.

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