VIOLENCIA DE GÉNERO

Colectivo exige cumplimiento de ley contra violencia hacia mujeres para evitar femicidios

La Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual solicitó “terminar de una vez por todas con los discursos políticamente correctos e implementar los compromisos que esta materia el Estado a firmado a nivel internacional”

Ni una menos, la consigna que persiste.
Marcha por violencia de género

La Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual emitió este martes un comunicado en el que plantea las dificultades que enfrentan las mujeres que denuncian violencia basada en género, y las “falencias de todo tipo detectadas en el sistema de protección y las ‘propuestas de mejora’”.

En el documento, el colectivo insiste que los femicidios son “prevenibles” a través de la implementación de la Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en Género, promulgada en diciembre de 2017, y puntualizó que “la falta de presupuesto no es excusa para no aplicarla”. En tanto, pidió “terminar de una vez por todas con los discursos políticamente correctos e implementar los compromisos que esta materia el Estado a firmado a nivel internacional”

Entre los puntos que plantean es que “en la mayoría de los casos” hay una “revictimización” de las mujeres que denuncian. Además, denuncian que “el sistema de evaluación de riesgo no está basado en indicadores objetivos, sino en factores de riesgo”.

El colectivo plantea que “los ofensores incumplen las medidas cautelares, con o sin tobilleras y no se los procesa por desacato como indica la ley”. En tal sentido, exigen una “respuesta en forma inmediata” de las autoridades de “cuántos ofensores incumplieron las medidas cautelares en los últimos 12 meses y cuántos de ellos fueron procesados por desacato”, y en caso de no ser así harán un “pedido de Información Pública”.

El grupo entiende que “la tobillera electrónica ha demostrado ser el único sistema eficaz para impedir que las mujeres sean agredidas”. A pesar de que entienden que “no es la solución”, sí lo es mientras no se aplique totalmente la ley.

Además, exigen que los niños, niñas y adolescentes deben ser considerados “víctimas directas y, por ende, no tener contacto con los agresores”.

El colectivo entiende que “la ‘protección policial’ a la denunciante no es una alternativa aceptable, en los hechos significa una vulneración de sus derechos y terminan siendo las mujeres ‘presas’ en sus propias casas”.

El candidato blanco Luis Lacalle Pou dijo durante una conferencia de prensa a mediados de agosto en Treinta y Tres que el sistema tal como está planteado hoy limita las libertades de la víctima y es necesario darlo vuelta. “Hay que vigilar al victimario, no a la victima. Vigilemos al que amenaza y no al amenazado”.

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